Un mes con ucranianos en casa, pero sin ayuda: "No puedo pagarles hasta el dentista"

Hace un mes que en la casa de Yolanda Reza, en Sueca (Valencia), hay dos platos más en la mesa. Nonna y su hija de cinco años, Albina, viven con su familia desde que huyeron en un autobús del que era su hogar en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, a 300 km de la frontera con Rusia. Dos familias a 4.000 kilómetros de distancia que ahora conviven bajo el mismo techo y con la que comparten todo lo que tienen, aunque hace unos días ni se conocían.

“Estamos supercontentos porque es gente muy agradecida y nos devuelven todo en cariño”, explica al teléfono. “El problema es que hay gastos que no podemos asumir y nadie les da ninguna ayuda. En servicios sociales nos dicen que como nosotros los hemos traído, nosotros somos responsables”.

Su madre tiene acogida a otra mujer con su hijo, que mantiene con la pensión que cobra, mientras que Yolanda y su marido estiran lo que pueden los ingresos de un pequeño restaurante, después de tener que cerrar otro que tenían tras la pandemia y dos temporales. “No estamos sobrados, y estamos asumiendo la luz, que se ha duplicado, calefacción, compra, ropa… Y menos mal que nos ayudan en el pueblo y hasta la Policía Local ha hecho una colecta para ayudarles. Pero hay otros gastos como el dentista para unas caries que les han visto que yo no puedo asumir. No pido nada para mí, sino para ellas, que tengan su propia solvencia económica y no dependan de nosotros. Es una cuestión de dignidad”, explica molesta.

"No pido nada para mí, sino para que tengan su propia solvencia económica"

Las dos madres ucranianas, junto a sus hijos, llegaron en un convoy que organizó la ONG Damark, de la que forma parte la cuñada de Yolanda, de origen ucraniano. “Los primeros cuatro autobuses que trajimos tenían familiares o amigos aquí, y todos tenían inmediatamente acogida. Pero luego hemos tenido que buscar otros sitios porque las ONG los mandan a campos de fútbol o albergues y la gente tiene miedo, no todos quieren. O quieren estar juntos”, explica Victoria Petronelli, de Damark. “Nos cuentan historias muy extrañas. Una chica que estaba en un hotel fue a comprar algo y cuando volvió habían trasladado a su madre y su hijo, y aún no sabe dónde están”.

El caso de Yolanda no es excepcional. Este periódico ha hablado con cinco familias de distintas partes de España que han acogido en las últimas semanas a personas ucranianas. Y todos los relatos son similares: todos los gastos y necesidades de estas personas los están cubriendo íntegramente ellos con sus ingresos o ahorros, sin saber si recibirán algún apoyo económico, ya sea para ellos o para las personas que acogen.

Desde el Ministerio de Inclusión, Asuntos Sociales y Migraciones, confirman que no hay prevista ninguna ayuda en ese sentido. “Por el momento, estamos en una primera fase de ‘acogida de emergencia’ y se están valorando las opciones que puede haber encima de la mesa (que pueden ser ayudas directas o indirectas) para el acogimiento familiar institucionalizado”, explican.

La única vía, por el momento, para las personas refugiadas que necesitan apoyo económico es entrar al sistema de acogida a través de las ONG acreditadas para ello en cada comunidad autónoma: Cruz Roja, Accem o Cear. La intención inicial era controlar así los canales de llegada de personas refugidas y evitar posibles abusos o trata de personas. A través de estas organizaciones acceden, según el caso, a necesidades básicas como la manutención, alojamiento, fármacos, atención psicológica o apoyo laboral. “Es un trabajo intensivo de seis meses hasta que pasan a preparación para la autonomía, donde les seguimos ayudando hasta que consiguen un empleo. En total, es una intervención que va de 18 a 24 meses”, explica Cristina Domínguez, responsable del programa de personas refugiadas de Cruz Roja.

El problema es que esa vía pasa obligatoriamente por ocupar una plaza de primera acogida, para luego ser derivados a cualquier punto de la geografía española. Aunque tengan una familia dispuesta a acogerles. “Las ayudas forman parte del sistema estatal de acogida y para acceder a ellas tienes que participar desde el inicio en el programa. Se estaba haciendo un manual específico con perfiles de Ucrania y dentro de eso no tenemos claro aún si hay previsto algún apoyo económico para las familias”, reconoce Domínguez.

Según la Cruz Roja, es probable que, tras el estudio de su caso mientras están en las plazas de primera recepción, sean derivados de nuevo al sitio donde les acogieron en primer lugar. Pero ahora mismo no se puede garantizar, y de hecho por el momento las ONG no están derivando a familias en ningún caso. “Puede ser que les toque en una provincia distinta a donde están ahora, porque depende de dónde haya sitio, y ese reparto lo realiza Inclusión”, añade la responsable, que considera que aún hay una "gran incertidumbre" para canalizar la avalancha de solidaridad espontánea que ha provocado la crisis de Ucrania entre muchos voluntarios españoles.

“Nos dicen que la única solución es que Natalia y su hijo pasen a entrar al sistema, pero que no nos garantizan que se queden en Palencia. No tiene sentido, porque solo nos conocen a nosotros, y será mejor que estén con gente que conocen”, cuenta Ana Reyes Rodríguez, que desde hace unas semanas acoge a la mujer que hace un tiempo gestó a su hijo en Ucrania, junto a su propio hijo de siete años. “Ella es psicóloga, pero no va a poder convalidar el título. Así que, como hizo un curso de manicura, estamos buscando quien la pueda contratar. Todo así, cadenas de favores y boca a boca”.

Sin embargo, desde el inicio de la crisis se ha transmitido que el acogimiento familiar iba a ser una pata fundamental en la recepción de la acogida de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Es también una de las mejores opciones para la inclusión de los recién llegados, como contamos aquí, especialmente en un contexto en el que no se sabe aún la duración y el alcance del conflicto. De hecho, Reino Unido también ha optado por priorizar este modelo, aunque anunció que apoyaría económicamente a las familias voluntarias con 420 euros al mes.

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La única noticia que hay sobre cómo se va a organizar el acogimiento familiar es el programa ‘Acoge Ucrania’, que lanzó el Gobierno junto con La Caixa el pasado 23 de marzo para coordinar la red de familias acogedoras de personas desplazadas del conflicto de Ucrania. Por el momento, están presentes en cuatro ciudades (Madrid, Barcelona, Murcia y Málaga), aunque, según figura en su página web, “no está prevista ninguna contraprestación económica”.

Tampoco las comunidades autónomas tienen previsto ningún tipo de apoyo económico. “Es el ministerio el que está coordinando todo”, cuentan desde la Comunidad de Madrid.

“Va todo demasiado lento. Desde el ayuntamiento, la diputación, la Junta… Todos dicen que nos van a ayudar. ¿Pero cuándo? La gente lo necesita ya”, explica Vasyl Tsekh, presidente de la Asociación Castilla y León para Ucrania, en Valladolid. Se queja de que si ayudan a las personas refugiadas, ellas pierden el derecho a cualquier otra ayuda por otro lado. “No hay término medio”.

También confirma las separaciones entre familiares o amigos si acceden al sistema a través de las ONG. “La gente está enfadada con eso, porque mandan a unos a un sitio y a otros a otro y los separan. No entienden por qué después de pasar por todo lo que han pasado no pueden al menos mantener eso en su vida. Y me parece que es comprensible. ¿Por qué en vez de mandar dos y dos no mandas a cuatro y los mantienes juntos?”.

Según afirma, la incertidumbre es tal que ni siquiera están pudiendo poner dinero para las personas que atienden los pisos que ofrecen los voluntarios. “No podemos meterles ahí y que el día de mañana les digan que lo necesitan y se vean en la calle porque no tienen nada más. ¿Y sus gastos quién los paga? Hay gente que nos viene pidiendo ayuda para el transporte porque no puede ir del centro de refugiados al centro de la ciudad a los cursos de idiomas. No tienen ni para desplazarse y recurren a nosotros, pero yo no recibo subvenciones para ayudarles”.

"Hay gente que no tiene ni para desplazarse y recurre a nosotros, pero yo no recibo subvenciones para ayudarles"

Según Inclusión, por el momento, las únicas prestaciones sociales a las que pueden acceder las personas ucranianas al margen de las que pasan por ONG son las mismas que cualquier otro ciudadano, siempre que cumplan los requisitos. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital no es una opción, porque se exige un mínimo de un año de residencia.

Pero para acceder a esas prestaciones, así como a cualquier trabajo, es indispensable la tramitación del NIE, el DNI para personas extranjeras, que se está demorando en todos los casos consultados. “Tengo a cinco personas en casa desde hace un mes y aún están esperando a que se lo entreguen. Dijeron que se lo darían enseguida, pero aún no sabemos nada y sin eso no pueden trabajar, así que estamos viviendo todos de mis ahorros. He sido autónomo siempre y ahora estoy estudiando”, explica Alex Nestereneko, ucraniano afincado en España desde hace años que ahora acoge a dos conocidos de su país junto con sus tres hijas pequeñas. “Estoy todo el día de aquí para allá haciendo gestiones con ellos. Es todo muy difícil, siempre faltan papeles”.

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El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró en 110.000 las personas llegadas a España procedentes de Ucrania, de las cuales menos de la mitad (47.000) tienen ya protección temporal. No hay cifras generales sobre cuántos están con personas afincadas en España, aunque solo en Cataluña representan el 70% de los casos, según la Generalitat.

“Yo no quiero nada para mí, quiero que se sientan independientes estando en mi casa. Que si quiere comprarle algo a su hijo, tomarse un café o ahorrar para cuando pueda irse, pueda hacerlo”, dice Ana, que calcula que el mes que llevan conviviendo juntos su gasto doméstico se ha disparado entre unos 300 y 400 euros. ”Le concedieron comida del banco de alimentos y fue llorando porque le da muchísima vergüenza. Siente que está pidiendo”.

También Ina Robles, uno de los bomberos que se negaron a cargar bombas para Arabia Saudí y que ahora tiene a una familia acogida en su casa, se quejaba en un tuit hace unos días de la cantidad de gastos que están cubriendo sin ningún tipo de apoyo.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande solo en tiempo, casa, intimidad… y una serie de cosas que deberían valer. Aunque lo hagamos de mil amores, el esfuerzo económico debería sufragarse por otro sitio”, cuenta desde Euskadi. “Nosotros podemos aguantar porque tenemos una situación económica saneada, pero es un sacrificio, tienes que privarte de cosas que antes disfrutabas. No nos quejamos, pero vamos a tener que bajar nuestro nivel de vida”.

Otra de las grandes incógnitas que causa preocupación a la economía familiar es cuánto durará esta situación. “A lo mejor están dos meses, dos años o 20. Es imposible saberlo”, explica José Miguel Gasulla, paleontólogo de Castellón que desde el pasado 16 de marzo acoge a Genia, un chico de 17 años con diversidad funcional que ya acogían durante el año escolar antes de la guerra. Con él ha venido su hermano de 12 y dos primas hermanas, de 12 y 26 años.

“La pequeña iba a quedarse con otra familia, pero está tan unida a su primo que se puso fatal y me supo mal, así que estamos todos juntos en casa. Hemos pasado de ser tres a siete”, explica en un hueco entre trámites. “Aguantaremos porque el pueblo es pequeño y se está volcando con nosotros, pero es un desfalco económico importante. Eso de que donde comen tres comen cuatro… Sí, claro, si lo pagas. La barra de pan si antes nos duraba día y medio, ahora son dos al día. Y así con todo”.

“Están dejando tirada a la gente que está acogiendo a ucranianos en su casa, que pone su domicilio y que está echando una mano al Estado”, se queja Tsekh, de la asociación de Valladolid. “Es injusto, hay que apoyarles, porque si no dentro de poco van a decir que no pueden acogerles más. ¿Y entonces qué hacemos?”.