Botafuegos, la cárcel del narco, sembrada de teléfonos móviles clandestinos

690. Esta es la cifra de teléfonos móviles que los funcionarios de la prisión algecireña de Botafuegos han incautado a los presos durante los últimos cinco años y que la convierten en la cárcel del país donde más aparatos de este tipo se localizan. Un agujero de seguridad que el sindicato Acaip-UGT achaca a la falta de mantenimiento de los inhibidores de frecuencia de un recinto en el que se concentra buena parte de los detenidos en el plan de lucha contra el narcotráfico que el propio Ministerio del Interior -de quien depende Instituciones Penitenciarias- desarrolla en el Campo de Gibraltar.

“Cada 2 0 3 días se incauta uno” de estos terminales que son de un reducido tamaño y que -como se puede observar en la imagen que ilustra- llegan a ser introducidos en cavidades corporales para no ser detectados por los funcionarios. La organización sindical especificó que “es más pequeño que un mechero y de unos 13 gramos”, por lo que pesa menos que una moneda de 2 euros, y por sus reducidas dimensiones “permite a los reclusos esconderlos en lugares impensables para cualquier persona, como pueda ser dentro de un hueco practicado al colchón de la cama, en el tacón del zapato, el interior de un bollo de pan, en un rotulador fosforecente…”.

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Con estos dispositivos se pueden hacer llamadas y mandar mensajes de texto y su precio en la calle está sobre los 20 euros. ¿Y por qué arriesgarse a ser sancionado por poseer uno cuando tienen un cupo de llamada y hasta una cabina para hacer videoconferencias? Pues por dos motivos, principalmemente: para delinquir o ganar dinero. Muchos de los reos, a pesar de estar entre rejas, siguen dirigiendo sus actividades delictivas en el exterior; y eso, en la prisión del narco, donde se encuentran algunos de los más importantes señores de la droga del sur del país, se da por descontado. Aunque la casuística, como las penas que han llevado a esas personas a estar encerradas, es amplia. Incluso se ha dado el caso de algún interno con penas por malos tratos que llegó a telefonear a su víctima para amenazarla.

El valor de estos móviles se multiplica -como mínimo- por diez en el mismo momento en el que su portador ha burlado los filtros de seguridad y se sitúan entre los 200 y 300 euros. Los propietarios los venden o alquilan a otros compañeros de internamiento y, cuando no se pueden saldar las deudas, “vienen los ajustes de cuentas, amenazas, coacciones, peleas y agresiones” entre ellos. La citada fuente, además, advierte de que también comporta peligro para los propios funcionarios, porque son empleados para hacer llamadas avisando al exterior de los días de trabajo y horarios de entrada y salida.

Tener estos teléfonos se considera una falta grave, pero sólo se sanciona con privación de paseos

Están hechos en su práctica totalidad de plástico, “y tienen pocas piezas de metal”, por lo que es “sencillo” el eludir el arco detector de metales. Un hándicap al que, según Acaip-UGT, habría que añadir la falta acuciante de personal para hacer registros más estrictos y exhaustivos para intervenir los objetos prohibidos, entre ellos los miniteléfonos.

“Como solución, la Administración Penitenciaria, en el año 2008, instaló en Algeciras, al igual que en otras macrocárceles de alta seguridad, aparatos inhibidores de frecuencia de teléfonos 2G o 3G, pero posteriormente no se han preocupado en hacerles ningún tipo de mantenimiento, por lo que actualmente unos están operativos y otros fuera de servicio por avería”. Además, “desde que hay 4G y el 5G”, la efectividad de estos sistemas decae notablemente, pues “no tienen la capacidad de inhibir a los nuevos terminales”.

Buena muestra de que su poder intimidatorio es prácticamente nulo es que las cifras de incautaciones se han mantenido prácticamente inalteradas durante los últimos años: 138, 135 y 132, en 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Mientras que 2018 fue cuando se produjo un salto cualitativo, con 192 aprehensiones, 99 más que el ejercicio anterior.

A la supuesta inoperatividad de los inhibidores se une que, según los representantes de los funcionarios, “introducir un teléfono no comporta para el que lo hace ninguna consecuencia”; y la posesión por parte del interno se considera una falta grave que se sanciona con privación de paseos entre 3 y 30 dias. A nivel judicial y penal, no tiene respuesta para nadie.

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“No hay miedo”, recalcó la citada fuente, que añadió que, “por enésima vez”, presentamos una queja a nuestra Secretaría General por esta situación. Y recordó las dificultades para ejercer su trabajo en un recinto penitenciario “masificado”, con una “acuciante y continuada falta de trabajadores” y con carencias de medios electrónicos adecuados, ya que algunos están “obsoletos o fuera servicio”.

Este periódico trató de recabar la versión de Instituciones Penitenciarias sobre estas denuncias sin obtener respuesta.