Jaque a la 'Marbella extremeña': el TSJ llega hasta el Constitucional para derribarla

La Marina isla de Valdecañas, el exclusivo enclave en un embalse en el Tajo en Cáceres con hoteles, campo de golf y más de 500 viviendas de lujo, no se quita la losa judicial de encima. Inmersa en un procedimiento judicial larguísimo sobre cómo derribarla, los propios jueces del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acaban de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley extremeña que en 2011 legalizó lo construido ilegalmente. El tribunal considera que PSOE y PP, los partidos que votaron la ley, se inmiscuyeron en su labor, y si prospera sería el golpe definitivo.

La de Marina de Valdecañas es la historia económica de la España reciente. En 2007, el promotor José María Gea, que había desarrollado enormes complejos turísticos en Huelva, posó sus ojos en el interior, en el pantano de Valdecañas, en el Tajo. Eran los años del Pocero en Seseña y parecía tener sentido. Las comunidades del interior querían su parte del pastel inmobiliario y la Junta de Extremadura, entonces en manos del PSOE, le puso la alfombra roja al promotor. Había un problema, que el terreno está protegido por la Red Natura 2000, pero en esa época había soluciones para eso.

Desde 2011, hay sentencias que ordenan "la reposición de los terrenos", pero Extremadura aprobó una ley para indultarla

Las máquinas entraron, construyeron los hoteles y bungalós y tuvieron éxitos de venta. A pesar de la crisis, 'la Marbella extremeña' reunió apellidos como Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor, y directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of America o Credit Suisse. Está a 180 kilómetros de Madrid y el corto viaje funcionó como gancho. Las casas costaban alrededor de medio millón de euros.

Desde el primer minuto, los ecologistas le pusieron la proa y lograron su objetivo. El 9 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó la primera sentencia que daba la razón a Ecologistas en Acción y a Aedenex, y ordenaba "la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto". Pero, tranquilos, que el Gobierno regional no iba a dejarlo caer solo porque el TSJ lo declarase ilegal. El 29 de marzo de ese año, solo 20 días después del fallo, el Parlamento regional aprobaba con los votos de PSOE y PP una ley para legalizarlo.

"La mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área", señalaba el texto aprobado. Desde entonces, se han sucedido procedimientos judiciales: el Supremo ratificó la ilegalidad de la urbanización y el CSIC ha concluido que la urbanización es incompatible con la conservación de la zona. La empresa, que se había comprometido a indemnizar a los compradores si eso sucedía, se declaró en concurso de acreedores en 2014. En este tiempo han gobernado Extremadura PSOE y PP, que siempre han apoyado la urbanización con el argumento del empleo.

Pero el paraguas de la ley autonómica de 2011 la ha mantenido a salvo de la piqueta. Eso acaba de dar un vuelco. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una decisión del pasado 9 de abril a la que ha tenido acceso este diario, ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra esa norma. Los jueces tienen que aplicar las leyes, pero tienen este mecanismo cuando creen que las normas vulneran la Constitución.

Los jueces creen que la comunidad aprobó una ley para "eludir el fallo de la sentencia y dar cobertura legal al proyecto de interés regional anulado"

En el auto de la sala de lo contencioso del TSJ, los magistrados sostienen que la ley de 2011 y su desarrollo "tienen por finalidad eludir el fallo de la sentencia y dar cobertura legal al proyecto de interés regional anulado por las sentencias del TSJ", y citan que hay una "vinculación entre las fechas de las sentencias y la fecha de la ley". La propia ley explicita que nace para dar respuesta a "recientes pronunciamientos judiciales", aunque sin hablar de Valdecañas.

El TSJ considera que la ley de 2011 vulnera tres artículos de la Constitución. Entre ellos, el que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión"; el que garantiza que el poder judicial es el que hace cumplir la justicia; el que fija que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales", y el que señala que es competencia exclusiva estatal la "legislación básica sobre protección del medio ambiente".

El Constitucional ha anulado leyes parecidas de Murcia y Castilla y León que pretendían urbanizar en espacios protegidos

El Constitucional ya ha fallado contra leyes a la carta con las que las comunidades autónomas pretendían favorecer construcciones en suelo protegido. Murcia, por ejemplo, intentó con una ley amparar Marina de Cope, un gran proyecto urbanístico en uno de los últimos grandes tramos vírgenes del Mediterráneo. La ley fue aprobada en 2004, pero el Constitucional tardó ocho años en anularla. Si en medio no fue construida, fue por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Castilla y León también aprobó una ley para permitir una pista de esquí artificial en Valladolid que fue anulada por el alto tribunal.

Si el Constitucional declara que la ley extremeña se hizo para sortear la actuación de los jueces, Marina de Valdecañas no tendría más bazas judiciales. Eso sí, se abriría entonces un largo procedimiento sobre quién es responsable y debe pagar el derribo. Los compradores exigirían indemnizaciones y el erario público se vería amenazado. Al fin y al cabo, fue el Parlamento extremeño el que la legalizó por unanimidad.