El CGPJ fracasa en su única opción para desbloquear la crisis

El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó este martes sin acuerdo para nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. Un día después de que el tribunal paralizara la reforma con que el Gobierno buscaba acelerar su renovación, el órgano de gobierno de los jueces se reunió para votar a candidatos, pero ninguno logró el apoyo necesario. Tras más de siete meses de negociaciones y en pleno choque institucional, el bloqueo persiste.

El pleno del CGPJ, formado por 18 vocales y con mayoría conservadora, votó este martes a tres candidatos. Con las actuales reglas, el mínimo para sacar adelante los nombramientos exige el apoyo de tres quintas partes del Consejo, es decir, 11 votos: el magistrado José Manuel Bandrés, propuesto por los progresistas, se quedó en siete, mientras que los magistrados César Tolosa y Pablo María Lucas Murillo, propuestos por los conservadores, se quedaron en 10 cada uno. Se ha abstenido de la votación Enrique Lucas. El intento de apartar a Clara Martínez de Careaga, casada con el magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido, no ha prosperado. Con esa maniobra, los conservadores buscaban reducir el número de votos necesarios para alcanzar los tres quintos y sacar adelante la elección de Tolosa y Lucas con el respaldo de 10.

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Un grupo ha firmado un voto particular en el que asegura que el pleno se constituyó "indebidamente" con la participación de Careaga. "Es notorio que la vocal está casada con el magistrado Conde-Pumpido", con grandes opciones de convertirse en el próximo presidente del Tribunal Constitucional. "La vocal Clara Martínez de Careaga no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado", indican, defendiendo que su abstención era "evidente e indiscutible".

"De haber cumplido la vocal Clara Martínez de Careaga el deber legal de abstención que le afectaba, los candidatos Tolosa y Lucas habrían sido efectivamente designados magistrados del Tribunal Constitucional", añaden.

El pleno extraordinario de este martes se celebró a petición del bloque conservador del CGPJ. Nueve vocales forzaron la reunión para tratar de adelantarse a las nuevas reglas que imponía el Gobierno para nombrar a los candidatos del Constitucional, pero ese cambio de ritmo comenzó a ralentizarse con la batalla abierta en el propio tribunal. A última hora de este lunes, tras paralizarse cautelarmente la reforma del Gobierno por seis votos a cinco, fuentes jurídicas auguraban que el nuevo pleno fracasaría.

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A grandes rasgos, el bloqueo del Constitucional se resume en cuatro fechas: el 12 de junio, vence el mandato de cuatro de sus 12 magistrados, lo que abre la puerta a que el Gobierno logre el vuelco progresista con su renovación; el 13 de julio, a la vista de que el bloque conservador del CGPJ no tiene prisa por realizar los dos nombramientos que corresponden al órgano y, de esta manera, frena los otros dos que corresponden al Gobierno, el Ejecutivo anuncia su primera reforma exprés para forzar al Consejo a designar candidatos a mediados de septiembre; el 8 de diciembre, con los conservadores manteniendo el bloqueo en los nombramientos, el Gobierno pone en marcha una segunda reforma que despeja de un plumazo todos los obstáculos para lograr ese vuelco progresista, y el 19 de diciembre, el Constitucional paraliza este cambio legislativo.

El enrocamiento de bloques y las maniobras del Gobierno han llegado a tal punto que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, presentó su renuncia el 9 de octubre. Su paso atrás, sin embargo, no sirvió para reconducir la situación. El bloque conservador solo ha acelerado el proceso de nombramientos entre el 8 y el 19 de diciembre, cuando se encontró con que, esta vez sí, la reforma del Ejecutivo le obligaba a designar a sus candidatos e imponía nuevas reglas que amenazaban sus intereses. Ese riesgo les llevó a forzar la celebración del pleno extraordinario este mismo martes, pero, para entonces, el Constitucional ya había paralizado la reforma.

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El centro del bloqueo se encuentra en un nombre: el del magistrado José Manuel Bandrés. Los progresistas se han negado a valorar otras opciones de consenso y los conservadores no quieren apoyarle, al creer que es un candidato impuesto directamente por la Moncloa. El trámite vuelve así a la casilla de salida, aunque tras conocerse la paralización de la reforma, tanto el Gobierno como asociaciones de jueces y fiscales progresistas han comenzado a sugerir otra vía: sacar adelante el mismo cambio legislativo y, esta vez, hacerlo por un trámite sin visos de inconstitucionalidad.

Como informaba este lunes El Confidencial, el Constitucional ha paralizado la reforma porque la misma se ha introducido a través de dos enmiendas a una proposición de ley que en principio solo se refería a aspectos como derogar el delito de sedición y, por tanto, carece de la "conexión u homogeneidad" exigible. Pese a ello, el Constitucional solo pone en duda la forma en que se iba a aprobar, no el fondo, y esto permite al Gobierno volver a la carga con otra iniciativa legislativa. Mientras tanto, el bloqueo se mantiene en el CGPJ y, a falta de que designe a sus dos candidatos, el Gobierno tampoco puede hacer lo propio para lograr el vuelco progresista en el tribunal.