Sánchez y Casado se reunirán por sexta vez en 18 meses pero más separados que nunca

Pedro Sánchez y Pablo Casado mantendrán este lunes su sexta reunión en poco más de 18 meses con la idea, por parte del Gobierno, de conseguir acercar posturas en financiación económica, renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la AIReF y sumar al PP en el diálogo con Cataluña. Sin embargo, desde el principal partido de la oposición avisan de que acudirán a la cita para "defender" lo que ha "defendido siempre", denunciar cómo el PSOE se ha echado "en brazos de los radicales de ERC" en Cataluña, el "frenazo económico" que sufre España y con la incógnita de saber si el caso Ábalos —el encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Madrid Barajas— acabará aterrizando en plena reunión.

La Moncloa califica el encuentro del lunes —de momento es el único que está agendado con un dirigente de la oposición— como "muy importante". Y aunque en el equipo del presidente no quieren revelar los temas que este quiere abordar durante su entrevista, sí apuntan a que encajará en la senda marcada por él en la sesión de control al Gobierno del miércoles. Ahí están las pistas, señalan. No adelantan en el entorno del jefe del Ejecutivo si este le ofrecerá un documento para acercar posturas, una especie de remedo de la 'Agenda para el encuentro' que Sánchez entregó a Quim Torra en Barcelona el pasado jueves.

Sánchez —que en la sesión de control quiso diferenciar al PP de Vox— quiere "sumar al acuerdo" a Casado en el diálogo con Cataluña, el punto de mayor choque entre el Gobierno y la oposición conservadora. El presidente encabezará la mesa entre gobiernos con la Generalitat, y en ese foro no se sientan los partidos, pero en el PSOE son conscientes de que cualquier salida a medio y largo plazo para el "conflicto catalán" ha de contar con el consenso con el PP, porque de lo contrario nunca será una solución duradera, además de que Casado podría recurrir cualquier medida de reforma al Tribunal Constitucional, pues su partido ya impugnó el Estatut de 2006, recurso que los magistrados estimaron parcialmente en 2010. Sánchez ha venido recordando que su partido se comportó con "lealtad" y apoyó al Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando el independentismo se saltó unilateralmente la ley en el otoño de 2017. "Lealtad" que ahora demanda al PP, en reciprocidad.

El presidente quiere "sumar al diálogo" con Cataluña al PP, y le pide "lealtad", pero los conservadores no están dispuestos a "pasar ni una"

En el PP, sin embargo, como ocurrió en la primera reunión que mantuvieron en la Moncloa el 2 de agosto de 2018, no se fían. Aquella vez, y después de tres horas, Casado aseguró que "quiero fiarme, por no decir que no me fío", y avisaba: "No vamos a pasar ni una en Cataluña". El lunes, tras cuatro reuniones cada vez más cortas y más tensas entre el presidente y el jefe de la oposición, el PP denuncia más que nunca "todo lo que se ha transigido" en Cataluña, con "reunión con un golpista [Torra] incluido". Tampoco desde Génova se quiere desvelar las exigencias o los temas que llevarán a la reunión, ni si Casado volverá a exigir explicaciones de Sánchez sobre la reunión de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro en Barajas, un tema que casi monopolizó la pasada sesión de control.

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P. Esteban I. Gil

Diferenciar al PP de Vox

El presidente del Gobierno volvía a instar en el Congreso al PP a hacer una "oposición de Estado", a prestarse al entendimiento en grandes cuestiones de país, y diferenciaba el trato a los populares, en búsqueda de un deshielo difícil, del combate con Vox, con quien no quiere ni busca acuerdos. La traducción de esa oferta lanzada el miércoles en el hemiciclo llegó apenas horas después, cuando Sánchez citó en la Moncloa a Casado. La principal urgencia para Sánchez, a la hora de hablar con el PP, es proceder a la renovación de los órganos constitucionales.

El Ejecutivo tiene urgencia por renovar un CGPJ en funciones desde hace más de un año, pero el PP está frío por la designación de Dolores Delgado

"Yo le invito a que se sume al diálogo y al acuerdo, señor Casado, porque tan importante es el diálogo territorial como el diálogo entre el Gobierno y la oposición —le decía Sánchez a Casado en el pleno de este miércoles—. Tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente: podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General del Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica". El presidente estaba apuntando, por tanto, algunas de las cuestiones en las que cree que es necesaria la convergencia entre PP y PSOE: sostenibilidad financiera de las pensiones, renovación del modelo de financiación autonómica —en el que tienen que participar comunidades gobernadas por los populares, algunas de ellas en coalición con Ciudadanos— y, sobre todo cobertura de las vacantes en órganos constitucionales.

Del CGPJ al TC pasando por la AIReF

En este paquete entra el CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, pero también el relevo parcial en el Tribunal Constitucional o la elección de un nuevo Defensor del Pueblo y de un nuevo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pues el que era su responsable hasta ahora, José Luis Escrivá, fue reclutado por Sánchez para su Gobierno como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. PSOE y PP habían logrado cerrar un acuerdo para renovar el Poder Judicial en 2018 y situar al magistrado Manuel Marchena al frente, pero el SMS de Ignacio Cosidó a la bancada popular y la consiguiente retirada del juez hizo saltar por los aires el pacto. Ahora el PP se halla muy frío por la decisión del presidente de colocar al frente de la Fiscalía General del Estado, una pieza que sigue siendo clave para el presente y futuro judicial del 'procés', a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Además, se halla caducado, desde el pasado noviembre, el mandato de cuatro magistrados del TC elegidos por el Congreso: su presidente y vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarna Roca, y los vocales Andrés Ollero y Fernando Valdés Dal-Ré. Casi tres años lleva como defensor del pueblo interino el socialista Francisco Fernández Marugán. Un puesto para el que suena el exministro Ángel Gabilondo, actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Además de designar a la nueva cúpula de la AIReF, los partidos han de resolver el entuerto de la renovación del consejo de administración de RTVE. El concurso público está atascado y la administradora provisional única, Rosa María Mateo, acumula año y medio en el cargo, que puso a disposición en cuanto hubo nuevo Gobierno. Los socialistas están pensando ahora cómo deshacer la madeja, reflexionando si conviene reestructurar el sistema o bien alumbrar uno nuevo que suponga un rápido relevo en la cúpula de la radio y tele públicas, según reconocen fuentes de la dirección parlamentaria.