El juez pregunta si debe imputar al primo de Almeida en el caso de las mascarillas

Intercambio de escritos en el caso mascarillas. A lo largo de la mañana de este jueves, el juzgado ha notificado pronunciamientos del magistrado y la Fiscalía sobre determinados aspectos relevantes. Entre ellas, destaca el auto en el que el juez pregunta a las partes si debe imputar al primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez Almeida. La Fiscalía se muestra reacia y prefiere limitar la investigación a la estafa que atribuye a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, informan fuentes del caso. Las acusaciones han mostrado a su vez criterios distintos: Unidas Podemos reclama su imputación, mientras que Más Madrid pide citarle como testigo.

El magistrado plantea la posible imputación tras escuchar a los dos empresarios que obtuvieron una comisión de más de cinco millones de dólares por distintos contratos de material sanitario con el consistorio. Durante la comparecencia, Medina confirmó su papel de "facilitador" a la hora de cerrar los tres contratos y precisó que llamó al primo de José Luis Martínez Almeida porque imaginó que le podría dar "un contacto en el Ayuntamiento". Este familiar le facilitó un "e-mail" que, según cree recordar, era el de Elena Collado, la entonces responsable de compras sanitarias en el consistorio. "Creo que era el 'e-mail", apuntó. "Tuve luego una primera llamada con ella".

TE PUEDE INTERESAR

"4.119.095 euros": la herencia con la que Luis Medina busca sortear el alzamiento de bienes

Pablo Gabilondo

De forma paralela, el magistrado ha citado como testigo el próximo 9 de mayo a María Díaz de la Cebosa, la presidenta de la universidad privada que facilitó a Medina el contacto del primo del alcalde. "Ella es la directora de una universidad en la que yo estuve un año, con la que mantengo buena relación", explicó Medina ante el juez. Ese mismo día también comparecerán como testigos los directores de banca Cristina Sierra Daimiel y Javier Martín Moreno por los documentos que entregaron los investigados para justificar las transferencias.

​La posible imputación por falsedad documental

Más allá de Carlos Martínez Alemida, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que considera que "no procede" imputar al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, Fernando Sánchez González, por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público en el marco de los contratos. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía rechaza los argumentos esgrimidos por la acusación que ejerce Más Madrid y apunta a que tanto la funeraria como el Ayuntamiento de Madrid "han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados" sin alterar "ningún elemento o requisito esencial" en la documentación.

TE PUEDE INTERESAR

Las acusaciones piden que el primo de Almeida declare como testigo o imputado

Pablo Gabilondo

"No procede, por tanto, ampliar la investigación a los hechos relatados en el referido escrito, ni citar en calidad de investigados a personas distintas de los querellados", concluye Anticorrupción.

La sospecha de Más Madrid

Más Madrid puso el foco en Sánchez González tras advertir presuntas irregularidades en los tres expedientes de contratación de mascarillas, test y guantes al arranque de la pandemia. Según sostenía en su escrito, las cartas de encargo remitidas por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid a la Fiscalía no coincidían con las originales, pues no consta el contrato firmado por la concejal del PP y presidenta del consejo de administración de la funeraria, Inmaculada Sanz Otero, que recogía el importe de las adjudicaciones. Respecto a la carta de encargo original, el partido apuntaba, además, a que se eliminaba la firma electrónica para sustituirla por otra manuscrita.

TE PUEDE INTERESAR

El vídeo del juez cuestionando a Medina y Luceño: "¡Para usted! ¡Será normal para usted!"

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

"Es cierto que las cartas de encargo que constan en las actuaciones presentan las diferencias que se detallan en el escrito", reconoce Anticorrupción. "No obstante, coinciden en todo caso con la fecha del documento, la identidad de las personas que lo firman y su contenido, ya sea por su mención expresa en el cuerpo del documento o por referencia al contrato que se adjunta". Con ese razonamiento, la Fiscalía concluye que no se "ha cometido ninguna otra de las conductas previstas en el artículo 390 del Código Penal", que contempla penas de tres a seis años de cárcel para "la autoridad o funcionario público" que incurriera en falsedades documentales.

Más Madrid pide reabrir una investigación

A falta de que el juez responda a su petición de imputar al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, Más Madrid ha pedido este jueves reabrir la investigación sobre el caso conocido como Sinclair & Wilde, que hace referencia a otra presunta estafa cometida contra el Ayuntamiento de Madrid con un lote de mascarillas defectuosas.

TE PUEDE INTERESAR

El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño tras declarar como imputados

Pablo Gabilondo

Según ha argumentado la portavoz del partido, Rita Maestre, su objetivo se centra en "encontrar 2,5 millones de euros de impuestos, de dinero público que presuntamente han ido a parar a otra estafa, por la que se pagaron a cambio de unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse". Más Madrid para ello a la declaración de la funcionaria Elena Collado en el marco de la investigación contra Medina y Luceño: "A través de ese testimonio descubrimos que en este contrato de 2,5 millones alguien se llevó una comisión por mediar para que este contrato llegara a término".