Inquietud en la ‘cárcel del narco’: “Usted vive en Algeciras. Ya sabe, ¿no?”

“El momento es crítico, de coacción constante al funcionario, porque saben que no habrá consecuencias”. El presidente nacional de Acaip-UGT, José Ramón López, se sentó este miércoles frente a los medios de comunicación para elevar a todo el país la compleja situación que están sufriendo los trabajadores de la prisión algecireña de Botafuegos, la cárcel del narco, con constantes amenazas, calcinamiento de coches y un incremento de agresiones que traspasan los muros del recinto penitenciario y alcanza a sus familias. Una situación que está provocando que esta cárcel, poco a poco, se esté convirtiendo en un destino maldito para los funcionarios.

López comenzó a desgranar “datos objetivos” con los que poner de relieve que “la situación es mala”: “En los últimos cinco años se han contabilizado 34 agresiones al personal de Botafuegos; de las que 11, corresponden sólo a los nueve primeros meses de este año, por lo que la tasa se ha multiplicado por tres. Se han intervenido ocho kilos de hachís, 20 gramos de cocaína y 26 de heroína —así como multitud de opioides—. Y se han localizado 690 teléfono móviles, diez en los últimos días —la mayoría, smartphones—”. Aunque los más preocupante, añadió, son los actos violentos que tienen como objetivo a los funcionarios.

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Se han contabilizado dos plantes en el Módulo 2 que derivaron en reacciones violentas, y la Policía Nacional investiga los incendios —supuestamente provocados— de los coches de dos trabajadores y la pareja de uno de ellos. Presuntos ataques que se produjeron en sus domicilios y que, según recalcó el delegado del citado sindicato en la cárcel de Algeciras, José Luis Alcaraz, requirieron de un trabajo previo de seguimiento.

Esta situación está provocando una gran inquietud entre una plantilla que cada vez sufre más amenazas cuyas consecuencias se hacen extensibles a sus seres queridos. “Usted vive en Algeciras. Ya sabe, ¿no?”, es uno de los avisos velados que reprodujo el presidente de Acaip-UGT, quien hizo hincapié en que “aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que eres funcionario, dónde vives, dónde está tu familia...”. Al menos una de las personas a las que incendiaron el coche tenía peso en la concesión de permisos o beneficios penitenciarios, por lo que una de las hipótesis que barajan sus compañeros es que detrás pudiese estar un reo disgustado al negársele una mejora de su estatus con contactos en el exterior.

“Así no se puede trabajar, hay que tomar medidas antes de que ocurra una pérdida irreparable” y se entiende que los empleados “se quieran ir”, explicaron, antes de recalcar que “la situación es singular” por la gran presencia y ascendencia que tienen sobre el resto de la población reclusa las bandas del narcotráfico encarceladas en Botafuegos. Organizaciones que se alojan en buena parte en el Módulo 14, “el de las mafias del Campo de Gibraltar”, y supuestamente prosiguen con sus actividades ilícitas desde las celdas con teléfonos móviles de contrabando. La última decena incautada se ocultaba tras un doble fondo que los presos supuestamente habían realizado en la estantería de la propia celda, y que posteriormente tapaban con una fina lámina de madera pintada de blanco que simulaba la pared.

Los representantes sindicales culparon directamente al Ministerio del Interior de la presencia de los terminales, porque “si los inhibidores funcionasen, no harían faltan”, ya que serían inútiles”. ¿Y por qué no están operativos? Pues según opinaron, “debería ser Interior el que lo explicase”, ya que “no sólo pasa en Algeciras”.

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“El problema es que aquí no contesta nadie”, se quejó José Ramón López, que criticó la política “buenista” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska al considerar que “lo único que genera son problemas e incidentes más graves”. “Existe una coacción constante a los funcionarios porque saben que no hay consecuencias”, que “no se efectúan traslados” y no se adoptan las “medidas disciplinarias” recogidas en el reglamento.

López volvió a reclamar una política de dispersión similar a la que se aplicó a los asesinos de ETA para los presos por narcotráfico, y reiteró la problemática creciente de los drones. “Trasladan drogas y móviles, pero en cualquier momento pueden ser armas de fuego” y se puede producir “un ajuste de cuentas, un asesinato, un intento de fuga…”. Porque López advirtió de que hay aparatos de este tipo “capaces de transportar 80 ó 90 kilos y podrían sacar a una persona”. Un motivo por lo que pide que, al igual que los aeropuertos y otras infraestructuras, las cárceles tengan el “espacio aéreo protegido”.