Génova alienta movilizaciones en municipios donde se hayan rebajado penas a violadores

El Partido Popular plantea una nueva ofensiva contra la ley Montero. La cúpula del PP alienta movilizaciones en los municipios donde se hayan rebajado penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. Según fuentes de Génova, hasta sopesan tener un papel más activo, impulsando directamente estas protestas. "No descartamos que en aquellos lugares donde se estén produciendo rebajas de condenas a violadores o agresores sexuales, o su puesta en libertad, el PP promueva movilizaciones", "de condena o rechazo", afirmó este lunes el portavoz de campaña de los conservadores, Borja Sémper, en rueda de prensa.

El creciente número de agresores que han visto rebajadas sus penas, que se acerca a los 200 —solo el lunes, se conocieron dos casos más, en Zamora y Cáceres—, ha llevado al comité de dirección de los populares a explorar un escenario poco habitual para su partido. Asumen que la protesta en las calles no es su medio natural, que la izquierda se desenvuelve mucho mejor en un terreno que la derecha casi ha abandonado, pero, visto el "impacto social" de estas rebajas de penas y la constatación de que la situación no va a cambiar, estudian mover ficha. Están más cómodos en el marco institucional, pero sostienen que tienen que abordar todas las vías posibles para forzar al Gobierno a rectificar.

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No pueden precisar dónde comenzarían estas protestas, si apostarán por una concentración de carácter "representativo" o si las extenderán, como han hecho con las mociones que promueven en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, exigiendo a Pedro Sánchez que corrija la norma. Tampoco está decidido si se convocarán oficialmente desde el partido, pero insisten en que es una materia "transversal", que "trasciende" el eje político de izquierda y derecha, y que no pueden quedarse de brazos cruzados.

Otras fuentes de la dirección defienden esta hoja de ruta, al entender que desgasta seriamente al Gobierno de coalición, que debería "renunciar y rectificar" la ley, si bien no da visos de querer hacerlo. "Falta sensibilidad", critican desde Génova. La clave está, como reconocían varios dirigentes, en medir bien la temperatura para que el rol que adopten de cara a estas protestas no sea leído exclusivamente en clave electoralista, con las elecciones autonómicas y municipales a poco más de cuatro meses, y con los barones socialistas cuestionando la "inacción" de Pedro Sánchez. Ni "aspavientos" ni quedarse al margen, es la consigna.

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El anuncio de Sémper llegaba después de la comparecencia institucional del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cuenta del polémico protocolo antiabortista anunciado por Vox. El PP intentó zanjar esta polémica desplazando el foco y disparando contra el Ejecutivo. Un dirigente conservador asegura que, una vez que Mañueco ha desautorizado a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, el Ejecutivo no podrá sacar más rédito de los movimientos del vicepresidente autonómico. "En esa piscina no hay agua", aseveran.

Sí la hay, afirman, en la que tiene que ver con la ley abanderada aún hoy como norma estrella del ministerio de Irene Montero. Hace casi un mes, el PP presentó una proposición de ley para modificar la ley del solo sí es sí y endurecer las penas mínimas que marca esta norma. Enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, porque ni siquiera ha comenzado su tramitación, si bien PSOE y, sobre todo, Unidas Podemos no van a dar alas a una propuesta de los conservadores, que además consideran contraria al "espíritu de la ley", que la "vaciaría" de contenido, según Igualdad.

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El Gobierno, según el portavoz de campaña del PP, está instalado en la "huida hacia adelante", sin que nadie asuma "responsabilidad ni rectificación". La "consecuencia", apostillaba Sémper, es la "revictimización" de las mujeres víctimas de violaciones o agresiones sexuales. En este diagnóstico, en público y en privado, los populares siguen cargando las tintas contra la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que ironizó sobre las rebajas de penas en un pódcast, volviendo a ocasionar un incendio en el Ejecutivo.

La número dos de Montero afirmó que se habían manipulado sus palabras, para después disculparse ante las presiones del PSOE y de varias ministras socialistas. Igualdad mantiene el diagnóstico de que la ley es "sólida", y espera que el Tribunal Supremo fije doctrina y zanje esta crisis. La propia Montero, acompañada por Rodríguez, comparecerá este martes para presentar la estrategia estatal contra las violencias machistas 2022-2025, y nadie espera que Unidas Podemos corrija sus posiciones, pese al creciente malestar dentro del PSOE.

Esta creciente tensión amenaza con generar otra crisis a la interna de la coalición, mientras la ofensiva de la oposición no arrecia. Los conservadores recuerdan el caso de José Manuel Calvo Ropero, que ha visto rebajada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza su pena de prisión, de los 14 a los 10 años. Violó a una mujer, la golpeó y la dejó abandonada desangrándose, en 2020. Murió tiempo después, como consecuencia de estas lesiones. El número de casos, aseguran en el PP, seguirá creciendo, y mantendrán su presión para que el Gobierno modifique la ley. Y para erosionarlo.