Sánchez deja en manos del Congreso la iniciativa para reformar el poder judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que "serán los grupos parlamentarios" los que busquen un plan B para sortear el veto del Constitucional a la reforma del poder judicial. En respuesta al portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno, Sánchez no ha concretado el alcance de esta iniciativa, que se impulsaría a través de una proposición de ley, pero sí ha dejado claro que la iniciativa no corresponderá al Ejecutivo, sino a los grupos parlamentarios del bloque de investidura. La intención es que esta iniciativa incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación.

Según informaban fuentes parlamentarias socialistas este martes, se trataría de una iniciativa conjunta con sus socios de coalición, e incluso del bloque de investidura, con el objetivo de impulsarla "lo antes posible". Desde la tribuna, el portavoz de ERC ha ofrecido a Sánchez su apoyo a la proposición urgente para renovar el Tribunal Constitucional. "No se hicieron cambios en el Código Penal hasta que ERC se involucró en ellos. Quizá tengamos que involucrarnos en los cambios en el Poder Judicial. Quieren registrar una ley que recupere las enmiendas tumbadas. Háganlo, aquí estaremos", ofrecía Rufián.

El plan B de Sánchez sigue justificándose por las acusaciones al PP de bloquear la renovación de los órganos constitucionales. Una actitud por la que el presidente del Ejecutivo ha vuelto a situar a los populares fuera del marco constitucional y cuestionando la separación de poderes. "Según el PP, los ciudadanos eligen al legislativo, el Parlamento al Gobierno y el TC y el CGPJ, eso no, eso lo nombran ustedes", reprochaba el presidente del Ejecutivo a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien momentos antes lo había comparado con "Junqueras y Puigdemont" por el intento de reforma que acabó suspendiendo el Constitucional.

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La también secretaria general del PP ha exhibido músculo en la Cámara Baja por el fallo del TC a favor de su recurso de amparo, que ha infligido un "varapalo" judicial al Ejecutivo de Sánchez. "El Estado de derecho le ha doblado el brazo, por suerte para todos", ha celebrado Gamarra ante un Sánchez comedido. El presidente del Gobierno se enfrentará también esta tarde al jefe de la oposición en la Cámara Alta, un debate que los populares creen que será de alto voltaje y en el que Génova apunta que el jefe del Ejecutivo subirá los decibelios.

Sánchez no ha elevado excesivamente el tono contra la portavoz del PP, pero se ha referido a la "irresponsabilidad" del primer partido de la oposición en prácticamente todas sus respuestas a otros portavoces parlamentarios. Frente a Gabriel Rufián, por ejemplo, Sánchez ha asumido que "la democracia española tiene un problema" porque "el primer partido de la oposición no ha reconocido un resultado electoral" y trata de "gobernar por la puerta de atrás", en alusión a la "interferencia" de "otro poder" en la agenda legislativa del Ejecutivo.

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El presidente del Gobierno se ha presentado como defensor de la "Constitución" y de la "ley" frente a Feijóo, al que ha vuelto a señalar por "bloquear durante años" la renovación del Poder Judicial. El líder del PP endureció ayer las condiciones para retomar por enésima vez las conversaciones con el Gobierno, y exigió que, para volver a hablar, Sánchez debe dar marcha atrás en la eliminación de la sedición y en la rebaja de la malversación, debe tipificar el referéndum ilegal en el Código Penal y debe comprometerse a legislar para que "los jueces elijan a los jueces". La relación entre los dos líderes está hecha añicos, y las posibilidades de negociación son nulas, lo que condena toda posibilidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces en la presente legislatura.

Reforma exprés

Previamente a adoptar cualquier decisión respecto a la nueva proposición de ley, en la Moncloa ponen el foco en los votos particulares de los magistrados progresistas del Constitucional contra la decisión tomada este lunes, paralizar la tramitación en el Senado de las enmiendas a la reforma del Código Penal relativas a los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la norma que regula el funcionamiento del TC. Están a la espera de que el Constitucional remita el fallo a las Cortes Generales para poder analizar en profundidad estos votos particulares. "También son muy importantes", remarcan fuentes del Gobierno, deslizando que podrían utilizarse tanto para justificar los próximos pasos a dar como para las alegaciones con que se intentará impugnar la decisión desde Congreso y Senado.

La principal opción para responder al fallo del Constitucional sin implicar directamente al Ejecutivo, "desde la autonomía del Congreso", pasa por una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Una iniciativa propia que cumpliría con los requisitos legales negados en la reforma suspendida. Si se realiza por vía urgente y lectura única, en línea ya con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría estar aprobada en el plazo de menos de un mes, incluso antes, apuntan fuentes de la Mesa. Se podría incluso habilitar un pleno en el mes de enero, aunque no entre dentro del periodo de sesiones ordinario, para darle luz verde. Esta vía es la que reclaman desde el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, a los aliados parlamentarios, cohesionados tras la "injerencia" del TC en el legislativo.