La Moncloa fía al Supremo el carpetazo a la revisión de sentencias por la ley Montero

El Gobierno confía en que el Tribunal Supremo se pronuncie en contra de la revisión de sentencias con base en la Ley de Libertad Sexual, conocida como solo sí es sí. Tras la orden dictada por la Fiscalía General del Estado, ordenando a los fiscales que informen a favor de mantener aquellas condenas que sigan siendo imponibles en aplicación de la nueva norma, el Gobierno espera un posicionamiento similar del TS la próxima semana. Con ello, pretende dar carpetazo a una polémica que ha generado fuertes tensiones en el seno del Ejecutivo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido lanzar un mensaje de "prudencia" y "tranquilidad" ante la revisión de sentencias a agresores sexuales después de que haya actuado la Fiscalía. "Confío en el poder judicial y en todos los operadores jurídicos", explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para que se mantenga el espíritu de la ley para "la protección de las mujeres".

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Fuentes de la Moncloa alaban la orden de la Fiscalía al considerar que, frente al "alarmismo", ofrecen "seguridad jurídica" y esperan que el Supremo siga la misma línea. Un "precedente" y un "pronunciamiento contundente", añaden estas mismas fuentes, por lo que lo fían todo al Supremo para enterrar esta polémica. Según defienden, "había mecanismos y doctrina suficiente para que la aplicación sea esta", concluyen en referencia a la orden de la Fiscalía.

El alto tribunal, sin embargo, no tiene previsto sentar un criterio general que sirva para interpretar todos los supuestos prácticos vinculados a la norma. Su intención es la de ir caso a caso, supuesto a supuesto, y desarrollar jurisprudencia a lo largo de sucesivas sentencias. Cada una de sus decisiones solo será asimilable a otros casos con circunstancias idénticas. Desde el Ejecutivo evitan situarse en esta hipótesis y optan por "esperar" para ganar tiempo tratando de que se diluyan las tensiones en el seno de la coalición.

La posición del Gobierno pasa por intentar cerrar filas dentro de la coalición, evitando un choque con el Ministerio de Igualdad que desde un primer momento puso como una línea roja acometer cualquier cambio o corrección en la ley. De ahí que el mensaje sea de defensa y reconocimiento de la norma como una iniciativa de todo el Ejecutivo, no solo del ministerio morado que lidera Irene Montero, dando "síntomas de unidad". El objetivo es evitar cualquier tipo de reproche a los socios que escale en un enfrentamiento en la coalición. Ni siquiera por las acusaciones vertidas a los jueces desde el Ministerio de Igualdad, tanto al tildar su tendencia "machista" como al señalar una falta de formación en materia de violencia contra las mujeres y errores en su interpretación de la norma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impuso una posición de cautela a su partido, tras la ejecutiva celebrada en Ferraz este lunes, para apaciguar la batalla interna en la coalición y dentro del espacio de Unidas Podemos, cuya ruptura dejaría en duda la continuidad del Ejecutivo y, por tanto, de la legislatura. Las mismas voces del PSOE que habían abierto la puerta a corregir la norma ante el goteo de sentencias revisando a la baja las penas de agresores sexuales ahora optan por no mencionar esta posibilidad.

El presidente del Ejecutivo ya evitó referirse a la intención del Gobierno de revisar la ley el pasado miércoles desde Bali, como sí habían deslizado previamente otros dirigentes, dejando en manos de "los tribunales y la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones". Sánchez defendió la intencionalidad y el objetivo de la norma, que calificó como una "conquista feminista" para convertir en delito todo tipo de agresión sexual y justificó que la voluntad tanto del Gobierno, al aprobar el proyecto, como del poder legislativo, con su tramitación parlamentaria, fue la de "reforzar la seguridad de las mujeres" e identificar cualquier agresión sexual como delito sexual para que haya penas más agravadas.