Tras los pasos de Milosevic: las opciones de que Putin responda por crímenes en Ucrania

El expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic fue entregado al Tribunal Penal Internacional de La Haya en junio de 2001. Unos meses antes, en mayo de 1999, el Tribunal Penal Internacional le había procesado junto a varios militares a su cargo por crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas yugoslavas y serbias en la guerra de Kosovo. Entre los cargos que se atribuían se encontraba el bombardeo de Sarajevo y el asesinato en masa de miles de hombres y niños musulmanes en Srebrenica. Han pasado 20 años y otra guerra ha vuelto a revivir la responsabilidad penal de los dirigentes en los abusos cometidos en los conflictos bélicos. Las posibilidades de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acabe respondiendo por lo sucedido en Ucrania, con bombardeos contra la población civil y la destrucción de ciudades como Mariúpol, son complicadas pero no imposibles.

La Corte Penal Internacional, legado de los juicios de Núremberg, nació con la aspiración de establecer un marco general y reducido penal aplicable a todos los países y a todas las circunstancias. Se creó un 'minicódigo' penal reflejado en su Estatuto en el que se contemplan cuatro delitos aplicables a los horrores bélicos. Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Cualquiera de ellos, salvo tal vez el primero, sería atribuible a las acciones de las tropas rusas en territorio ucraniano. Al menos sobre el papel, ya que las dificultades arrancan con la jurisdicción de esta Corte y las condiciones para el juicio. La voluntad de Ucrania y la acción de terceros países resultará fundamental para la apertura y desarrollo de una investigación sobre lo sucedido.

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Esto es así por una circunstancia muy concreta. La primera de las posibilidades para que los crímenes sean investigados y juzgados es la solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta vía, la más directa, es imposible. Rusia es miembro del Consejo y tiene por ello la posibilidad de vetar cualquier iniciativa en este sentido. Por ello, la opción que al final ha acabado abriendo el camino es la de la solicitud de otros estados al fiscal de la Corte.

Karim Khan, responsable de la Fiscalía de la CPI, confirmó hace solo unos días que tiene la intención de abrir una investigación sobre la invasión rusa. En un comunicado, anunció que comenzará a recabar y preservar todas aquellas pruebas de importancia para la instrucción. Este arranque ha sido posible gracias a la solicitud de 39 países, entre ellos España. El propio Khan dio la clave al anunciar, un poco antes, que la única posibilidad para agilizar las pesquisas es que un Estado parte del Estatuto de Roma remitiera la solicitud a su oficina.

La presencia de Putin, obligada

A pesar de este comienzo, el desenlace es aún incierto. Existe un impedimento fundamental y es el hecho de que la Corte con sede en La Haya no celebra juicios en ausencia. Un juicio a Putin requeriría de forma obligatoria su presencia física en la vista oral previa detención. Algo así parece a día de hoy prácticamente imposible. En el caso de Milosevic, fue la propia Corte la que reclamó su arresto a las autoridades yugoslavas y estas cedieron el proceso. En el caso de haber optado por un juicio nacional, la competencia del estado afectado hubiera impedido que se llevara a cabo.

Por el momento, Ucrania ha dado un paso fundamental al aceptar la competencia del CPI pese a no ser Estado miembro. Las autoridades ucranianas están yendo más allá de la mera aceptación, destinando equipos de inspección que en los últimos días han comenzado a realizar inspecciones visuales en los principales puntos bombardeados. Las pruebas que recojan serán imprescindibles para armar una futura acusación.

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En España, la Fiscalía General del Estado ordenó hace semanas abrir una investigación sobre la invasión rusa. "La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía, se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario", sostenía en su decreto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se hará cargo de estas diligencias.

Para acusar a alguien, sea Putin o sea alguno de sus hombres, el fiscal de la CPI debe probar que han existido crímenes de enorme gravedad y ponderar la escala, la naturaleza, la forma y el impacto. En caso de concluir que los indicios son suficientes, puede reclamar que una sala de la Corte emita una orden de detención contra el presidente ruso. Algo así, pese a no ser efectivo para lograr la entrega, provocaría la restricción completa de sus movimientos para evitar un arresto.