Fiscalía y Hacienda ven clave la residencia fiscal del emérito ante nuevas exigencias tributarias

"No tenemos noticia, ni oficial ni oficiosa, de que don Juan Carlos esté siendo investigado por la Agencia Tributaria. Nos enteramos por los medios de comunicación". Esa es la respuesta a la pregunta de si la Fiscalía general del Estado, que archivó el pasado 2 de marzo las investigaciones prejudiciales sobre las finanzas opacas de Juan Carlos I, está al tanto de nuevas averiguaciones por funcionarios de la Hacienda Pública. Desde la Fiscalía se mantiene que la larga indagación sobre el rey abdicado fue exhaustiva y que su duración (entre 2020 y 2022) se debió, precisamente, al propósito de no dejar "cabos sueltos".

Las mismas fuentes consultadas por El Confidencial se remiten a los períodos de tiempo investigados. Las diligencias 17/2020, acumuladas a las 40/2020 desde el 21 de septiembre de 2021, llegaron a la conclusión de que el padre del Rey recibió un "regalo" de 64.884.405 euros depositados en la Fundación Lucum, pero sin que hubiera podido acreditarse, "siquiera de modo indiciario", la vinculación entre ese ingreso y el "pago de comisión alguna". Aunque, efectivamente, se produjo una defraudación fiscal por el impuesto de donaciones, la infracción penal no fue perseguible por el doble efecto de la prescripción y la inviolabilidad. La Fiscalía, en este asunto, da por cerrada definitivamente la investigación.

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De manera similar, las transferencias efectuadas por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza, ayudante del monarca abdicado, entre 2016 y 2019 y de las que fue beneficiario directo o indirecto el rey Juan Carlos por un importe de 516.606,32 euros, consistieron en donaciones cuyo impuesto fue regularizado. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria emitió dos informes sobre este asunto que comprobaron el carácter "espontáneo, veraz y completo" de la regularización: el primero, el 29 de julio de 2021 y otro posterior y complementario el 19 de enero de este mismo año. Sorprende que, habiendo cubierto la ONIF un periodo tan inmediato, se hayan remitido nuevos requerimientos a la representación del padre del Rey que ostenta el letrado Javier Sánchez Junco. La Fiscalía supone que se trata de "flecos" que no afectarían a la comprobación completa de esa regularización.

Por lo que se refiere a los gastos sufragados por la Fundación Zagatka posteriores al 19 de junio de 2014, la Fiscalía determinó que la regularización fiscal de los mismos "ha cumplido el objetivo (completo reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el reconocimiento y pago se hayan efectuado antes de que el Ministerio Fiscal haya realizado actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias)".

El requisito objetivo de esta regularización por un importe de más de cuatro millones y medio de euros fue expresamente informado, previa averiguación, por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria. Este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda ha "auxiliado a la Fiscalía del Tribunal Supremo en la comprobación de la corrección de las regularizaciones en un tiempo tan próximo a los supuestos nuevos requerimientos" que, en algunos sectores fiscales, ha causado "cierta extrañeza".

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Por fin, en las diligencias 44/2020, sobre un 'trust' en Jersey, constituido en 2004, detectado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y supuestamente vinculado a Juan Carlos I, se acredita que el análisis de la "abundante documentación aportada por las autoridades de Jersey" desvincula al padre del Rey de ese fondo, cuyo dominio sería de Joaquín Romero Maura, no siendo el exjefe del Estado "beneficiario" ni tampoco "ninguna persona de su entorno".

El único regalo no declarado detectado por la Fiscalía fueron unas escopetas que por un importe de 102.000 euros le donó el pariente lejano de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, pero el fiscal consideró que la cuota tributaria por ese presente ascendía a 34.411,14 euros, "cuota notablemente inferior a los 120.000 euros, por lo que no cabe su integración en el delito del artículo 305 del Código Penal".

En estas circunstancias, la Fiscalía no contempla motivo alguno para reabrir la investigación a Juan Carlos I, desconoce las averiguaciones de la Agencia Tributaria y las estudiará si le son notificadas —solo lo serían en caso de presentar indicios de delito—, aunque las mismas fuentes ratifican la exhaustividad de su investigación prejudicial. Advierten, eso sí, de que el archivo de las indagaciones que se cerraron en los decretos de 2 de marzo pasado no implican "sobreseimiento judicial" y siempre cabe la posibilidad de nuevas diligencias.

La Fiscalía no contempla motivo alguno para reabrir la investigación y desconoce las averiguaciones de la Agencia Tributaria

Subrayan también que es "imprescindible", y en ello coinciden también inspectores de Hacienda consultados, determinar la residencia fiscal de don Juan Carlos (¿España? ¿Emiratos Árabes Unidos?) para la aplicación, o no, de la Ley General Tributaria de 2003, que en su artículo 11 determina que "los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. En su defecto, los tributos de carácter personal se exigirán conforme al criterio de residencia y los demás tributos conforme al criterio de territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado".

Uno de los técnicos de Hacienda, interlocutor de El Confidencial, señala que si este aspecto no se aclara, "¿cómo hay que actuar ante la comprobación de que Juan Carlos I utiliza aviones privados, como en su último desplazamiento a España desde Abu Dabi?, ¿se trata de una donación, de un préstamo, de un alquiler? Y si lo hubiese sufragado él, ¿con qué bienes? Esto es mucho más sustancial que si recibió regalos o asistió invitado a cacerías".

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo desconocer los nuevos requerimientos al monarca abdicado —"no puedo confirmar ni desmentir"—, aunque es la responsable última de la Agencia Tributaria que preside el secretario de Estado de Hacienda y que cuenta con un director general y está ampliamente regulada en el artículo 103 de la ley presupuestaria de 27 de diciembre de 1990 y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda (Real Decreto 682/2021 de 3 de agosto).

Se da la circunstancia de que el pasado 7 de junio fue nombrado para ese cargo Jesús Gascón Catalán, hasta ese día director general de la Agencia Tributaria, y nombrada como su nueva directora general Soledad Fernández Doctor, a los que correspondería confirmar o desmentir las informaciones del día siguiente —8 de junio— en el diario 'El Mundo', según las cuales, ese organismo estaría haciendo nuevas averiguaciones acerca de las "cacerías" y "regalos" a don Juan Carlos I, trámites que la Fiscalía general del Estado desconoce y que podrían solaparse en el tiempo con los informes que recibió el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón o implicar nuevos y muy recientes indicios de que el padre del Rey no ha sido exhaustivamente investigado pese a la larga duración de las diligencias prejudiciales de la Fiscalía del Tribunal Supremo, hipótesis que en esa instancia se rechaza.