La Fiscalía salva a los agentes de Melilla pero censura la política migratoria del Gobierno

La Fiscalía ha exonerado a los agentes de la muerte de al menos 23 migrantes el pasado junio en la valla entre Nador y Melilla, pero censura al Gobierno por su política migratoria. A juicio del ministerio público, España no garantiza el derecho de asilo y eso obliga a los migrantes a poner en riesgo sus vidas saltando las alambradas de separación. Advierte de que los tribunales no avalan el "uso indiscriminado" de las devoluciones en caliente a Marruecos. El decreto que archiva la investigación de la tragedia señala que sucesos como el que le costó la vida a decenas de subsaharianos en la ciudad autónoma a mediados de este año podrían repetirse.

El escrito, firmado por la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, incluye un apartado dirigido a cuestionar la política de contención de la inmigración que lleva a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según dice, "deben implementar las medidas precisas para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas españolas, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para asegurar que quienes intenten acceder a España mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido".

"Deben implementar las medidas precisas para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado"

La fiscal admite que su análisis "excede del objeto" de su investigación y de su competencia, pero recuerda que las sentencias que avalaron el uso del rechazo en frontera [devoluciones en caliente] exige respetar la normativa de derechos humanos y la protección internacional. Apunta a las "fallas de un sistema que no impide que personas procedentes de países como El Chad o Sudán, quienes en la mayor parte de los casos son merecedores de protección internacional por las circunstancias que sufren sus países, pongan en riesgo sus vidas, con una conducta tan peligrosa como es un salto a la valla de Melilla, sin haber acudido a los sistemas legales establecidos".

"Podrían reducirse los saltos"

"Puede afirmarse —añade— que, si se promoviesen medidas que mejorasen el acceso a estos canales, como el desarrollo reglamentario de la Ley de asilo o se posibilitara el acceso de una manera real a la oficina de asilo instalada en el puesto fronterizo de Beni Enzar en Melilla, podrían reducirse estos saltos o el número de participantes en los mismos". El reglamento de la Ley de asilo está pendiente desde el año 2009. La Fiscalía considera que su desarrollo "aclararía los trámites a seguir y facilitaría la utilización de este mecanismo".

En sus críticas, la Fiscalía también pone el foco en la actitud de las fuerzas de seguridad de Marruecos, particularmente con los ciudadanos subsaharianos de raza negra: "Son notorias las dificultades que tienen las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, para acceder a la parte española de Beni Enzar, pues ello implica traspasar previamente el control migratorio de la policía marroquí que de facto mantiene a estas personas alejadas de la frontera, muchas de las cuales carecen de documentación que les permita acceder a territorio español".

Concluye su reflexión con una llamada a la necesidad de habilitar políticas migratorias "públicas, flexibles y coherentes con la situación de cada momento, acordes con el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los tratados y convenios internacionales". Sin embargo, aclara que esto no es competencia de los agentes que estaban sobre el terreno el 24 de junio, cuando se produjo la tragedia en Melilla.

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De las 2.000 personas que ese día trataron de acceder a España, solo lo lograron 134. La inmensa mayoría de ellos eran de Sudán del Sur. Todos fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde recibieron asistencia médica y alimentos. Todos ellos manifestaron su deseo de solicitar protección internacional y seis meses después se sigue tramitando sin que ninguno haya sido devuelto a Marruecos. En cambio, los que no lograron sortear a las fuerzas de seguridad –un total de 470– fueron rechazados en frontera. La Fiscalía se cree las declaraciones del responsable del operativo, que afirma que se entregaron uno a uno tras acreditar que todos estaban conscientes y aparentemente mayores de edad.

Relato de hechos

En el relato de hechos que incluye la Fiscalía en su decreto de archivo defiende la tesis que no hubo ninguna actuación por parte de los agentes españoles que contribuyese a poner en peligro la integridad física de los migrantes. Ni siquiera el hecho de que, como los marroquíes, los uniformados españoles también lanzaran gases lacrimógenos al recinto en el que luego se produjo la avalancha. Según el ministerio público, era una zona abierta donde los aires circulaban con fluidez, por lo que descarta que los gases provocaran asfixia o problemas de visión a los subsaharianos.

También sacude de cualquier responsabilidad a los efectivos desplegados ese día de la avalancha de migrantes sucedida entre la zona controlada por Marruecos y España. El argumento principal es que los 12 guardias civiles que estaban ante las vallas de separación se retiraron del lugar al ver el número de migrantes y su actitud violenta. Alguno de los agentes resultó herido. "En el momento de producirse el terrible suceso, ningún agente español de los que formaban el operativo en tierra pudo ver cómo se desarrollaron los hechos", dice la fiscal Beatriz Sánchez.

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El dron de la Guardia Civil tomó imágenes de la zona entre las 8.07 y las 9.35 horas. La avalancha se produjo dentro de ese margen de tiempo, pero justo el aparato no captó ese suceso porque estaba sobrevolando otro lugar. Fueron los agentes de Marruecos los que se encargaron de los cuerpos en el suelo y se los llevaron a su territorio. Los españoles ya no volvieron a la zona. Se quedaron en el exterior conteniendo un grupo de 470 subsaharianos que ya habían logrado sortear las vallas y estaban en suelo de Melilla, junto a una carretera.

La fiscal estudió las comunicaciones internas entre los agentes y en ellas no se aprecia que temieran por la vida de los migrantes. Se les oye comentar que las vallas han cedido y los migrantes habían conseguido entrar: "En ningún momento se aprecia urgencia o sorpresa". Este desconocimiento del riesgo que corrían los migrantes es lo que le sirve a la fiscal para eximir a los agentes de la comisión de un delito de homicidio imprudente. También les exonera del deber de prestar auxilio porque, de haber intervenido, habrían corrido peligro. Por su parte, a la carencia de pruebas de lo que pasó en esa montonera de cuerpos se une que las cámaras fijas del paso fronterizo no estaban en funcionamiento ese día porque el puesto llevaba cerrado desde la pandemia.

Sobre el punto exacto en el que se produjeron los hechos, la fiscal considera que los tratados internacionales no son suficientes para delimitar la territorialidad del puesto fronterizo de Barrio Chino. Afirma que el sistema de vallado está de forma íntegra en territorio español desde 1998, pero que de facto Marruecos ejerce la soberanía sobre una parte de las instalaciones. En concreto, controlan el recinto al que accedieron los migrantes y donde se produjo la avalancha, cayendo parte de ella en suelo español. Este es el área que el ministro del Interior llamó "tierra de nadie" en el Congreso de los Diputados.

"Los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí, si bien el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos, conforme a las grabaciones videográficas y teniendo en cuenta las consideraciones sobre la delimitación territorial realizadas", zanja la Fiscalía. Según las autoridades de Marruecos, esa montonera es lo que provocó la muerte de las 23 personas. Interior siempre ha negado que hubiese muertos en España, pero la Fiscalía no lo descarta de forma tan tajante. Ninguna autoridad sanitaria accedió a la zona y Marruecos no ha facilitado siquiera las autopsias. El decreto sostiene que es competencia de Marruecos investigar la actuación de sus agentes en la zona controlada por ellos. La Fiscalía de ese país abrió una investigación, pero contra los subsaharianos, a los que acusa de inmigración ilegal, organización criminal y violencia contra los agentes.