Murcia apela al Consejo de Estado en la guerra del agua ante la "invalidez" del plan del Gobierno

Continúa la guerra del agua entre las comunidades afectadas y el Gobierno central. Ahora es el Ejecutivo murciano el que ha anunciado este jueves que ha solicitado al Consejo de Estado que informe de manera desfavorable sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos (especialmente el de la demarcación hidrográfica del Tajo), por contener "defectos" de forma en su tramitación y ser "incompatible" con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura.

Así queda recogido en el documento de alegaciones presentado al Alto Cuerpo Consultivo, dentro del proceso de audiencia concedido a la Comunidad. Tras agradecer la "buena disposición" del Consejo de Estado, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha explicado que se ha enviado "un documento con base jurídica, técnica y científica, que pone de manifiesto la invalidez de la planificación hidrológica del Gobierno central".

En cuanto a los argumentos concretos para alegar defectos de forma en la tramitación e incompatibilidad con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura, el máximo responsable autonómico ha detallado que "en primer lugar, denunciamos la intención de modificar mediante Real Decreto aspectos incluidos en una ley, la Ley de Aguas, algo que no es posible, ya que la ley es una norma de carácter superior".

A ello, ha criticado, "se suma una circunstancia insólita, y es que el documento que va a valorar el Consejo de Estado no es el mismo que el debatido y aprobado por el Consejo Nacional del Agua". "Dicho de otra forma: han cambiado el texto para que el recorte del 50% del trasvase no esté ligado en ningún caso a la evolución ecológica del Tajo, tal y como intentaron vendernos en un principio, y ahora ese recorte se produce porque sí, de forma automática. Porque lo dice el Gobierno y punto", ha añadido López Miras.

Para el jefe del Ejecutivo regional, el Gobierno central ha realizado ese cambio "con total opacidad", y pretende aprobar los Planes del Tajo y Segura "sin que haya coordinación, aplicando un recorte no contemplado previamente y sin medidas que lo compensen". Además, ha agregado, se han producido "numerosas deficiencias en la tramitación y falta de transparencia", así como "inseguridad jurídica".

López Miras ha denunciado la "situación insólita" y "una demostración más de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura sí o sí, con informes técnicos favorables o sin ellos". Pero el Gobierno regional va a hacer todo lo posible para evitarlo", ha advertido.

"Criterios políticos" para cerrar el trasvase

"No hay motivos para acabar con el trasvase Tajo-Segura", ha aseverado López Miras, ya que "ningún informe avala que un recorte en el agua trasvasada va a suponer un beneficio ecológico en el río Tajo". Por ello, ha afirmado que "solo cabe pensar que lo que mueve al Gobierno central a acabar con esta infraestructura son criterios políticos, ideológicos y electoralistas", en lo que representa "una tropelía".

Este proceso "es algo que venimos denunciando desde 2018, cuando el propio Pedro Sánchez prometió en Albacete poner fin al Tajo-Segura", ha señalado. Según López Miras, esa pretensión "ha ido más allá de las palabras y la han llevado hasta el extremo, mediante decisiones de dudosa legalidad y nula transparencia".

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La variación del documento que va a valorar el Consejo de Estado se produce, en concreto, en la Disposición Adicional Novena, que suprime toda la condicionalidad establecida en la versión entregada al Consejo Nacional del Agua. Por tanto, la entrada en vigor de los distintos escalones previstos en el Plan Hidrológico sería ahora automática, sin vinculación alguna con los resultados de seguimiento del estado ecológico que se contemplaban en la versión anterior.

El Gobierno regional tampoco considera "lógico" que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no haya aportado una memoria jurídica, ni económica, ni hidrológica a la hora de establecer los caudales ecológicos del Tajo, que afectan además al Plan Hidrológico del Segura. Así, la Comunidad considera que se hace "caso omiso" del condicionante y límite legal que las leyes del Trasvase Tajo-Segura imponen al Plan Hidrológico del Tajo y al Gobierno central.

Otra "grave deficiencia" que la Comunidad percibe en el proceso a causa de la falta de coordinación es la inconsistencia de las previsiones de la planificación hidrológica del Segura, que ha sido cerrada sin una valoración cierta de las disponibilidades reales con las que podrá contarse en esa demarcación.

Concentración en Madrid

Por otro lado, López Miras ha confirmado su presencia en la concentración convocada por el Círculo por el Agua a las puertas del Miteco el 11 de enero. "Los convocantes nos han invitado a los representantes políticos y, por supuesto, como representante del millón y medio de murcianos, voy a estar allí", tal y como ha afirmado López Miras que, no obstante, ha reconocido que "el protagonismo tiene que ser de los regantes, de los agricultores y de la sociedad".

"Estaré acompañándoles como siempre", según el presidente murciano, quien ha afirmado que "nadie puede cuestionar" su apoyo al sector porque estuvo "al lado de 50.000 agricultores y regantes en una manifestación" en 2017 a las puertas de un Ministerio gobernado por su propio partido político, cuando él ya era presidente de la Región.

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Cuando le han preguntado si va a invitar a sus homólogos de Valencia, Ximo Puig, y de Andalucía, Juanma Moreno, a acudir a la concentración, López Miras ha aclarado que él no es el convocante de esa movilización. "Quien tiene que invitar son los convocantes", ha subrayado.

No obstante, López Miras sí ha reconocido que le gustaría que Puig "fuera un aliado" en esta materia, porque Valencia es "una comunidad muy importante" y porque "somos territorios hermanos". Asimismo, ha recordado que toda la provincia de Alicante "también está afectada por el recorte del trasvase".