Feijóo exige a Sánchez frenar la "escalada verbal" y paralizar su reforma penal

Vuelta a la casilla de salida. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tendido de nuevo la mano al Gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha precisado que solo volverá a hablar con Pedro Sánchez si este paraliza la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación a "condenados por corrupción". El dirigente ha puesto encima de la mesa sus condiciones para pactar los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, caducado desde hace más de cuatro años, entre las que subrayado la tipificación del referéndum ilegal o ahondar en la despolitización de la Justicia. La situación de bloqueo del CGPJ y la ruptura de las negociaciones con el PP llevó al Gobierno a plantear una reforma judicial acelerada para forzar un vuelco en el TC a favor del bloque progresista. Lo hizo con un mecanismo parlamentario cuestionable que, finalmente y por primera vez en democracia, ha sido frenado por el Tribunal Constitucional.

"El presidente del Gobierno tendrá en mí un aliado", se ha comprometido el jefe de la oposición, que se ha ofrecido al Ejecutivo para volver a "acuerdos de Estado" y desatascar la situación de interinidad del CGPJ que, en última instancia, ha derivado en un choque institucional sin precedentes entre el Tribunal Constitucional, el Gobierno y las Cámaras. Feijóo se ha abierto a modificar el Código Penal, pero ha incidido en que los dos grandes partidos deben "pactar" en qué términos "puede asimilarse nuestra legislación al del resto de Europa", recordando la justificación con la que el Ejecutivo enmascaró la nueva cesión al independentismo.

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"Los partidos de Estado hacen acuerdos de Estado. Y yo estoy a disposición del Gobierno para llevar a cabo acuerdos de Estado", incidía Feijóo durante una comparecencia urgente en la sede nacional de Génova. El líder del PP ha precisado que, tras el varapalo del Tribunal Constitucional a la "cacicada" parlamentaria del Ejecutivo, a Sánchez le quedan "dos salidas". La primera es pactar la renovación del CGPJ previa tipificación del referéndum ilegal; mantenimiento en el Código Penal de los delitos de sedición y malversación; y renuncia expresa a intentar "controlar los jueces". La segunda es convocar elecciones. "Dado que se están adoptando decisiones de extraordinaria gravedad, que no han sido sometidas a la consideración de la Cámara, la otra salida es la celebración de elecciones", insistía.

Feijóo se ha crecido con su victoria judicial contra Sánchez, y ha endurecido las condiciones para renovar el CGPJ, lo que condena su desbloqueo en la presente legislatura. En su discurso, el líder popular se ha dirigido directamente a Sánchez para exigirle que "rebaje la escalada verbal" contra el PP y contra los jueces, después de que desde la Moncloa se cuestionase, incluso, la legitimidad del Tribunal Constitucional. "Basta ya de hablar de golpes de Estado, de intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a los jueces, de decir que quien no está perfectamente alineado con sus tesis es un conspirador o un fascista, basta ya de cuestionar los procedimientos y los principios que hacen de nuestro país una democracia liberal", se desahogaba Feijóo.

Feijóo, a Sánchez: "Basta ya de hablar de golpes de Estado, de llamar fachas con toga a los jueces"

El líder del PP ha tardado varias horas en dar una respuesta contundente después de la tibia reacción de Génova, que solo envió un comunicado cuando trascendió la resolución del Tribunal Constitucional el lunes por la noche. Feijóo ha denunciado que Sánchez haya "presentado como ataque al Parlamento lo que en realidad es una defensa de las Cortes Generales". El dirigente ha solicitado, además, que el Gobierno frene también la "escalada de cesiones al independentismo", acusando particularmente a Sánchez no solo de "ceder en todo" ante los nacionalistas, sino incluso de "copiar su estilo de hacer política".

"Tiene que parar esta decadencia", imploraba el jefe de la oposición, insistiendo en que las "grandes decisiones de Estado", especialmente las que afectan a instituciones u ordenamientos básicos, siempre tienen como alternativa a "un partido constitucionalista". "En lo que a mí respecta, siempre tendrá un aliado", insistía. Respecto a las críticas por parte de la izquierda al TC por tomar una decisión tan trascendental cuando varios de sus magistrados —entre ellos Trevijano y Narváez, contra los que PSOE y UP presentaron escritos de recusación— tienen el mandato caducado, Feijóo ha recordado que el penúltimo presidente del TC, Fernández Arribas, "tuvo el mandato prorrogado durante 18 meses"; mientras que la expresidenta Emilia Casas elevó esa prórroga "durante 41 meses". "Y dentro de esa prórroga se dictó la sentencia del Estatut de Cataluña", recuerda. Los argumentos de la izquierda en este caso son, a su juicio, "lamentables".

Ayuso pide la dimisión de Sánchez

Diferentes portavoces del PP han insistido este martes en que la democracia ha salido "más fortalecida" después de que el Tribunal Constitucional admitiese su recurso de amparo con petición de cautelares, pero la tormenta política que ha desatado la decisión ha llevado al primer partido de la oposición a advertir del "peligro" de "cuestionar la legitimidad" del Tribunal Constitucional, como ha hecho la Moncloa. El Ejecutivo acatará el fallo del órgano de garantías, pero advierte que emprenderá las "medidas que sean precisas para poner fin la bloqueo", como avanzó este mismo martes Pedro Sánchez en una declaración institucional.

Opinión

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La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, ha defendido el derecho de los parlamentarios a recurrir al Tribunal Constitucional para garantizar sus derechos en la Cámara. La dirigente ha recordado que el Ejecutivo tiene legitimidad para ejecutar una reforma del Poder Judicial, pero siguiendo "las garantías de los procedimientos". El PP censura en este sentido la posibilidad de que los socios parlamentarios de Sánchez y el propio PSOE impulsen una proposición de ley 'exprés' en el Congreso de los Diputados, habilitando para ello el mes de enero como hábil en el Parlamento, y entienden que una reforma como que plantea el Ejecutivo sólo puede hacerse por proyecto de ley, con "los informes preceptivos" y con "comparecencias de expertos".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a elevar el tono por encima del de sus compañeros de partido y ha precisado que Sánchez debería haber cesado "inmediatamente" al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o directamente dimitir él mismo. "Es una patada hacia delante para volver a separar y enfrentar al Parlamento con la Justicia", ha incidido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha censurado especialmente que el Gobierno "haga elegir entre la democracia y los jueces".

Vox acude al Supremo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que se querellará contra Pedro Sánchez "y todos los que han intervenido en este concierto delictivo", en alusión a los socios habituales del Ejecutivo, y presentará dicho escrito este mismo viernes en el Tribunal Supremo. El partido de ultraderecha ha ido un paso más allá que el PP en su ofensiva judicial y ha pedido a la Mesa del Senado no sólo que acate la paralización de las dos enmiendas relativas al Poder Judicial, sino la proposición de ley en su conjunto.

Abascal ha acusado a Sánchez de dar "un golpe contra el Estado de derecho y la Constitución", y ha advertido que, pese al fallo del Tribunal Constitucional, aún "no se ha detenido". El "plan" del Gobierno, ha reiterado el dirigente, sigue en marcha, en alusión a la derogación del delito de la sedición y la reforma del de malversación. Vox acudirá al Supremo en lo que ha calificado como una "conspiración para delinquir" por parte del Ejecutivo.