Sánchez detiene las hostilidades por la ley Montero e impone cautela en el PSOE

Prudencia, esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre la ley del solo sí es sí y, sobre todo, evitar cualquier tipo de reproche a los socios que escale en un enfrentamiento en la coalición. Ni siquiera por las acusaciones vertidas a los jueces desde el Ministerio de Igualdad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impuesto una posición de cautela a su partido, tras la ejecutiva celebrada en Ferraz, para apaciguar la batalla interna en la coalición y dentro del espacio de Unidas Podemos, cuya ruptura dejaría en duda la continuidad del Ejecutivo y, por tanto, de la legislatura. Las mismas voces del PSOE que habían abierto la puerta a corregir la norma ante el goteo de sentencias revisando a la baja las penas de agresores sexuales ahora optan por no mencionar esta posibilidad, a la que se oponen como una línea roja desde Podemos.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pasado de tomar una posición activa en esta polémica, abogando el pasado miércoles por tomar la iniciativa y "estudiar y valorar desde el punto de vista jurídico posibles modificaciones de la ley", a apelar a la prudencia. "Ahora lo prudente es esperar a que los jueces unifiquen doctrina antes de extraer otras conclusiones", ha afirmado Alegría en rueda de prensa desde Ferraz.

Una posición que contemporiza más con los morados que con las voces críticas dentro de su partido, después de haber defendido que, "si hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca (la revisión de condenas) y conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarlos". En una línea similar se había manifestado la ministra de Hacienda y vicesecretaria del partido, María Jesús Montero, abriendo la puerta a estudiar cambios en la ley.

El presidente del Ejecutivo ya evitó mencionar la intención del Gobierno de revisar la ley el pasado miércoles desde Bali, como sí habían deslizado previamente otros dirigentes, dejando en manos de "los tribunales y la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones". Sánchez defendió la intencionalidad y el objetivo de la norma, que calificó como una "conquista feminista" para convertir en delito todo tipo de agresión sexual y justificó que la voluntad tanto del Gobierno, al aprobar el proyecto, como del poder legislativo, con su tramitación parlamentaria, fue la de "reforzar la seguridad de las mujeres" e identificar cualquier agresión sexual como delito sexual para que haya penas más agravadas. Los tribunales, sin embargo, están haciendo lo contrario, reduciendo las penas a condenados por la brecha abierta en esta nueva ley, con el visto bueno de la Fiscalía.

Cierre de filas para suavizar tensiones con los socios, mientras que desde los territorios los barones optan por marcar mayores distancias y urgir una modificación de la norma. Esta polémica ha provocado que alzaran la voz la mayoría de barones. Los tradicionalmente más inflexibles con Sánchez, pero también los más afines y poco dados a la crítica. Desde quienes están gobernando a los que aspiran a hacerlo. Algo inédito desde que Sánchez había accedido a la Moncloa. Para todos ellos, a punto de enfundarse el mono de candidatos por encima del traje presidencial, es imprescindible una rápida rectificación para cerrar esta carpeta a la mayor brevedad posible.

Los socialistas también están evitando censurar las palabras de responsables de Igualdad, incluyendo la ministra Irene Montero, que se han referido a la existencia de una justicia "machista", así como una falta de formación de los jueces en materia de violencia contra las mujeres y errores en la interpretación de la norma. Sin entrar a valorar estas acusaciones, los socialistas se limitan a manifestar por su parte el "máximo respeto" al poder judicial y a su "autonomía".

En el PSOE no hay voces de peso que hayan alentado directamente una dimisión de la ministra de Igualdad, pero sí una rectificación. Este es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien recriminó que "la soberbia, también la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo la solución". En la Moncloa optan por contemporizar con sus socios de coalición, la misma posición que ahora se toma desde Ferraz.

En el cuartel general del PSOE se niegan a dar pistas sobre qué posición se tomará si el Supremo determinase una rebaja de penas. "Futuribles" que ahora no se plantean, según explican oficialmente. Eso sí, en privado dicen confiar en una "rápida resolución" del Supremo y que se actuará a partir de ese momento. Ante la previsión del Supremo de no sentar un criterio general que sirva para interpretar todos los supuestos prácticos vinculados a la norma, en Ferraz optan por "esperar" y ganar tiempo tratando de que se diluyan las tensiones en el seno de la coalición.

Al mismo tiempo que desde el PSOE se intenta rebajar la tensión por esta polémica para no dañar la salud de la coalición, la misma semana en la que se votan los presupuestos en el Congreso, los morados también rebajan el tono. La portavoz del partido, Isabel Serra, tampoco ha querido pronunciarse sobre las críticas del ex secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de ponerse "de perfil" ante la "cacería" contra Montero. Eso sí, denuncian una "campaña política" y una "avalancha mediática" contra el ministerio de Irene Montero y el conjunto del Ejecutivo.