Muchos factores de riesgo y pocos psicólogos: la realidad del suicidio en las cárceles
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"es muy complicado predecirlos"

Muchos factores de riesgo y pocos psicólogos: la realidad del suicidio en las cárceles

Entre 2015 y 2019, hubo en los centros penitenciarios españoles (a excepción de Cataluña), 148 muertes por suicidio, un 17,1% del total de todos los fallecimientos registrados en ellos

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En 2019, hubo 42 muertes por suicidio en las cárceles españolas. (EFE)

La cárcel de Ávila es uno de los centros penitenciarios más pequeños de España. Según los datos del Ministerio del Interior, su población interna se compone de alrededor de 100 personas al año. Es un centro de mujeres, pero es conocido, sobre todo, porque en su único módulo masculino han cumplido condena dos de los hombres más famosos del país en sus respectivas épocas: Luis Roldán en los noventa e Iñaki Urdangarin recientemente.

A la vez que el cuñado del rey, también cumplía condena en el mismo centro Rosario Porto, condenada por matar junto a su marido a su hija Asunta en 2013, un caso que fue noticia durante semanas. Porto fue encontrada muerta en su celda el pasado 18 de noviembre. Fuentes consultadas por este diario tras el suceso explicaron que Porto no mostraba signos de conducta suicida, aunque antes de llegar a Ávila había pasado por otros centros en los que se le había aplicado el protocolo de prevención de suicidios. ¿Qué falló, si es que falló algo? ¿No estaba lo suficientemente vigilada? ¿Son evitables esos sucesos?

"Predecir caso por caso un suicidio es muy complicado a nivel clínico", explica Susana Al-Halabí, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y colaboradora del Consejo General de la Psicología. "Tradicionalmente los modelos se han centrado en la predicción del riesgo, pero hoy en día sabemos que eso es una quimera. El riesgo de suicidio funciona de forma parecida a una crisis y, por tanto, establecer cuándo una persona va a tener un desencadenante personal es muy complicado. Actualmente, no hay ningún instrumento de evaluación que permita establecer claramente el riesgo inminente de suicidio".

Foto: Ilustración: Pablo López Learte. (EC Diseño)

Cómo funciona el protocolo de prevención

No fue el caso de Porto, pero otras dos personas de su mismo centro que sí estaban en el protocolo de prevención de suicidios se quitaron la vida. "El protocolo se activa cuando alguien detecta algún síntoma, de depresión o de posible riesgo de suicidio. Avisa al médico, al psicólogo, al jefe de servicio... Puede ser otro interno, un funcionario o la propia familia", explica Lucía, una psicóloga con más de diez años de experiencia que ha trabajado en centros penitenciarios. "Luego ese interno es valorado, principalmente por servicios médicos y psicólogos. Y somos nosotros los que proponemos su inclusión. Se intenta filtrar y detectar los casos de riesgo".

"Una vez que se ha detectado e incluido en el protocolo, se ponen una serie de medidas, como un interno de apoyo (en función de la gravedad, solo en horas de celda o bien todo el día). Los funcionarios tienen que realizar una supervisión. También la trabajadora social. Semanalmente se hace un seguimiento. Hay además un equipo específico de prevención de suicidios que se reúne cada semana y habla de todos los internos en el protocolo", continúa. Lucía cree que, para la cantidad de internos que evalúan y que incluyen en el protocolo de prevención, el suicidio consumado es poco frecuente.

El protocolo funciona detectando a las personas con mayor riesgo, pero no en evitar los suicidios

¿Respaldan los números esa impresión? En una respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno informó de que durante 2019 le fue aplicado el protocolo a 2.470 personas internas, un 4,9% del total en los centros que gestiona. Siete de ellas se quitaron la vida, lo que equivale a una tasa por 100.000 bastante superior a la tasa de suicidios entre todos los internos. Esa diferencia puede indicar que el protocolo funciona detectando a las personas con mayor riesgo, pero no tanto en evitar los suicidios.

Falta de personal especializado

"El seguimiento no es terapéutico, sino para vigilar las medidas", dice Daniel López, psicólogo que ha colaborado con varios centros penitenciarios y coordinador de Papageno (Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención del Suicidio). Las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la falta de psicólogos repercute en la calidad de la atención psicológica que reciben los internos.

"Puede que las personas no hablen de su sufrimiento personal de forma espontánea. Es necesaria una buena evaluación que solo se puede llevar a cabo por personal sanitario o clínico formado para ello. Si no se hace bien, habrá una infraestimación de las personas que puedan ser seleccionadas para su inclusión en los protocolos de prevención", advierte Al-Halabí, quien cree necesario ir más allá. "Sería importante un acompañamiento inicial, pero es fundamental una buena evaluación clínica y un tratamiento psicológico basado en la evidencia empírica. Si nos quedamos en el acompañamiento, los problemas no se van a solucionar. Hay que dotar a las personas de herramientas y habilidades que les permitan afrontar ese sufrimiento que consideran insoportable, que les ayude a contemplar otras soluciones a sus problemas que no sean la muerte".

La falta de personal convierte en inviables ciertos programas de tratamientos

La falta de personal convierte en inviables programas de tratamientos como los descritos. "Hacer una terapia como en el exterior requeriría muchos más recursos", apunta Lucía. "Y tampoco todos los internos requieren esa atención terapéutica. Todos la necesitamos quizá alguna vez, y con ellos pasa igual. Hay quienes resisten mejor y otros que en momentos puntuales necesitan esa ayuda. Quizás una o dos veces por semana. Pero es muy difícil. Los psicólogos no haríamos nada más", añade. En la cárcel en la que trabaja ahora, cada psicólogo tiene a su cargo a unos 200 internos.

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Imagen del Centro Penitenciario de Ávila. (EFE)

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) dice que actualmente hay un déficit del 17,1% en el número de psicólogos en los centros penitenciarios españoles: de las 426 plazas previstas están cubiertas 353. Y denuncian que la relación de puestos de trabajo no está bien dimensionada.

En España hay 5,14 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 20 que recomiendan los expertos en psicología clínica. Si solo se tiene en cuenta la población reclusa (en torno a las 50.000 personas al año sin contar Cataluña), la tasa es mucho mayor en el sistema penitenciario. Pero eso no quiere decir que las necesidades de las personas privadas de libertad estén mejor cubiertas. Al contrario. La Organización Mundial de la Salud o la Comisión Europea (CE) llevan muchos años alertando de las deficiencias del tratamiento de los problemas de salud mental en los centros penitenciarios.

Pocos datos sobre salud mental

Un informe del Central Institute of Mental Health alemán para la CE en 2007 señalaba la casi inexistente información sobre prevalencia de trastornos mentales, la falta de personal psiquiátrico y psicológico y la ausencia de protocolos europeos comunes. "El número anual de suicidios en las prisiones es el único indicador indirecto factible de problemas de salud mental en las cárceles disponible en este momento", decía el informe. Poco ha cambiado desde entonces. Se sabe que la prevalencia de esos trastornos entre los internos es mayor que en la población general, aunque hay pocas cifras. Un estudio en las cárceles españolas lo situaba en 5,3 veces más entre los hombres (Zabala, 2016).

Entre 2015 y 2019 hubo 148 fallecimientos por suicidio en los centros penitenciarios españoles, un 17,1% de las 862 muertes totales

Entre 2015 y 2019 hubo 148 fallecimientos por suicidio en los centros penitenciarios españoles, un 17,1% de las 862 muertes totales, según los datos proporcionados a El Confidencial por Instituciones Penitenciarias tras una solicitud de acceso a la información pública (no están incluidos los datos de los centros de Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias de prisiones). Para 2020 aún no había cifras en el momento de la solicitud de este diario.

La cifra anual casi se duplicó en ese período de tiempo: de 23 a 42 entre 2015 y 2019. La tasa por cada 100.000 personas pasó de 43 a 83, si solo se tiene en cuenta la población reclusa. Esos números son muy superiores a la tasa de suicidios en la población general: en 2018, el último año con datos, hubo 3.539, 7,6 por cada 100.000 habitantes. El suicidio es la primera causa de muerte externa desde 2008. Cada día se producen diez en España. En comparación, en las cárceles hay bastantes más.

En el Centro Penitenciario de Ávila se han producido cinco suicidios desde 2015, lo que le convierte en el centro penitenciario con más sucesos de este tipo en relación a su población reclusa en ese período de tiempo, aunque su pequeño puede hacer que ese dato no sea estadísticamente significativo. De los 99 centros analizados, en 54 hubo algún fallecimiento por suicidio entre 2015 y 2019.

Foto: La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en una imagen de archivo. (EFE)

Los factores de riesgo en las cárceles

"Ya no es solo la cárcel, que tiene factores de riesgo propios de un sistema cerrado que no permite la autonomía ni la autorregulación, es que esas personas llevan ya una mochila cargada de sufrimiento y dificultades", dice Al-Halabí. El consumo de drogas y alcohol, la pérdida de empleo, el conflicto en las relaciones sociales, la discriminación, la dificultad de acceso a los servicios de salud... todos son factores de riesgo para el suicidio que están ya presentes en mayor medida entre la población interna antes de entrar en los centros.

Sumen los factores propios del sistema penitenciario y el resultado es un mayor riesgo de acabar con su vida. "Es un fenómeno muy complejo en la población general. Y en las cárceles, los reclusos tienen numerosos factores de riesgo para llevar a cabo una conducta suicida. Al sufrimiento normal de quien piensa en acabar con su vida se une la desconexión de las personas que forman parte de tu vida, el aislamiento, tener un dolor psicológico que uno considera inescapable e interminable, la desesperanza...", explica Al-Halabí.

Daniel López señala también un problema heredado de la Ley General de Sanidad, de 1986: "Cuando hubo una reestructuración de la salud mental y desaparecieron los manicomios, fue un adelanto, pero dejó a muchas personas sin ese servicio. Cuando están condenadas a la exclusión social, muchas de ellas acaban en centros penitenciarios".

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