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Imputan a la exconcejala del PP acusada de esclavizar a una joven mexicana en su casa
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Imputan a la exconcejala del PP acusada de esclavizar a una joven mexicana en su casa

Un juez de Ourense la llama a declarar como investigada junto a su madre por un delito contra los derechos de los trabajadores. La presunta víctima narra 11 años de calvario

Foto: La joven mexicana denunciante y la exconcejala del PP en Ourense Carmen Carballo Fernández.
La joven mexicana denunciante y la exconcejala del PP en Ourense Carmen Carballo Fernández.
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha imputado a una exconcejala del PP llamada Carmen Carballo Fernández y a su madre tras la denuncia presentada contra ellas por una joven mexicana a la que acogieron en su casa cuando apenas tenía 18 años. La presunta víctima sostiene que fue privada 11 años de su libertad, forzada a trabajar sin recibir un sueldo, sufriendo maltrato psicológico y físico constante. A ambas se las investiga por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según informa a El Confidencial el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y confirma el abogado de las denunciadas.

Carmen Carballo y su madre, Serafina Fernández, están llamadas a declarar en el juzgado. El letrado que las representa sostiene que todo forma parte de una denuncia falsa y avisa de que emprenderá acciones legales contra la joven dentro de la misma causa. También está citada a declarar ante el juez la tía de la exconcejala. Según el relato de la denunciante, esta mujer la ayudó a escapar de Ourense y del supuesto calvario que vivió durante más de una década. Le prestó dinero y un móvil para que pudiera llegar a Madrid. Eso ha provocado un conflicto interno en la familia, según las fuentes consultadas.

Foto: La joven mexicana denunciante y la exconcejala del PP en Ourense Carmen Carballo Fernández.

Tal y como adelantó este periódico, la Fiscalía inició en verano unas diligencias de investigación después de recibir la información del caso por parte de la embajada de México. Comunicó que una compatriota llamada Marlene R.H. se había presentado en su delegación diplomática de Madrid sin pasaporte y decía haber pasado 11 años privada de su libertad en Ourense. Las autoridades mexicanas en España le dieron un pasaporte nuevo y en cuestión de horas la subieron a un avión de urgencia y regresó a casa con su madre.

Tres meses después, a finales de octubre, la Fiscalía elevó sus pesquisas a un juzgado al entender que hay indicios suficientes de delito. Entre los trabajos realizados por el ministerio público, se incluye una entrevista realizada por videoconferencia desde México con la joven. El origen del calvario que denuncia Marlene R.H. se ubica en 2010. Su padre falleció cuando ella recién había cumplido la mayoría de edad. Su tío trabajaba en un hotel propiedad de la familia Carballo-Fernández en Ciudad de México y les pidió que se hicieran cargo de su sobrina.

Su madre denunció su desaparición

La oferta a la joven fue trasladarse con ellos a Ourense para trabajar, estudiar y empezar una nueva vida en Europa, lejos de las penurias económicas del destino que le esperaba en su país. Sin embargo, Marlene relata que la pusieron a limpiar varias casas, las de ambas investigadas y otras de la familia. Eso sin percibir ningún salario, sin regularizar en España y sin estar dada de alta en la Seguridad Social. El resto del tiempo ejerció como empleada doméstica de la madre de la exconcejala y su marido.

Foto: La exconcejala del PP en Ourense Carmen Carballo.

La joven mexicana añadió que le retiraron toda su documentación nada más llegar. Podía hablar con su familia mexicana en contadas ocasiones y siempre bajo la supervisión de una de las dos imputadas. Eso provocó que perdiese el contacto con sus allegados, hasta el punto de que en 2016 su madre denunció la desaparición de Marlene al no tener noticias de ella. A la narración de este calvario se suman además presuntas amenazas de represalias a su familia si Marlene dejaba el trabajo.

La denuncia de los familiares desde México llegó a la Policía Nacional, que dio con ella en Ourense y le preguntó si quería volver a casa. Les dijo a los agentes que no y que su intención era seguir en España. Luego contó que hizo esas manifestaciones condicionada por las represalias y el miedo. El abogado de la madre y la hija dice que irá hasta el final para descubrir la verdadera motivación de esta denuncia. Según avanza, pedirá una comisión rogatoria con México para que Marlene declare por videoconferencia.

Foto: Gonzalo Pérez Jácome. (EFE)

Fuentes jurídicas informan de que la Fiscalía judicializó su investigación tras apreciar un posible delito de trata de seres humanos con fines de esclavitud, un delito contra los derechos de los extranjeros, un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, otro de amenazas continuadas y otro de maltrato habitual. Marlene sostiene que además la agredieron físicamente y que la exconcejala del PP la amenazó con sus contactos políticos y policiales en Ourense. También que le hizo creer que su madre había muerto de covid. Aunque la noticia era falsa, eso generó que perdiese el miedo a las posibles represalias a su familia y activó el deseo de escapar, siempre según el relato de la joven.

El abogado lamenta el perjuicio que esta información ha generado en sus clientas, que son dos personas muy conocidas en la localidad. Carmen Carballo es abogada de profesión y su salto a la política motivó que La Voz de Galicia le hiciera una entrevista cuando tomó posesión de su cargo como concejala del ayuntamiento ourensano en 2012. Carmen Carballo Fernández se definía a sí misma como una persona partidaria de llegar a acuerdos. “Es para mí un honor ser concejala del lugar donde nací y donde vivo. Mi objetivo es trabajar en beneficio de todos los ourensanos”, dijo. Nacida en 1968, tenía entonces 44 años, 10 menos que ahora.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha imputado a una exconcejala del PP llamada Carmen Carballo Fernández y a su madre tras la denuncia presentada contra ellas por una joven mexicana a la que acogieron en su casa cuando apenas tenía 18 años. La presunta víctima sostiene que fue privada 11 años de su libertad, forzada a trabajar sin recibir un sueldo, sufriendo maltrato psicológico y físico constante. A ambas se las investiga por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según informa a El Confidencial el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y confirma el abogado de las denunciadas.

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