Los guardias civiles piden a Interior que les aclare si pueden devolver en caliente

Los guardias civiles piden claridad y seguridad jurídica. Tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que cruzan la frontera, la asociación mayoritaria de guardias civiles (AUGC) ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un protocolo para que los agentes tengan claro a qué atenerse cuando se encuentran ante estos supuestos. "Esta sentencia debe implicar un cambio en la legislación en materia inmigratoria en la que quede claro cómo deben actuar los agentes frente a la entrada irregular de migrantes en territorio español", reclama la asociación, que pide en concreto que el Ministerio del Interior proporcione así "garantía jurídica al trabajo" de los agentes, que en definitiva es "proteger las fronteras eficazmente" al mismo tiempo que "garantizar los derechos humanos de los migrantes".

En la misma línea se expresa la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc). "Nos alegramos del fallo, pues facilitará mucho la actuación de los agentes que se encuentran trabajando en la frontera", valoran desde la agrupación que aglutina a sargentos y brigadas, entre otros suboficiales. Asesgc considera asimismo que la resolución "pone de manifiesto el buen hacer en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en especial la labor de los guardias civiles destinados en Ceuta y Melilla tan criticada por algunos". "Nuestros compañeros en la frontera no realizan su trabajo en las mejores condiciones y esta sentencia les aportará más tranquilidad", añaden antes de reclamar que también sería deseable implementar los mencionados protocolos de actuación así como dotar a los agentes de mejores medios para hacer su trabajo.

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Fuentes de la Guardia Civil aseguran que hasta el pasado octubre, cuando tuvo lugar el último salto masivo, las devoluciones en caliente se han seguido realizando, aunque bajo la denominación de "rechazo en frontera". La actuación es la misma, la de devolver al país del que proceden a los inmigrantes que salten la valla de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la terminología ha cambiado. "Desde 2015, tras los sucesos del Tarajal, se hacen con el amparo legal que otorga la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana", aseguran las mismas fuentes.

Esta norma detalla que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Durante estos últimos meses, sin embargo, ha estado 'vigente' la anterior resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ahora acaba de rectificar el propio organismo judicial y que condenaba a España precisamente por protagonizar dos de esas devoluciones en caliente.

El 13 de agosto de 2014, dos ciudadanos -uno de Mali y otro de Costa de Marfil- fueron devueltos en caliente a Marruecos tras saltar la valla de Melilla. En 2017, el TEDH consideró que España había violado los artículos 4 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que hacían referencia a la prohibición de expulsiones colectivas y al derecho al recurso efectivo. La nueva resolución de la Gran Sala del alto tribunal comunitario, sin embargo, resuelve -también por unanimidad- contra su propio criterio y considera ahora que el Gobierno no violó el convenio.

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Argumentan ahora los 17 jueces que componen la sala que los dos inmigrantes se pusieron a ellos mismos en una situación ilegal al entrar por vías no legales en España cuando saltaron "deliberadamente" la valla de Melilla. Los magistrados aseguran que ambos formaban parte "de un gran grupo" que intentó saltar en masa "aprovechando ser numerosos" y valiéndose del "uso de la fuerza". "Habían optado por no utilizar los procedimientos legales que existían para ingresar legalmente al territorio español", señala la sentencia, que justifica que no se tomara la decisión de realizar expulsiones individuales. Esto, explica, "podría atribuirse al hecho de que los solicitantes, suponiendo que hubieran querido hacer valer los derechos en virtud de la Convención, no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes".

Esta forma de validar la expulsión colectiva, según el tribunal, radica en "la propia conducta" de los inmigrantes y, por lo tanto, "no puede responsabilizar al Estado". Desde el Ministerio del Interior rechazan valorar si a partir de ahora ordenarán a los guardias civiles devolver en caliente o hacer lo contrario y tratar de individualizar cada expulsión. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se limita a señalar a El Confidencial que "respeta y acata las resoluciones judiciales. No responde por lo tanto a la reclamación de los guardias civiles de que el Gobierno concrete qué actuaciones deben llevar a cabo en los supuestos de asaltos masivos.