¿Quién mató al agente Celso?

Todo eran buenas noticias para el inspector Antonio Rodríguez en las navidades de 2014. Pocos días antes de las fiestas, había recibido la confirmación de que dejaría sus funciones al frente de Seguridad Ciudadana para ser el nuevo jefe del Grupo de Drogas de Ourense. El destronado fue Roi Deprado Lahoz , uno de los gemelos. De la noche a la mañana, le mandaron a labores menos emocionantes, concretamente al Servicio de Atención a la Familia. Aquella permuta se interpretó como un “premio” para el inspector Rodríguez. Él y su gente acumulaban operaciones de éxito y su papel en Estupefacientes podría potenciar resultados. Sus compañeros creen que eso desató una guerra de celos de tal magnitud que, años después, las heridas continúan abiertas.

La gente de Antonio eran sus subordinados en el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), conocidos como “los halcones”. Son policías acostumbrados a desgastar la suela en la calle. Su función es prestar especial atención a la delincuencia más activa en su zona. Eso casi siempre pasa por la noche y, en Ourense, tiene que ver con el trapicheo de droga. Aquí entra en juego el trato con los confidentes. Sus ojos en el hampa del interior gallego eran chorros de poca monta y representantes del lumpen orensano, de esos que coleccionan adicciones y entradas en el fichero de antecedentes.

Las citas más productivas eran las que tenían lugar en el Bar Diana, ubicado en la avenida de Santiago. Ahí es donde Antonio Rodríguez se veía con Josefa, ‘la Pucha’ , una narcotraficante de la zona y personaje central en esta narración. Josefa Pérez González, nacida en Ourense hace 65 años, tenía una red de colaboradores. Se puede decir que no se movía una papelina en Ourense sin que se enterase Josefa, quien apodó al inspector Antonio Rodríguez con el mote del Panadero, solo ella sabe por qué. Pero todo empezó a torcerse cuando alguien mandó en noviembre de 2014 un escrito anónimo a la Unidad de Asuntos Internos, en Madrid.

El autor desvelaba que los resultados de “los halcones” tenían truco: el inspector Antonio y su grupo en realidad colaboraban con la Pucha y le quitaban de en medio a la competencia. El comunicante describía a un grupo policial actuando sin control. Daba cuenta incluso de un peligroso trasiego de datos personales de policías a los delincuentes. Les pasaban matrículas, nombres, direcciones… Así podían consultar cuando viesen algún coche extraño merodeando a su alrededor. En la nota se introducía, además, otra clave que tendrá una importancia capital en la muerte de Celso : advertía de una trama de venta de armas de la comisaría que terminaban en el mercado negro. “No puedo consentir que sigan actuando así, el día menos pensado puede haber una desgracia”, concluía el anónimo.

La denuncia la asumió el Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos, que puso el foco sobre el inspector Antonio Rodríguez y su relación con la Pucha. Lograron convencer al juez para pinchar sus teléfonos. Más adelante harían lo mismo con otros policías. Concluyeron que existía una alianza entre la comisaría de Ourense y Josefa que iba más allá de la relación entre agente y confidente. Ella proporcionaba información sobre traficantes rivales y el Grupo de Drogas se apuntaba operaciones rápidas, sencillas y mediáticas. Lo que dibuja la investigación es una comisaría provincial bailando al son que marcaba una narcotraficante sexagenaria propensa a explotar en arrebatos de furia.

Por el juzgado pasaron decenas de policías de la comisaría llamados a declarar como testigos, pero sus respuestas no pasaron de la irrelevancia. Nadie sabía nada, nadie vio nada raro. Se sucedieron los “no lo sé”, “no recuerdo”, “no me consta”. Todas las partes se emplazaron al juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Ourense en 2021. Las acusaciones acudieron confiadas de contar con un aluvión de pruebas a su favor. Policías y narcos compartieron banquillo de los acusados por un abanico de delitos. La Fiscalía pidió penas de cárcel que iban hasta los 13 años para la Pucha y casi 11 años para el inspector Antonio Rodríguez . Sin embargo, algo no gustó a los jueces y su sentencia supuso un nuevo giro de guion: todos los acusados resultaron absueltos por un defecto de forma. La resolución anuló todas las escuchas telefónicas en las que se sustentaba la causa.

La sentencia supuso un varapalo para la Unidad de Asuntos Internos. Acusó a los investigadores policiales de haber ocultado información a la hora de justificar su petición de pinchar los teléfonos. Ni siquiera le hicieron llegar el escrito anónimo que dio origen a las pesquisas. Y, si no era válida la primera intervención, tampoco servían todas las evidencias y peticiones que vinieron después. Fuentes del alto tribunal confirman a El Confidencial que todavía no hay fecha fijada para deliberar sobre el recurso de la operación Zamburiña. No se prevé el desenlace hasta principios del año que viene, en 2023. El ponente de la sentencia será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Habrán pasado más de ocho años desde que arrancó la investigación.

El inspector Antonio Rodríguez fue apartado por su procesamiento. Ya nunca más volverá a dirigir el grupo de Drogas de Ourense, pero al menos su absolución provisional le ha permitido volver a trabajar en la comisaría. Ha llegado a un acuerdo con sus jefes para ocupar un puesto no operativo al frente de la sección de Estadística. Aun así, dice que sigue en contacto con confidentes en la calle porque se lo piden sus compañeros. Alguna vez se ha tomado un café con la Pucha . Sostiene que le ha demostrado más lealtad que muchos policías.

Unas semanas después de concluir esta investigación, la prensa local recogió la muerte de la Pucha . La noticia no iba más allá de un breve. El diario La Región recordó de ella que “trabajó en la hostelería (bares, pubs y discotecas)”. Y así pasaron los años, una vida entera bordeando la legalidad hasta que murió en su casa. Una fuente policial consultada por este periódico reaccionó como cuando se marcha un viejo conocido tras haber compartido vivencias de todo tipo: “Una tipa peculiar. Sabía el nombre del 90 por ciento de los policías de judicial de la comisaría”.

En el parking interior de la comisaría de Ourense hay una compuerta que todavía hoy sigue precintada por orden del Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad. Es un recuadro de un metro de altura y otro de ancho que da acceso a un pasadizo conectado directamente con el ascensor del edificio. Los investigadores sospechan que por ahí se colaron los gemelos Roi y Bernardo Deprado Lahoz en 2016 para matar a su compañero Celso Blanco , uno de sus pocos amigos. Ese pasadizo evitaba las cámaras de seguridad y cruzarse con compañeros por los pasillos. El inspector de Policía apareció muerto en su despacho con un disparo de bala en la cabeza. Fue un sábado de abril. Ese día, los problemas en la sede policial terminaron por sobrepasar todos los límites.

Existen varias teorías sobre cómo murió Celso Blanco y ninguna certeza, al menos de momento. La Justicia mantiene a los hermanos como únicos investigados por un presunto delito de homicidio. Sus taquillas del vestuario de la comisaría conservan también un aparatoso precinto policial. Su abogado se esfuerza por lograr el archivo del caso antes de llegar a juicio. Solo por el homicidio, podrían ser condenados a 15 años de cárcel. El procedimiento se pierde entre una sucesión de informes y contrainformes que, lejos de despejar dudas, abunda en contradicciones. No hay respuesta a la principal duda de esta historia: ¿Celso Blanco se suicidó o le mataron?

La primera tesis es que el fallecido quería el puesto de la armería de la comisaría. Era un destino cómodo, con horarios razonables y, además, a Blanco le gustaba practicar tiro en la galería. Era un trabajo soñado para él. Para conseguirlo, urdió una trama que consistía en poner de relieve la incapacidad del entonces responsable del arsenal, incapaz siquiera de llevar un control sobre el material. Por eso robó primero las armas y después mandó varios escritos anónimos a la prensa y a Asuntos Internos desvelando la desaparición de las pistolas. Cuando se vio descubierto y a punto de ser detenido, se pegó un tiro.

La otra tesis dice que Celso Blanco no actuó solo, sino en colaboración con los gemelos. O que sencillamente los hermanos, también aficionados al tiro, lo utilizaron. Por eso el primero de los escritos anónimos hablaba de las actividades del grupo de Drogas que derivó en la operación Zamburiña. Roi Deprado, estaría movido por el ataque de celos tras haber sido apartado del Grupo de Drogas y su hermano simplemente le ayudó. Y, cuando tuvieron sospechas de que Celso les iba a delatar, se adelantaron dándole muerte en la propia comisaría. Entraron por el parking trasero para burlar las cámaras de vigilancia. Roi iba al volante y Bernardo, escondido en el maletero.

Esta segunda teoría es la que dio por buena la jueza de Instrucción Número 3 de Ourense, Eva Armesto, tras dos años de investigación. Se basa en informes periciales sobre el funcionamiento de la pistola y la trayectoria del disparo, las declaraciones de testigos o la inspección ocular del escenario del crimen. En esos estudios se reflejó que el trazado del disparo fue descendente, realizado de arriba abajo a una distancia de hasta 10 centímetros de la cabeza y no a bocajarro como suele corresponder a un suicidio. Al juez le llamó la atención que la víctima no presentase ningún rastro en el cuerpo de haberse golpeado ya fuese contra la mesa o al desplomarse contra el suelo tras el impacto de la bala.

También le resultó extraño que tuviese manchas de sangre en la palma de la mano que presuntamente había usado para rodear la empuñadura y apretar el gatillo. Reflejó en su auto que alguien manipuló la pistola tras el disparo “resultando inverosímil que lo haya hecho Celso”. A su juicio, había alguien en el despacho antes de que encontraran el cadáver. Sobre el robo de las armas, afirma que en la sala previa a la armería había un cajetín con una copia de la llave que abría la puerta de la armería. En esa llave aparecieron restos del ADN de Celso Blanco.

El abogado de los gemelos niega la mayor. Dice que a Roi nunca le interesó la lucha contra el narcotráfico y que le hicieron un favor quitándole de esa unidad. Sobre el pasadizo secreto, defiende que se analizaron las huellas dactilares halladas en el recorrido y no coinciden con las de sus clientes. Admite que Roi estuvo ese día en la sede policial, pero, en el momento en el que se determina la muerte de Celso, estaba fuera haciendo recados. Alega que Bernardo se encontraba presenciando unas pruebas de atletismo como acredita el posicionamiento de su teléfono móvil. Destaca que los tres eran amigos y el día anterior se les vio juntos entre risas.

Ni Bernardo ni Roi ni Celso Blanco tenían pareja o hijos. El fallecido, en cambio, sí tiene hermanos. No se prodigan en los medios de comunicación, pero tienen claro que su hermano no se suicidó. No se creen esa versión. A su juicio, fue sorprendente porque vivía para su madre y se hubiese despedido de ella antes de ir a comisaría por última vez. Dicen contar con un tercer escrito anónimo de alguien que dice saber lo que pasó. Otra vez un documento sin firma para añadir más interrogantes a un caso que, siete años después, sigue sin cerrar ninguna de sus derivadas. La familia de Celso Blanco reclama justicia y lamenta que en la comisaría de Ourense haya gente que no ha contado todo lo que sabe.