La jueza apunta a Marlaska por invadir funciones con los menores de Ceuta: "¿Cómo se explica?"

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se tendría que haber quedado al margen de las gestiones con Marruecos para devolver menores en el verano de 2021. Al menos eso es lo que sostiene la jueza de Ceuta que investiga aquella operación retorno. Así se lo señaló a la entonces delegada de la ciudad autónoma imputada por prevaricación por estos hechos, Salvadora Mateos. La investigada aludió constantemente en su interrogatorio a que las órdenes de repatriar a los niños en virtud de un acuerdo con Marruecos de 2007 partieron de Interior. "¿Cómo explicamos esto?", le llegó a preguntar la magistrada, quien destacó que esa norma confiere la titularidad de las gestiones al Ministerio de Asuntos Sociales.

En un momento de la declaración a la que ha tenido acceso íntegro El Confidencial, la jueza certificó sus sospechas en torno a la actuación del Ministerio del Interior. Leyó a la imputada la redacción de ese convenio suscrito en 2007 entre España y Marruecos que usaron para devolver a los menores. Le recordó que ese acuerdo explica que la interlocución no debió haberlo ejercido el departamento de Grande-Marlaska, sino el de Trabajo y Asuntos Sociales. Tras unos segundos de silencio, Mateos admitió que no hablaron con Asuntos Sociales y enmarcó la intervención de Interior en la crisis diplomática que existía en ese momento con Marruecos.

"El procedimiento administrativo no es por WhatsApp"

Más adelante, cuando Mateos ya llevaba una hora declarando, cambió su versión y dijo recordar una conversación con el departamento que dirige la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Ahora recuerdo que hablamos con Asuntos Sociales de Madrid, sí. Ahora recuerdo que dieron el visto bueno. Hablamos con la secretaria de Estado que había en esos momentos", comentó la entonces delegada. A las preguntas de la jueza, Mateos precisó que había sido por vía telefónica y con algún mensaje de WhatsApp. "Pero el procedimiento administrativo no es por WhatsApp, Salvadora, y las palabras se las lleva el viento", le reprochó la magistrada.

Las declaraciones de Mateos contrastan con la postura que manifestó el Ministerio de Ione Belarra aquellos días. El Confidencial publicó hasta dos cartas en las que Asuntos Sociales ya advertía a Fernando Grande-Marlaska contra el procedimiento que estaba usando Interior para devolver a los menores. Aquellas advertencias provocaron una fisura en el seno del Gobierno de coalición.

La juez le preguntó a la delegada del Gobierno por el correo que remitió la secretaría de Estado de Seguridad en el que pedía activar la operación retorno de los menores. La magistrada quería saber quién realizó ese documento "porque firmado no está". Mateos admitió que el autor fue el 'número dos' de Grande-Marlaska y lo sabe porque había hablado con él antes de que la mandase. Se trata del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Los altos cargos de Interior no son los únicos a los que aludió la delegada del Gobierno en su declaración como imputada por prevaricación. También citó a la mano derecha de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Se refirió a su jefa de Gabinete, Isabel Valdecabras, para admitir que se puso en contacto con ella, aunque en este caso sus gestiones tuvieron que ver con el traslado de 180 menores desde Ceuta a distintas comunidades autónomas de la península. A juicio de Salvadora Mateos, fueron "muy poco generosos". La insuficiencia de esa ayuda es la que les llevó a activar la alternativa con Grande-Marlaska.

"El presidente de la ciudad —declaró Mateos— me habló del tema del acuerdo Marruecos-España. Entonces me dijo que lo transmitiera al ministro. Me mandó dos escritos, se los mandé al ministro del Interior y el presidente de la ciudad concertó una visita con el ministro. Le reiteró la necesidad de ayudar a estos niños y se puso en contacto el Ministerio del Interior con Marruecos y llegaron al acuerdo de usar ese acuerdo de 2007". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó meses después en sentencia firme la ilegalidad del procedimiento seguido y que puso en riesgo la integridad de los menores.

Mateos fue cesada de su cargo semanas después de prestar esta declaración. Padece cáncer y la Abogacía del Estado remitió hace días un escrito a la magistrada apelando a la desorientación que puede sufrir debido a su tratamiento para pedir que solo se tenga en cuenta las explicaciones que prestó ante la Fiscalía en diciembre de 2021. Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público propiciaron que la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, presentase una denuncia para judicializar el caso. Mateos es también la madre de la exjefa de prensa del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos, persona próxima al presidente Pedro Sánchez, quien la premió hace meses con el puesto de responsable del Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid.