El futuro incierto de la cárcel abandonada de Ceuta donde investigan el hallazgo de un cadáver

Ceuta alberga dos cárceles. Una lleva abandonada desde 2017. Está en el barrio de Los Rosales, en el que habitan familias humildes de la ciudad. La otra es donde hace poco llevaron al exconsejero Javier Guerrero, al que acusan de abuso de menores. El fuerte Mendizábal, como se llama esta segunda, abrió sus puertas el mismo año en que cerró la primera. Fue una gran inversión del Ministerio del Interior, que tiene las competencias de Instituciones Penitencias y puso 140 millones de euros para levantar sus muros. Pero el proyecto lleva tiempo paralizado, suscitando críticas y reproches desde distintos frentes políticos y ciudadanos. Aunque es en la vieja prisión de Los Rosales, que en los últimos años se convirtió en albergue improvisado para muchos sin techo, donde ahora vuelve a estar el foco.

La semana pasada, varios vecinos alertaron a las autoridades tras hallar el cadáver de un hombre de mediana edad en el interior de la cárcel. La policía y los bomberos se habían desplazado antes a la zona, después de recibir un aviso de que podía haber un cuerpo sin vida. Pero no encontraron nada, y volvieron a sus cuarteles. Fue entonces cuando algunos residentes se colaron en el inmueble y dieron con él, abriendo una investigación para esclarecer el caso que sigue en marcha. Más allá del suceso, lo ocurrido volvió a poner sobre la mesa el problema que los vecinos llevan años advirtiendo: hay que hacer algo con la prisión abandonada. Se sienten inseguros, y piden actuar.

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"Aquí es muy normal que anuncien proyectos para las barriadas y luego se abandonen", afirmó el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, Francisco García Segado, que aúna a las organizaciones vecinales de toda la ciudad. Fue muy duro con la dejadez a la que cree haberse sometido el futuro del edificio, en el que un día estuvo la cárcel de Los Rosales. En 2021 llegó la sorpresa cuando el ministro Fernando Grande-Marlaska firmó la concesión demanial de la propiedad al Gobierno autonómico por un tiempo de 15 años. La idea es que este último acometiera una reforma para convertirla en un centro de menores, y acabar con la situación de abandono.

García Segado es consciente de que los vecinos llevan años denunciando que la situación se ha vuelto insostenible. El espacio se ha convertido en un lugar inseguro, y en muchas ocasiones insistieron en derrumbar la estructura, vallar el perímetro o acelerar su transformación. Pero de momento, no han hallado respuesta. Desde la federación de vecinos son muy críticos con la Delegación del Gobierno, que no tiene las competencias en la gestión de esta cárcel pero sí habitúa a reunirse con diversos representantes, por no haber mantenido aún un encuentro con ellos para abordar este problema tras el cambio de liderazgo. La exdelegada Salvadora Mateos, investigada por las devoluciones de menores tras la crisis migratoria de mayo, fue relegada del cargo hace apenas unos meses en favor de Rafael García, el nuevo representante.

Es precisamente la falta de tiempo lo que alegan desde la actual Delegación del Gobierno. La institución se excusa en que apenas fue en octubre cuando el nuevo dirigente tomó las riendas, e insisten en que estos meses se reunieron con otros representantes y fueron estrechando lazos con las asociaciones y entidades de la ciudad. Aseguran que tienen en mente verse con la federación de vecinos en alguna de estas citas, pero que aún no ha sido posible. "Seguimos diciendo que faltan efectivos policiales, y que los hay desplegados hacen lo que pueden pero no son suficientes", insiste García Segado sobre este asunto. "Antes existía una policía de barrio con la que sentías cercanía, pero hoy ha desaparecido", concluyó.

En este sentido, el vocal de Seguridad de la agrupación vecinal, José María Romero, cree saber cuál sería una posible solución. O por lo menos, una aproximación a ver la luz al final del túnel. "Hay que reabrir la comisaría", determinó. Hace muchos años que el cuartel policial del barrio está cerrado, más de una década. El año pasado los vecinos impulsaron una recogida de firmas para presionar por recuperarla, y de momento es una de las alternativas más demandadas para aumentar la seguridad. "No hemos tenido respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco de Interior", se lamentó Romero.

"Impulsan guetos. Antes que un centro de menores deberían dar talleres a jóvenes"

Más allá del centro de la ciudad, el vocal de Seguridad insiste en que los presidentes de otras barriadas como Juan Carlos I o el Poblado de Regulares también piden más efectivos para reforzar sus áreas. Otro de los objetivos a la vista es abrir el fuerte del Príncipe, que antes albergaba a miembros de la Guardia Civil que daban protección a una zona, de por sí, conflictiva. En la vieja prisión de Los Rosales piden al menos tapiar el acceso y asegurar el espacio hasta que sea habilitado. No quieren dar la posibilidad de entrar porque creen que así se fomenta la inseguridad entre los vecinos. Están hartos.

"No sé por qué prefieren impulsar guetos a invertir en sus barrios. Están mirando más a los menores no acompañados que llegan desde Marruecos que a sus propios jóvenes, que no tienen futuro", consideró el presidente del barrio de Los Rosales, Ali Hamido. El representante vecinal se lamenta de que ni el Gobierno autonómico ni el Estado hayan optado "nunca" por dar salida a las nuevas generaciones de las áreas periféricas. Cree que, más allá de unas pocas zonas privilegiadas, la ciudad está abandonada. "Que quieran abrir un centro de menores me parece bien, pero puestos a rehabilitar la cárcel bien podrían abrir talleres de formación o escuelas para nuestros hijos", sugirió Hamido, que lanza un grito a la Administración para que "apueste" por sus jóvenes.

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Con esa tesis coincide otra vecina de Los Rosales, Sabah Hamed, que remonta el origen del conflicto a mucho antes del cierre de la prisión. "Llevamos más de un año viviendo robos y delincuencia, pero fue tiempo atrás cuando empezó a haber problemas", rememoró. El presidente del barrio anuncia que la próxima semana intentará pedir otra audiencia con el actual delegado del Gobierno, con quien ellos sí se encontraron en diciembre, para solicitar información sobre cuándo reabrirán la ansiada comisaría. "Esta es una petición que llevamos tiempo trabajando con Salvadora [Mateos], y a ella ya le propusimos nuestra idea de convertir la cárcel en un centro de formación. Cosa a la que se negó, porque había elementos tóxicos y la rehabilitación total costaría "una fortuna".

Al tiempo, recuerda, la entonces delegada les volvió a citar para decirles que el espacio se había cedido temporalmente al Administración autonómica. "Si tenemos más delincuencia, deberíamos tener más seguridad", expuso. Espera poder reunirse con Rafael García a principios del mes que viene, y retomar las comunicaciones. La última vez, cuenta que la Delegación trasladó el problema de la comisaría al Ministerio, y la respuesta que le trasladaron fue que habían visto la reapertura con buenos ojos. "Hay que aprovechar que vienen elecciones para pedir lo que necesitamos, no hay otra", zanjó.