El TC congela su rechazo a las devoluciones en caliente tras el aval de Estrasburgo

El Tribunal Constitucional se repiensa sus primeras conclusiones acerca del ajuste legal de las devoluciones en caliente de inmigrantes. Los magistrados, que llevan semanas debatiendo sobre la constitucionalidad de la 'ley mordaza' —recurrida en 2015 por varios grupos, entre ellos el PSOE—, y que tenían muchas dudas sobre este punto en concreto de las expulsiones en frontera, se han encontrado con que tendrán que acomodar su deliberación a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que avaló este jueves estas devoluciones sumarias y falló por unanimidad a favor de España. El Ministerio del Interior, mientras, manifiesta que "respeta y acata" la resolución del tribunal de Estrasburgo, sin avanzar por el momento si eliminará esta práctica a través de una reforma legislativa o bien defenderá mantenerla en la legislación, lo que le podría ocasionar roces con sus socios de Unidas Podemos.

La corte europea, pues, puede reorientar la doctrina que intentaba asentar el TC. La Gran Sala del TEDH, la instancia superior del tribunal, y ante la que no cabe ya más recurso, rectificó una sentencia de la Sala de octubre de 2017 por la que condenó a España por la "expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, "sin ninguna medida administrativa o judicial previa". La demanda había sido planteada por dos inmigrantes, N. D. y N. T., nacionales de Mali y Costa de Marfil, que fueron expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en España a través de la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014. El Gobierno del PP recurrió esa primera condena. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, contrariamente a su posición de 2015, mantuvo y defendió esa impugnación a través de la Abogacía del Estado.

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Los 17 jueces de la Gran Sala consideran, en su sentencia, que los dos inmigrantes "se colocaron ellos mismos en una situación ilegal" cuando intentaron entrar en España aquel día al acceder a un lugar "no autorizado", aprovechando que estaban en un "grupo numeroso" y haciendo "uso de la fuerza". Decidieron "no entrar por los procedimientos legales". Así que el tribunal entiende que "la ausencia de una decisión individual de expulsión "se puede atribuir al hecho de que los demandantes, suponiendo que hubieran querido hacer valer los derechos en virtud de la Convención, no utilizaron los procedimientos de entrada oficiales existentes y que, por lo tanto, es la consecuencia de su propio comportamiento". El TEDH "no puede hacer responsable al Estado [España] de la falta de un recurso legal en Melilla que les hubiera permitido recurrir su expulsión". Y esta no constituye por sí misma, dice la resolución, una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Gran Sala rectifica la primera posición del TEDH y falla por unanimidad que España no violó el Convenio de Derechos Humanos en 2014

El giro de 180 grados de Estrasburgo puede tener efectos en la política migratoria europea. Pero también los tendrá indudablemente en España. Porque el TC se hallaba ya analizando el recurso que en mayo de 2015 [aquí en PDF] presentaron PSOE, Izquierda Plural, UPYD, Compromís-Equo, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Geroa Bai contra la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. La mayoría de los grupos de la oposición en aquel momento impugnaban varios artículos de esa norma, la llamada 'ley mordaza', que en una disposición final daba cobertura a las devoluciones en caliente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

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El magistrado del TC Fernando Valdés Dal-Ré, progresista, había asumido la ponencia sobre la constitucionalidad de la 'ley mordaza'. Según detallaban este jueves fuentes jurídicas consultadas por este periódico, su borrador dudaba del encaje en la Carta Magna de las devoluciones en caliente. Los recurrentes habían advertido de que este tipo de expulsiones en frontera, no sujetas a revisión judicial, privan al extranjero de su derecho a la tutela judicial efectiva al no garantizarle el acceso a los tribunales "en condiciones que aseguren el efectivo ejercicio de sus derechos de defensa", como prescribe el artículo 24 de la Constitución. La ponencia estaba sobre la mesa de los magistrados, aún pendiente de deliberación, pero el juez encargado, Valdés Dal-Ré, proponía tumbar la práctica. Pese a esta valoración preliminar, el acuerdo del pleno era aguardar al fallo del TEDH. Y tras él, las cosas han cambiado.

El TC aún se tomará un tiempo para resolver la constitucionalidad de la 'ley mordaza' del PP, pero podría tener efecto el parecer unánime del TEDH

Fuentes jurídicas apuntaban este jueves que la resolución unánime de Estrasburgo puede tener efectos en la decisión del TC, que aún se tomará un tiempo para resolver la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. El efecto es lógico porque el TEDH es una instancia superior y su doctrina es vinculante para España.

Precisamente la espera de un fallo de Estrasburgo motivó que el PSOE, ya en la Moncloa, se corrigiera a sí mismo en el otoño de 2018. En el debate de las enmiendas a la reforma de la normativa del PP, propuso posponer la supresión de las devoluciones exprés hasta que se procediera a los cambios en la Ley de Extranjería. Aquella posición, que contradecía claramente su postura defendida en 2015, cuando impugnó la norma con otros grupos, levantó la polémica y obligó al partido a buscar una salida.

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El PSOE achacó a un "error" la confusa redacción de su enmienda y explicó que lo que pretendía no era mantener estos procedimientos sumarios contra los inmigrantes, sino encajarlos en su ley correspondiente, la de Extranjería. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era partidario además de aguardar a la sentencia del TEDH, para que fuera este el que fijase doctrina y estableciese un marco común en toda la Unión Europea. Lo cierto es que ese giro ya contrastaba con el compromiso del mismo Sánchez en 2015 y el que reiteró en su discurso de defensa de la moción de censura de 2018.

Sánchez defendió en 2015 y en la moción de censura el fin de las repatriaciones exprés. Interior no tiene ahora precisado cómo será la reforma

¿Qué pasará ahora? Fuentes de Interior consultadas por este periódico señalaban este jueves que el Gobierno "respeta y acata las decisiones judiciales". Nada más. Desde el Ejecutivo no quisieron adelantar el sentido de la reforma de la 'ley mordaza', ni si esa futura modificación incluirá la prohibición de las devoluciones en caliente. La Asociación Unificada de la Guardia Civil pedía, tras conocerse la resolución del TEDH, que se clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de inmigrantes en España. Quiere saber, por tanto, si ha de seguir devolviendo en caliente a los que cruzan la frontera. A su juicio, hay que dotar de mayor seguridad jurídica el trabajo de los guardias civiles, protegiendo "eficazmente" los pasos fronterizos pero también respetando los derechos humanos de los inmigrantes, informa EFE. Antes de conocerse el pronunciamiento del TEDH, Marlaska había afirmado desde Las Palmas de Gran Canaria que en España todas las devoluciones en caliente se realizan en el marco de la normativa española y con "máximas garantías", informa Europa Press.

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El acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos no baja tanto al detalle. Los dos partidos consensuaron aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que reemplace a la normativa del PP y que garantice "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". "Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal", precepto que limita el derecho de huelga. Nada precisa esa redacción acordada, pues, sobre las devoluciones en caliente, rechazadas por los morados... y teóricamente también por el PSOE.