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El año y medio para el asilo que ya no sufren los ucranianos: "Temí que me lo denegaran"
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760.000 peticiones pendientes en toda la UE

El año y medio para el asilo que ya no sufren los ucranianos: "Temí que me lo denegaran"

A finales de febrero, había 111.720 expedientes abiertos, a los que no se sumarán los provocados por la guerra con Rusia, ya que irán por el sistema exprés

Foto: Tetiana Tuzhykova. (Fernando Sánchez)
Tetiana Tuzhykova. (Fernando Sánchez)

En 2018, 2.630 personas de nacionalidad ucraniana pidieron asilo en España. Solo 175 lo consiguieron. Tetiana Tuzhykova es una de ellas. “A todos los que conocía les dijeron que no y yo estaba muerta de miedo de que me lo negaran”, recuerda. Tras salir del Donetsk en 2014 y recorrer varias ciudades del país, y ahorrar durante años para el viaje, llegó a Murcia en mayo de ese año. Fue a la Policía y le dieron cita para la entrevista de asilo un mes después, en junio. El problema es que, hasta esa fecha, ni el Gobierno ni las organizaciones humanitarias le ofrecían ayuda. “Me dejaron en la calle”, recuerda. Ella, viuda, viajaba sola con sus hijos Denís y Anastasia, de seis y siete años. Y no sabía el idioma: “Apenas podía decir algunas cosas en inglés, que no sé ni cómo recordaba de la escuela”. Al final, una entidad la acogió en una casa. Seis meses después de la entrevista, siete desde que llegó a España, le concedieron el asilo y el permiso de trabajo. Ahora trabaja en un bar de Madrid.

Su acogida inicial en España en 2018 fue muy distinta de la que reciben quienes llegan ahora de su país. Primero, porque al principio se sintió totalmente desamparada. Segundo, por los tiempos: de siete meses para conseguir el ansiado permiso de trabajo a las 24 horas de ahora. Pero su historia personal no difiere mucho de las que escuchamos estos días en las noticias: una noche se despertó de madrugada en su casa de Yenákiyev, en el Donetsk, tras intensos días de bombardeos en los alrededores, y la zona estaba rodeada de militares. “Yo no me quería ir”, recuerda, “tenía mi tienda de ropa y acababa de reformar mi casa”. Pero se asustó y salió casi con lo puesto, con sus dos hijos, en el coche de un sobrino, con un cartel delante en el que ponía “niños”. Aun así, los controles y los tanques le pusieron muy nerviosa.

Foto: Anastasia y su familia en 'Las Caracolas' de Vallecas. (A.F.)

Llegó a la última estación abierta y, como pudo, se subió con los dos niños a un tren en marcha. Primero fueron a Odesa y, de ahí, fueron probando en varios pueblos ucranianos. En ninguno cuajaron: “Como yo era del Donetsk, a la gente no les gustábamos. A Anastasia le partieron los dientes. A Denís le decían en el colegio que hablaba como un mafioso porque somos de la misma ciudad que el expresidente Víktor Yanukóvich…”. Tampoco difieren las consecuencias de haber vivido el horror: “Durante un tiempo, Anastasia se escondía si escuchaba ruidos fuertes. Y Denís no come ni carne ni pescado, nada que tenga carne, porque recorrimos muchos caminos y ciudades muertas con animales abandonados en la calle, perros mordiendo a gatos”.

A los 20 días de dejar su ciudad, le llamó su hermano: habían bombardeado su edificio, de madrugada, también la escuela, la oficina de empleo y una gasolinera. Ella recordaba entonces lo bonita que había quedado su casa tras una reforma que le costó tres años. Pero también que la bomba destrozó el dormitorio. “Estaríamos muertos los tres”, concluye.

El pasado 10 de marzo, el Gobierno puso en marcha el procedimiento para otorgar el derecho de asilo en menos de 24 horas a los ucranianos que huyen de la guerra con Rusia, tras la activación de la Directiva europea sobre concesión de protección temporal ante flujos masivos de desplazados. Así, con el reconocimiento de su condición de refugiados, tras escapar de un infierno y aún con muchas dificultades por delante, al menos ya pueden residir, trabajar, recibir atención médica, escolarizarse e incluso conducir de forma legal en España de forma mucho más rápida y sencilla que la que tuvo que atravesar Tetiana. Aunque las 24 horas son desde que registran su solicitud, eso sí. Porque, en el teléfono de citas previas habilitado por el Ejecutivo, se están dando fechas para junio, confirman en el consulado de Ucrania. No hay colas en las calles, pero haberlas, haylas.

Los procedimientos de asilo y acogida son independientes, aunque están relacionados. El primero —el papeleo, los permisos de residencia y trabajo— es responsabilidad del Ministerio del Interior, que es quien concede o no la protección internacional, ya sea como refugiado, por protección subsidiaria o por razones humanitarias; el segundo, competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trata la gestión humanitaria —alojamiento, manutención, atención sanitaria y asesoría legal, etc.— y, a menudo, lo gestionan las ONG.

Este procedimiento exprés se salta varios de los pasos del procedimiento habitual y es, en la práctica, automático. Si se cumplen los requisitos, se emite la confirmación del asilo temporal una vez que la solicitud se graba en el sistema, sin que sea necesaria la instrucción de un expediente por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), la validación de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), que se reúne una vez al mes, y la posterior firma del ministro del Interior. Esta simplificación ha evitado añadir más expedientes al cauce habitual, ese al que deben acudir el resto de solicitantes de asilo, como sirios, venezolanos o colombianos, ya de por sí saturado. Y es que, al cierre de 2021, la Oficina de Asilo y Refugio acumulaba 104.025 expedientes abiertos. Al ritmo de resolución de los últimos meses, este atasco supone el equivalente a 17,4 meses de trabajo, según datos de Eurostat recopilados por Civio (metodología). Esto sin contar con quienes esperan su primera cita con Extranjería, donde la dificultad de acceso ha generado un mercado de compraventa de turnos.

España es el tercer país europeo con mayor número de personas pendientes de respuesta, por detrás de Francia y Alemania. Y la cifra no para de crecer desde el año pasado. En apenas dos meses, se han acumulado 7.715 casos más hasta alcanzar, a 28 de febrero, los 111.740. En este tiempo, la Oficina de Asilo y Refugio recibió 17.320 solicitudes de asilo y resolvió 11.053, según datos de Interior. Aunque el ministerio, ante las preguntas de Civio, rechaza esta tendencia, los datos de Eurostat, que provienen del propio ministerio, la confirman.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021, por primera vez, los casos acumulados de solicitantes de asilo empezaron a caer. La plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio, responsable de la instrucción de los expedientes, alcanzaba entonces los 260 empleados activos —venía de tener 53 en 2018—, entre funcionarios e interinos, según datos del Portal de Transparencia y, debido al estado de alarma y con una Administración cerrada al público, apenas se registraron solicitudes de protección internacional en los primeros meses de la pandemia de covid-19, aunque tampoco se reunió la Comisión Interministerial, parte final del procedimiento ordinario. Después de este paréntesis, la curva de solicitudes pendientes ha vuelto a crecer.

Foto: Coches a la salida de Kiev tras el inicio de la ofensiva rusa (Reuters/ Valentyn Ogirenko)

A nivel de la Unión Europea, el número de solicitudes de asilo pendientes al cierre de 2021 alcanzaban las 760.000. ¿Y eso cuánto es? Pues teniendo en cuenta que el último mes, diciembre, recibieron poco más de 60.000 solicitudes en total, es bastante. O, lo que es lo mismo, más de 760.000 expedientes pendientes equivalen a las solicitudes recibidas en los últimos 15 meses. Y ese mismo sistema de asilo es el que tiene que recibir ahora a buena parte de los casi cuatro millones de refugiados que, según datos de Naciones Unidas, han salido de Ucrania desde que estalló la guerra con Rusia.

Asilo y acogida: sistemas estancos

Los puntos habilitados por el Gobierno han otorgado, hasta el momento, 36.168 refugiados por la invasión rusa. Son las únicas cifras oficiales de desplazados de Ucrania que han llegado a España, aunque la cifra real sería superior. El centro de recepción, atención y derivación (Creade) de Pozuelo, en Madrid, es uno de estos puntos. Es un ir y venir de personas. Una familia con un niño llega sin cita, pero con mochilas y bolsas. Les permiten pasar. Otro grupo de mujeres con varios menores, sin equipaje, se dan media vuelta, resignadas. Les remiten al teléfono de información para hacerse con un turno. Se acercan donantes —de ropa, pañales…— e interesados en ayudar, que piden información.

También hay salidas. Las de quienes abandonan el centro con sus maletas, con la burocracia terminada. Y quienes esperan fuera, como Ana y Elmira. “Rescaté a mi familia hace dos semanas, que fui con cinco policías municipales de Madrid, voluntarios, a la frontera con Polonia”, relata Elmira. Vienen con un amigo a recoger a su madre y a una mujer con sus dos hijos. Desde el estallido de la guerra, echan una mano a familiares y vecinos de su ciudad natal, Cherníhiv, al norte de Ucrania, cerca de Bielorrusia y Rusia. Los llevan a Lagartera, en Toledo, donde, gracias a un conocido, les prestan ayuda. “Cada una estamos en cinco grupos de Telegram”, dice Ana, donde circulan desde anuncios sobre traslados desde la frontera ucraniana a otros países hasta ofertas de trabajo para los recién llegados.

"No es solamente darles una bolsita de bienvenida y hacerte la foto con ellos"

“¿Qué pasa con quien no tiene redes? ¿El sistema está preparado?”, cuestiona Virginia Álvarez, responsable de Investigación en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Amnistía Internacional, que se pregunta también si se han dimensionado los servicios sociales de los municipios que van a recibir a los refugiados. En 2016, publicaron un informe sobre el sistema de acogida y sus déficits y, por su experiencia, cree que no. “No es solamente darles una bolsita de bienvenida y hacerte la foto con ellos”, avisa Álvarez, sino “garantizarles una estabilidad”. Además, critica que “gran parte del peso de esta acogida está dejándose en manos de las organizaciones humanitarias y no de los gobiernos”. En Barcelona, Alicante y Málaga hay centros como el de Madrid, gestionados por las oenegés ACCEM, Cruz Roja y CEAR, donde ofrecen una atención integral. A diferencia de las 54 comisarías de la Policía Nacional (todas las capitales de provincia, más Ceuta, Melilla, Gijón, Vigo y Algeciras) habilitadas, donde solo pueden tramitar su petición de asilo, en los Creade también reciben, si lo necesitan, asistencia humanitaria. Todo, de forma excepcional, en un mismo lugar.

placeholder Refugiados ucranianos recién llegados a Madrid. (EFE/Juanjo Martín)
Refugiados ucranianos recién llegados a Madrid. (EFE/Juanjo Martín)

El Gobierno, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comprometió con Bruselas a reformar los sistemas de asilo y de acogida. Moncloa reconoció la existencia de “prolongados tiempos de espera” y “bajas tasas de reconocimiento de los solicitantes de protección internacional”. Para cumplir este objetivo, una de las medidas fue la aprobación, la semana pasada, del reglamento sobre el sistema de acogida, pendiente desde 2009, por el que se permite su acceso desde el momento de presentar la solicitud y cumplir así con las directivas europeas en materia de asilo, recuerda la portavoz de Amnistía Internacional. Entre otras cuestiones, este reglamento fija una valoración personalizada de quienes huyen de su país, algo que, hasta ahora, no siempre se cumplía. “En Canarias, donde tienes un solo traductor para un grupo de 10, son entrevistas colectivas, en las que ni siquiera se separan hombres y mujeres. ¿Cómo vas a identificar una víctima de trata? ¿O un hombre que esté huyendo por persecución por orientación sexual? ¿Cómo identificas todo eso?”, protesta Álvarez.

David Moya, experto en migraciones de la Universitat de Barcelona, habla de este sistema especial, aprobado en solo un par de días, como algo “inédito”, y recuerda que se planteó en 2014 y se descartó. Además, no duda en recordar que tanto Polonia como Hungría, que ahora lideran la acogida de ucranianos, en parte por su cercanía territorial, se negaron a aceptar las cuotas para el reparto de refugiados de otros orígenes en Europa hace no tanto. “El argumento es que esta vez hay una guerra en Europa, y que esto es suficiente para justificar un trato diferenciado entre uno y otro”, critica Virginie Guiraudon, investigadora del Centro de Estudios Europeos y Comparativos de Sciences Po Paris.

Nacionalidades al peso

¿El problema es la evidente falta de recursos o hay algo más? Para la portavoz de Amnistía Internacional, también lo es la “ineficiencia”. Y enumera algunas de sus consecuencias: la falta de coordinación entre distintos niveles administrativos, el desamparo de quienes esperan durante meses, la falta de seguimiento y la poca personalización de la respuesta: “A veces, tenemos la sensación de que algunas nacionalidades van al peso, de que no hay una valoración individual”.

Foto: Un niño, en Pzremysl, en la frontera entre Polonia y Ucrania. (Benito Pajares/Juntos por la Vida)

De hecho, sin necesidad ni siquiera de comparar entre nacionalidades, ya encontramos diferencias significativas: de 2008 a 2020, incluidos, 67.110 ucranianos pidieron asilo en toda la Unión Europea, pero solo un 18,7% lo obtuvieron. Los países más estrictos fueron Croacia, Bulgaria, Luxemburgo, Letonia y Eslovenia, que no aprobaron ninguna de las peticiones recibidas. Pero Alemania (6%) y España (8%), dos de los países que más solicitudes recibieron junto a Italia, tampoco fueron excesivamente generosos con los nacionales de ese país. Al otro lado de la balanza: los italianos llegan casi a un 45%, superados por Malta (58%), Estonia (más del 68% de asilos concedidos) y Portugal, con un 78% de respuestas positivas.

Georgina Molina, de Nicaragua, recibió el asilo político en su segundo intento, después de varios años de espera. Molina está de acuerdo con cómo se está tratando a los ucranianos, pero cree que debería ser igual con todos los refugiados. Esta psicóloga de 37 años fue víctima de torturas y extorsión policial por el régimen sandinista de Daniel Ortega y acusada de financiación del terrorismo por llevar comida a unos manifestantes en la universidad, asegura. Ante la pregunta de si percibe discriminación de trato, es tajante: “Uf, sí. Y la sentís. La sentís en la piel”. Renunció al sistema de acogida “por orgullo”, pero el de asilo, el camino burocrático, lo conoce bien. “Cuando trabajás con personas, tenés que tener mucho cuidado y mucha formación en el sentido humanitario”, valora Molina, en referencia a las entrevistas tanto iniciales, en extranjería, como en la fase de instrucción, en la Oficina de Asilo y Refugio. “Yo me acuerdo que, cuando me preguntaron ‘¿por qué estás aquí?’, lo primero que le dije fue ‘bueno, yo soy feminista’. Y me dice ‘¡ah! Sos feminista. Aquí vas a vivir bien de eso porque hay todo un chiringuito montado”, relata. Tras una temporada en España, entendió el sesgo del policía que le atendió. Y aún sigue molesta.

"Yo quisiera estar en mi casa, al otro lado del océano, trabajando, con mi familia"

Coincide con ella Carmen Caraballo, de Venezuela. Fue un alto cargo en uno de los seis municipios de Caracas regido hasta 2018 por un partido opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, cuando les sucedió un alcalde del oficialismo, que les amenazó públicamente. Caraballo preparó su viaje a España en dos semanas, ante el temor de acabar en ‘la tumba’, una cárcel bajo tierra donde terminan “los perseguidos políticos” en la que “ha habido muchas muertes”, narra. A diferencia de la nicaragüense, Caraballo sí que recurrió al sistema de acogida. Fue una etapa difícil, de miedos y desconfianza, explica. Tardó un año y medio en recibir la protección internacional. Al mirar atrás, y después de su experiencia en el sistema de acogida, “en el que hay muchísima gente profesional, que hace muy bien su trabajo”, echa en falta “un trato más humano y empático” de los funcionarios del Ministerio del Interior. Cree que los trabajadores sociales deberían estar en la primera entrevista, “cuando vienes más vulnerable”, en la que se solicita el asilo. “Ahí tiene que estar alguien de acompañamiento al funcionario”, reflexiona Caraballo. Ambas coinciden en lo liberador de un resultado positivo. “Que te den un papel que diga 'asilo político' es sentir que se hizo medianamente justicia”, zanja Georgina Molina.

placeholder Elmira y Ana, con el grupo que han recogido en Pozuelo. (Fernando Sánchez)
Elmira y Ana, con el grupo que han recogido en Pozuelo. (Fernando Sánchez)

Y, mientras esperan la ansiada tarjeta roja, como llaman al permiso de trabajo, muchos se ven obligados a trabajar en negro para subsistir. A Georgina Molina, esos colores, el rojo y el negro, le traen una mezcla agridulce de recuerdos, pues representan tanto el ansiado permiso de trabajo como el régimen sandinista del que ella precisamente huyó. Lo hizo tras sufrir torturas por parte de la policía. “Horrible, horrible, horrible. Es una de las cosas que no voy a olvidar nunca jamás”, dice por videollamada. A ella aún le cuesta estar delante de agentes por el trato que padeció en su país junto a otros dos compañeros. Y, cuando recibió la documentación en España por parte de un policía vestido de paisano, se echó a llorar. “El proceso de asilo ha sido una odisea, siento que ya venía de perder mi condición de persona. Te sentís cucaracha, te sentís basura, te sentís una rata”, cuenta emocionada. Después de pelear durante tres largos y duros años, Georgina consiguió el asilo el pasado mes de febrero.

Hoy piensa que existen numerosos aspectos mejorables, como la falta de “formación en derechos humanos” y un “tacto humanitario mínimo” por parte de quienes ayudan a personas que se encuentran en una situación muy vulnerable. Carmen Caraballo opina de forma similar: “Los de las colas no son respetuosos porque gritan. El funcionariado, el que está dentro, sí está más concienciado. Me imagino que habrán escuchado tantas historias…”. Aunque quien la entrevistó por segunda vez arrancó la conversación mascullando un “otra más” que, a ella, según explica con la voz entrecortada, “le rompió”: “Yo no quisiera estar sentada aquí, yo quisiera estar en mi casa, al otro lado del océano, trabajando, con mi familia”. La odisea lleva a muchas personas a tratar de conseguir citas como sea, incluso comprando turnos por unos 80 euros, una situación muy diferente a la organizada ahora para acoger a quienes vienen de Ucrania.

Metodología

Este artículo fue publicado originalmente en civio.es. Forma parte de la European Data Journalism Network (EdjNet), un consorcio periodístico internacional que cubre Europa y temas paneuropeos usando periodismo de datos. Se publica bajo una licencia CC BY-SA 4.0, por lo que es fácilmente reutilizable.

Los datos provienen de Eurostat. Hemos descargamos dos 'datasets' completos en CSV: Solicitantes de asilo por tipo de solicitante, nacionalidad, edad y sexo - datos mensuales y personas con solicitud de asilo pendiente a final de mes por nacionalidad, edad y sexo - datos mensuales.

Y realizamos 'queries' SQL sobre estos 'datasets' usando q, para quedarnos con los totales de solicitudes y solicitudes pendientes para cada país, ignorando género y rangos de edades.

Para esta serie de artículos hemos usado los datos de los países miembros de la Unión Europea. Son datos históricos desde 2008. Los más recientes son del 31 de diciembre de 2021, porque es la última fecha en la que tenemos información de los 27, excepto Lituania, cuyas últimos datos son de septiembre de 2019. Los datos publicados están redondeados a múltiplos de cinco, por privacidad.

La cifra de meses de retraso la calculamos sumando las solicitudes recibidas en los últimos meses, yendo hacia atrás, hasta igualar las pendientes. Así, el número de solicitudes pendientes de resolver equivale al número de solicitudes recibidas en los últimos 12 meses.

Puedes descargar todos los datos que hemos usado aquí.

La visualización está hecha en Observable usando D3.js.

En 2018, 2.630 personas de nacionalidad ucraniana pidieron asilo en España. Solo 175 lo consiguieron. Tetiana Tuzhykova es una de ellas. “A todos los que conocía les dijeron que no y yo estaba muerta de miedo de que me lo negaran”, recuerda. Tras salir del Donetsk en 2014 y recorrer varias ciudades del país, y ahorrar durante años para el viaje, llegó a Murcia en mayo de ese año. Fue a la Policía y le dieron cita para la entrevista de asilo un mes después, en junio. El problema es que, hasta esa fecha, ni el Gobierno ni las organizaciones humanitarias le ofrecían ayuda. “Me dejaron en la calle”, recuerda. Ella, viuda, viajaba sola con sus hijos Denís y Anastasia, de seis y siete años. Y no sabía el idioma: “Apenas podía decir algunas cosas en inglés, que no sé ni cómo recordaba de la escuela”. Al final, una entidad la acogió en una casa. Seis meses después de la entrevista, siete desde que llegó a España, le concedieron el asilo y el permiso de trabajo. Ahora trabaja en un bar de Madrid.

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