ANTE LA INTENCIÓN DE ENDURECER EL ASILO

PSOE y Podemos afrontan su primer choque por la dura política migratoria de Marlaska

El gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska apuesta por endurecer la regulación del asilo y el sector morado del Gobierno se planta exigiendo medidas menos restrictivas

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su primera comparecencia de la legislatura, celebrada el lunes en el Congreso. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su primera comparecencia de la legislatura, celebrada el lunes en el Congreso. (EFE)

Las devoluciones en caliente de migrantes fueron, son y serán uno de los principales puntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos. Al menos, si no se consensúa una nueva ley de asilo sobre la que se están produciendo los primeros choques de la legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE, con el gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska apostando por endurecer su regulación y el sector morado del Gobierno exigiendo medidas menos restrictivas. Tanto los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo como su grupo parlamentario han incrementado la presión sobre sus socios de Gobierno a raíz de la sentencia de Estrasburgo, que avala las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, frente a la que Interior ha reaccionado con un borrador de la nueva normativa que limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de solicitud, según la nueva normativa avanzada por 'El País'.

Una posición opuesta a la que reclamó Unidas Podemos el pasado viernes durante una reunión en Moncloa donde se abordaron las consecuencias del fallo, sobre la que volvió a insistir directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska, durante la apertura de la comisión de Interior este lunes, y por la que fuentes del grupo confederal volvían a recordar este martes que en el pacto de gobierno se recoge el compromiso de adaptar la legislación "a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales".

PSOE y Podemos afrontan su primer choque por la dura política migratoria de Marlaska

Para los morados, no pueden "suspenderse los derechos" de las personas que "vienen huyendo del hambre y la guerra". El objetivo todavía sigue siendo para Unidas Podemos que las consecuencias de la sentencia no deriven en una futura interpretación más restrictiva de la nueva ley de asilo. Algo que se está topando de frente con las intenciones de Interior, que además promueve cuestiones que rechazan frontalmente los morados, como establecer un plazo para las solicitudes de los recién llegados de 30 días y de 10 días para los encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Asimismo, se plantea eliminar la comisión interministerial en la que se deciden las demandas de asilo, un órgano en el que cuenta con representación el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero.

En unos términos similares respondía el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago al titular de Interior durante su apertura de la comisión del ramo: “Señor ministro, creo que ha llegado el momento de definir y desarrollar en ese marco de garantías para el derecho de asilo el concepto de persecución por pertenencia a determinado grupo social, que consta en el artículo 1 de la Convención de Ginebra y que está más que deficientemente desarrollado en nuestro país”.

Desde una parte del Ejecutivo, se inclinan por llevar este debate a Bruselas. Desde Unidas Podemos, también se apuesta por abrir un debate con el conjunto de Estados miembros "para abordar nuestra política de derechos humanos como países de la Unión Europea que ponga la vida de la gente en el centro", pero sin renunciar al mismo tiempo a impulsar con la mayor celeridad posible una nueva ley de asilo en términos que hasta ahora están muy alejados de la normativa que prepara Interior. Los morados defienden que la nueva ley de asilo ofrezca "garantías de acceso a una frontera segura", basándose en la Convención de Ginebra, y eliminar "cualquier mecanismo de discriminación en las solicitudes de asilo desde el primer momento".

El pacto de gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no menciona las devoluciones en caliente y se centra en clave europea, recogiéndose la vaga promesa de promover "una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas". Siempre bajo la doctrina europea, se apuesta también en el acuerdo por "modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario". Asimismo, el texto recoge que "España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, y dedicará una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura".

Trabajos en la valla de Melilla. (EFE)
Trabajos en la valla de Melilla. (EFE)

Los cambios en la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria de 2009 que Unidas Podemos defendía en su programa electoral proponían incluir "a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales" y revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio "para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación". Asimismo, se apostaba por poner especial atención en "la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata". Estos son los aspectos concretos que en Unidas Podemos entienden como "los nuevos retos de la movilidad global y nuevas realidades sociales" y a los que el acuerdo de gobierno se compromete dar respuesta.

La formación morada se comprometía, por otro lado, a flexibilizar los procesos de reagrupación familiar, recuperar "la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países" y crear nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Sobre esto último, el propio Marlaska reconocía al diputado de UP en la comisión de Interior que el Tribunal de Estrasburgo reconoce a España "mecanismos para que los migrantes puedan solicitar asilo de forma efectiva en frontera y en consulados y embajadas". Los socialistas, por su parte, se abrían en su programa electoral a aplicar en un reglamento de desarrollo de la ley "todas las figuras jurídicas que están pendientes de implementación", y asociaban la política de inmigración a una reformulación en clave europea, así como a la modificación del sistema de acogida e integración de refugiados "para hacer efectivo el derecho internacional sobre asilo y la gestión de los flujos migratorios, respetando los derechos humanos".

Desde Unidas Podemos, han criticado abiertamente la sentencia, mientras que Marlaska ha sostenido que el fallo "manifiesta que la violencia [pretendidamente de migrantes contra las fuerzas de seguridad] es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales". Precisamente, en el marco de los derechos humanos se sustancia la discusión abierta en el seno del Ejecutivo de coalición y que debería servir como base para el desarrollo de una nueva ley de asilo, que debido al fallo de Estrasburgo Unidas Podemos no quiere demorar. "Nosotros, en el seno del Gobierno, vamos a trabajar por que España pueda ser un referente en Europa de cumplimiento de los derechos humanos", concluía tajante este martes el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.

Los choques de Unidas Podemos con Grande-Marlaska no son nuevos, a cuenta de las distintas posiciones en política migratoria. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la ley mordaza, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la ley moradaza recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

Si bien se entendía entonces que había un sector en el PSOE más receptivo, se aseguraba que no coincidía precisamente con el ministro de Interior, que estaría tratando de retrasar los plazos ya entonces para la aplicación del acuerdo, minimizando la posibilidad de modificar el Código Penal y vinculando la supresión de las devoluciones en caliente a lo que dictamine el Tribunal de Estrasburgo. Un dictamen que se produjo precisamente el pasado jueves y ante el que ahora Marlaska ha utilizado todo tipo de subterfugios lingüísticos para evitar aclarar si el Gobierno mantendrá las devoluciones en caliente o incluso las consideradas 'devoluciones tibias', que suponen la deportación de inmigrantes tras pasar de forma exprés por comisaría y mediante un expediente de expulsión personalizado.

Los portavoces de Unidas Podemos fuera del Gobierno, en cambio, sí han querido dejar claro que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no es de su agrado. Así, el portavoz del partido, Rafa Mayoral, calificaba el fallo de "impresentable" y "preocupante", al tiempo que advertía sobre la necesidad de "no asumir el discurso de la extrema derecha" porque "al final la extrema derecha terminará triunfando". En la misma línea, el portavoz en el Congreso del grupo confederal, Pablo Echenique, aseguraba que "a una persona que defiende los derechos humanos no le puede parecer bien la sentencia". El debate ahora está en si realizar o no devoluciones en caliente y la postura de Unidas Podemos es clara. Y como Iglesias se sinceraba la pasada semana en la comisión de Derechos Humanos sobre su papel en minoría en el Ejecutivo: "Supone asumir contradicciones y tragar sapos, nunca con gusto. Algunos los tragaremos y otros no estaremos dispuestos. Pero nuestro objetivo es que haya un poco menos de injusticia".

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