El mapa de la droga en las cárceles: 170 kilos de cannabis y 178.000 psicofármacos

Más de 49 kilos de hachís y casi 40.000 pastillas de psicofármacos. Son las cifras de drogas incautadas solo en la cárcel de Melilla entre 2019 y 2021, que convierten este centro en el primero del ranking de sustancias intervenidas. Le sigue, aunque a cierta distancia, Almería, con 7,7 kilogramos de cannabis y más de 10.000 comprimidos de psicofármacos requisados.

Pero la diferencia es todavía mayor si se tiene en cuenta el número de internos. A cierre de 2021, en El Acebuche había 967 personas internadas, mientras que en la ciudad autónoma eran 193. Aunque ambas cifras son una foto fija de ese día, ya que a lo largo del año se producen muchas entradas y salidas de reclusos, sirven para hacerse una idea de su tamaño.

En total, entre 2019 y 2021, en los centros penitenciarios de España se incautaron más de 170 kilogramos de cannabis (en su mayoría hachís, pero también marihuana), unos 178.000 psicofármacos, más de tres kilogramos de heroína, casi dos kilogramos de cocaína y más de 5.800 litros de alcohol etílico, desde chicha —una bebida de baja graduación que se obtiene mediante la fermentación de los azúcares presentes en restos de comida, como pan, frutas o yogures— hasta destilados comerciales.

Estos datos, que provienen del Ministerio del Interior, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco (con las competencias transferidas desde 2021), han sido obtenidos por este diario al amparo de la Ley de Transparencia y completados con otros que sí fueron facilitados a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), pero que el Gobierno central negó a El Confidencial.

Las drogas son uno de los detonantes de la conflictividad en las prisiones. Estas sustancias entran a formar parte del mercado negro de los centros y así "se generan necesidades de pagos y deudas que provocan incidencias entre internos", explica Joaquín Leyva, portavoz de Acaip. Además, su consumo es la segunda causa de mortalidad en las prisiones. "La droga que entra en prisión no es precisamente la de mejor calidad y muchos internos llevan tiempo sin consumir", relata Leyva sobre las intoxicaciones y sobredosis detrás de estas muertes.

"Aquí hay un componente muy contextual que es la medicación psiquiátrica", añade Virginia Pareja, responsable del Área de Justicia Educativa de la Fundación Esplai. "Prisiones tiene prescrita medicación psiquiátrica a un altísimo porcentaje de la población reclusa que no tiene una enfermedad mental diagnosticada y muchas veces sin necesidad, incluso, del propio tratamiento", añade Pareja.

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De hecho, en la mayoría de centros penitenciarios la cantidad de psicofármacos incautados fue superior a los gramos de cannabis, según los datos oficiales. Las cifras no permiten hacer buenas comparaciones, ya que la cantidad consumida depende mucho del tipo de sustancia. Pero más allá de los números, algunas de las pastillas requisadas son de lorazepam, tranxilium, rivotril, lyrica o quetiapina, que requieren prescripción médica.

"Hay una sobremedicación muy preocupante y esto agrava muchísimo el problema de la adicción y de la conflictividad, de los trapicheos con la medicación y de las sobredosis", valora Pareja, quien responsabiliza a la Administración penitenciaria. "No somos médicos para evaluar si hay o no una sobremedicación", comenta el portavoz de Acaip, pero "hay una atención sanitaria deficitaria, de más del 60% de médicos de prisiones, y falta personal en las áreas de vigilancia". Leyva recuerda la paradoja de que hay hospitales psiquiátricos penitenciarios sin psiquiatras. Este déficit de personal médico se trata de un problema estructural, ya que en el día a día de una prisión es necesaria su presencia, no solo para la primera asistencia sanitaria.

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"Cuando se descompensan o no toman la medicación, son bombas de relojería. Muchas enfermedades son detectadas cuando se produce el hecho violento", protesta Leyva ante la falta de diagnóstico y seguimiento. La Sanidad penitenciaria puede ser transferida a las comunidades autónomas desde la ley de cohesión sanitaria de 2003. "Solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido estas competencias; el resto no lo han hecho (...). Da la sensación de que la están dejando morir", lamentan desde Acaip.

Cerca de 10.000 armas

A la conflictividad que generan las drogas, se añaden las armas. Tras ser solicitadas, Instituciones Penitenciarias no ha entregado cifras de armas incautadas, algo que sí han hecho los departamentos de Justicia de los gobiernos vasco y catalán. Así, entre 2016 y 2022, las prisiones catalanas encontraron 9.852 objetos que desglosan en punzantes, contundentes, cortantes, jeringas, sierras y otros. El Govern informa también de que el número de responsables es inferior, ya que algunos internos son reincidentes.

Encabeza el listado la cárcel de Quatre Camins, aunque tenga una cifra de reclusos inferior a otros centros de Barcelona como Brians 1 y 2, o el de Mas d’Enric, en Tarragona. Por el presidio de La Roca del Vallès pasaron a lo largo de 2022 1.586 personas, frente a las 3.505 de Brians 1, las 2.869 de Brians 2 y a las 1.608 personas del centro de la comarca del Tarragonès. Por su parte, el Gobierno vasco solo notifica el hallazgo de una navaja en la prisión de Araba desde que el 1 de octubre de 2021 asumió la gestión penitenciaria.

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Otro dato. Entre 2017 y 2021, en los centros penitenciarios de Algeciras y Málaga se interceptaron cerca de 700 teléfonos móviles entre los reclusos. Aquí, el perfil de los presos es determinante. El Campo de Gibraltar es uno de los puntos calientes del narcotráfico en España y en la prisión malagueña se encuentra retenida parte de la delincuencia que actúa en la Costa del Sol. "Muchos internos provienen de bandas organizadas vinculadas con el tráfico de droga y usan el móvil para continuar con sus negocios", relata Leyva.

Estas cifras doblan las incautaciones de 71 teléfonos móviles en Melilla, pero, de nuevo, si tenemos en cuenta el tamaño de los centros, la prisión melillense destaca. "No hay una causa-efecto directa, pero quizás en Melilla, por sus internos y su situación, se concentran los problemas que se dan en el resto de prisiones", concluye Leyva, quien aporta varias claves: el desarraigo y el perfil del interno, la ubicación del centro penitenciario, la falta de recursos e inversión, tanto en personal como en medios, y —una de sus consecuencias— el hacinamiento. Las de Picassent y Alicante rozan el 150% de su capacidad, alerta este portavoz.

"Un caldo de cultivo peligroso"

Una mayor detección de objetos prohibidos tiene una doble lectura. Por un lado, el buen funcionamiento de los controles. "Se incauta mucha droga", incide el portavoz de Acaip, pero debido a la falta de personal necesario para impedir su acceso y detectar y evitar el consumo, "no conseguimos un riesgo cero", justifica. Pero, por otra parte, es un indicador de una mayor facilidad en el acceso de elementos prohibidos. Las vías de entrada tradicionales son las visitas de familiares, los vis a vis o el reingreso del interno tras un permiso. También el personal de los centros, desde voluntarios, empresas externas y funcionarios.

Pero también hay innovación en las vías de entrada. Aquí, los drones suponen un reto para la seguridad penitenciaria. Las prisiones no son zonas de exclusión aérea y faltan inhibidores, cuenta Leyva. También para los móviles. "Se colocaron en su día de tecnología 3G y ahora serían necesarios para 5G", según el portavoz. La tecnología mejora a un ritmo superior a la adaptación de las prisiones. Móviles más pequeños o con un mayor número de componentes plásticos que burlan los arcos o raquetas detectoras de metales. Incluso en la paquetería de los internos: "Se usan las etiquetas de la ropa, en las que impregnan distintas sustancias", describe Leyva.

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Los perros, como forma de detección, presentan una doble ventaja. No solo en el trabajo directo, sino también en la prevención. "Una vez al año, como mucho, se presentan [los Mossos d'Esquadra] con unos perros a la entrada el día que hay comunicaciones y la efectividad que tiene es brutal", comparte Alberto Gómez, coordinador de CSIF Presons en Cataluña. "Solo con que los familiares vean que están los perros en la entrada de la prisión, muchos ya deciden no entrar. Esos son los que van cargaditos", señala.

En Cataluña, esto corresponde a los Mossos, puntualizan desde CSIF Presons. Mientras, en algunos centros que dependen de Instituciones Penitenciarias, sí que cuentan con patrullas caninas, aunque lo habitual es la participación de la Guardia Civil. En los últimos años, se ha trabajado en instaurar cuerpos de funcionarios preparados para el trabajo con estos animales, pero, pese a la creación de puestos, no hay dotación de personal ni presupuestaria, critican desde Acaip.

"Solo con que los familiares vean que están los perros en la entrada de la prisión, muchos ya deciden no entrar"

El elefante en la habitación es la falta de personal. Con una plantilla cuya edad media supera los 50 años, los nuevos ingresos no reemplazan las jubilaciones de las promociones de los años ochenta, las más numerosas. "Según la última relación de puestos de trabajo de diciembre, hay 3.000 vacantes", afirma Joaquín Leyva. "Para suplir el déficit de seguridad, se ha optado por el cierre de módulos y, a pesar de la reducción del número de internos, continúa el hacinamiento", denuncia. Las de Picassent y Alicante rozan el 150% de su capacidad, alerta este portavoz.

Al concentrar reclusos se multiplican los problemas, se quejan los sindicatos. "Cuando se cerró la Modelo, todo el tema de preventivos se trasladó a Brians 1 y entonces se dispararon las agresiones", refiere Alberto Gómez. En los 10 primeros meses de 2022, CSIF Presons recoge datos de 63 agresiones graves y 422 leves solo en las cárceles catalanas. En el mismo periodo, Instituciones Penitenciarias reconoció 310 agresiones a funcionarios que requirieron asistencia médica. Estos datos muestran un repunte de las agresiones.

Algeciras, con un importante número de internos vinculados con el narcotráfico del Estrecho, preocupa a los sindicatos. En 2022, las coacciones a los empleados de Botafuegos sobrepasaron los límites del centro y los coches de un funcionario y una trabajadora social fueron quemados. En el primer caso, la Policía Nacional apuntó como instigador a un interno que fue cacheado por el trabajador, según recogió Europa Press.

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Los dos sindicatos consultados hablan de sensación de impunidad de los reclusos y critican la política penitenciaria más laxa, con un menor número de primeros grados, el reservado para los internos más peligrosos. Desde CSIF Presons, reclaman que se les reconozca como agentes de la autoridad oficiales, mejorar en infraestructuras y más medios, como pistolas táser o cámaras. Por su parte, Acaip pide aplicar la normativa vigente, ya que sugiere presiones para no utilizar recursos previstos en el reglamento, como los elementos de retención mecánica. Ambas organizaciones lamentan que la respuesta por parte de las distintas administraciones involucradas sea nula.

Tras 12 años de caídas, en 2022 se rompió la tendencia y creció, por primera vez, el número de internos en los centros penitenciarios. Este incremento puede ser la gota que colme el vaso, avisa Joaquín Leyva: "Es un caldo de cultivo peligroso que hay que atajar".

Metodología

El Confidencial realizó diferentes solicitudes de información a las tres administraciones con las competencias penitenciarias: los gobiernos de Cataluña y País Vasco y el Ministerio del Interior. Este último denegó información a El Confidencial que ha sido completada con otras resoluciones, al amparo de la Ley de Transparencia, que el Ejecutivo central sí entregó al sindicato Acaip.

Con todo, cada Administración recopila de distinta forma su estadísticas y han entregado información relativa a periodos temporales diferentes. El Gobierno vasco solo hace referencia desde el 1 de octubre de 2021, cuando asumió la gestión de sus cárceles.