División en el TC con los recursos que piden paralizar el derribo de Valdecañas

El Tribunal Constitucional ha aplazado al menos 15 días su decisión sobre si admite o no a trámite los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó la demolición total del complejo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres). Según informan fuentes jurídicas, los magistrados coinciden en que el caso presenta transcendencia suficiente como para ser revisado, pero se dividen respecto a la posible vulneración de un derecho fundamental que justifique su intervención.

La polémica gira en torno a la sentencia del pasado febrero, en la que el Tribunal Supremo concluyó que las 185 viviendas de lujo del complejo, un hotel, un campo de golf y otras instalaciones que ya están construidas y en funcionamiento deben ser demolidas. De esta manera, el alto tribunal corregía una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) de 2020, cuando limitó el derribo a "todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento".

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo explica por qué hay que demoler los chalés de lujo en Valdecañas

E. Sanz

Esta primera resolución salvaba las mencionadas viviendas, entre cuyos propietarios figuran o han figurado apellidos de la jet set madrileña como Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor, así como directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of America o Credit Suisse. No conformes con el dictamen, Ecologistas en Acción-CODA recurrió ante el Supremo y logró revertir la decisión para que el mencionado derribo parcial pasara a incluir lo ya construido.

El Supremo apuntó para ello a que los terrenos se encuentran dentro de un área protegida para la conservación de la biodiversidad y, por tanto, prevalece el interés público, pero el caso ha terminado por llegar al Constitucional con cuatro recursos: de los propietarios de las construcciones, de la promotora del complejo, de la Junta de Extremadura y de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Tras revisar sus escritos este miércoles, la posible admisión a trámite se centra en dos cuestiones.

TE PUEDE INTERESAR

La victoria de David (Ecologistas) frente al Goliat del resort de Valdecañas

Álvaro Hermida

Según explican las fuentes consultadas, la primera pone el foco en el magistrado Wenceslao Olea, que intervino en el proceso en dos momentos distintos: en 2011 como ponente de la sentencia del TSJE que declaró ilegal el proyecto y, este mismo año, cuando ya estaba en el Supremo, como parte del tribunal que acordó la demolición total. Los recurrentes defienden que debió apartarse y parte del Constitucional considera que ese argumento sería suficiente para admitir a trámite sus escritos.

La segunda cuestión se centra en si el Supremo se extralimitó a la hora de revisar la sentencia del TSJE y, en concreto, la correspondiente valoración de la prueba. Como informó este diario en febrero, los propietarios de las viviendas sostienen que el Supremo "ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el TSJE en su resolución valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medio ambiente". Al igual que en el caso del magistrado Olea, argumentan que "podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental (...) la tutela judicial efectiva".

Parte del tribunal considera que estos argumentos serían suficientes para admitir a trámite los recursos, pero por el momento solo han acordado que se elabore una nueva ponencia que aborde los mismos y cuya presentación se espera para dentro de unos 15 días, explican las fuentes consultadas. A partir de ahí, el Constitucional tomará una decisión que puede poner punto y final a una batalla judicial que se alarga más de una década o, por el contrario, alargarla aún más.