El juez rechaza imputar a la responsable de compras sanitarias que negoció con Luceño

El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha rechazado imputar a la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo Tena, y a la responsable de compras sanitarias durante la pandemia, Elena Collado. Las acusaciones populares pedían investigarlas por prevaricación, malversación, estafa y tráfico de influencias, pero el magistrado rechaza la solicitud y, en el caso de Collado, acuerda citarla como testigo el próximo 27 de mayo.

Según argumenta en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, Collado "fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron (...) el importe de sus desmesuradas comisiones que inflaron el precio de los contratos, por lo que actuó de buena fe". Como ha desvelado la investigación, Medina se embolsó un millón de dólares y Luceño otros 5,1 por vender guantes mascarillas y test covid al arranque de la pandemia. "Pa la saca", celebró este último en un correo enviado a su socio el 30 de marzo de 2020.

TE PUEDE INTERESAR

El primo de Almeida dice al juez que se limitó a dar a Medina un "correo" y blinda al alcalde

Pablo Gabilondo

"No existe hasta el momento ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento de la Sra. Collado en la presunta estafa agravada cometida por los investigados, a quienes no conocía de nada con anterioridad, ni consta que percibiese dinero alguno de los mismos, sino más bien lo contrario", advierte el juez. "Algo más consistente puede ser la imputación de un delito de prevaricación administrativa cometido por la Sra. Collado, pero decae la misma, al no precisarse cuál es la resolución arbitraria que dictó, salvo la firma de los contratos en nombre de la funeraria, que no es una resolución en sí misma ni tampoco arbitraria".

En lo que se refiere a su imputación por malversación de fondos públicos, el juez reconoce que "tiene una mayor consistencia fáctica y teórica que las anteriores", pero una vez más rechaza esta posibilidad: "Con independencia de que la Sra. Collado fuese más o menos diligente en su actuación, no consta por la documentación examinada que la citada señora tuviese la facultad por sí misma de contratar con la empresa Leno [la sociedad malaya que facilitó el material sanitario a Luceño y Medina], ni mucho menos disponer de fondos públicos libremente, porque esta facultad correspondía en última instancia al consejo de administración de la funeraria, que aprobó los contratos".

TE PUEDE INTERESAR

"4.119.095 euros": la herencia con la que Luis Medina busca sortear el alzamiento de bienes

Pablo Gabilondo

El magistrado incide para ello en que imputar a Collado obligaría a extender la investigación a todos los miembros del consejo de administración de la funeraria, razonamiento que también le permite no proceder contra la concejal de Hacienda. En el caso de Engracia Hidalgo, la petición de imputarla fue interpuesta por Podemos, que considera que incurrió en prevaricación al firmar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la funeraria para delegar en la misma las compras sanitarias: "Afirma esta acusación popular que el convenio tiene como finalidad eludir la normativa aplicable a las contrataciones municipales y, por tanto, el control", recuerda el auto.

Pero lejos de dar por bueno este argumento, el juez destaca que enjuiciar la naturaleza de este convenio "resulta totalmente ajeno al presente procedimiento", y más cuando no existe prueba "de que se utilizó 'ad hoc' en estos contratos para eludir el control de los pagos anticipados por la intervención municipal". Con ese convenio como telón de fondo, el auto concluye que Collado "tenía la imperiosa necesidad de traer material sanitario urgente para evitar más muertes por covid-19 entre los funcionarios".