La Fiscalía española abre una investigación sobre la "guerra injustificada" de Ucrania

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado abrir una investigación sobre la invasión rusa de Ucrania. "La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario", sostiene en su decreto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se hará cargo de estas diligencias, pero las fuentes consultadas avisan sobre las dificultades a las que se enfrentan. Delgado, de hecho, también matiza su viabilidad en el propio decreto.

Para justificar el "marco competencial" de esta investigación española sobre la guerra de Ucrania, el escrito apunta en un primer momento al artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que abre la puerta a investigar determinados delitos cometidos "por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional". Pese a ello, Delgado matiza esta competencia a continuación, cuando reconoce que "la reforma de esta ley orgánica supuso una restricción a las facultades de los tribunales españoles para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional". El decreto se refiere así a la reforma que el PP llevó a cabo en 2014 "relativa a la justicia universal".

TE PUEDE INTERESAR

El TS archiva la causa de Couso y rechaza llevar al TC la reforma de la justicia universal

Manuel Altozano

En la práctica, esta reforma implicó limitar la capacidad de los jueces españoles de perseguir crímenes de lesa humanidad fuera del territorio (genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y torturas), reduciendo las investigaciones a aquellos casos en los que el presunto autor sea español o resida en España. La posibilidad de que las diligencias acaben ante un tribunal español resulta, por tanto, complicada, pero sus averiguaciones sí pueden ayudar a la Corte Penal Internacional.

¿El objetivo de las diligencias?

La Fiscalía sostiene que las diligencias buscarán "establecer un marco jurídico que proporcione soporte a las actuaciones que a partir de este momento se puedan llevar a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional". Así lo expone en un comunicado enviado junto al decreto, en el que destaca, además, que las diligencias "son el instrumento idóneo para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo".

TE PUEDE INTERESAR

España regularizará a los ucranianos en situación irregular antes de que estallara la guerra

EFE

"Las diligencias tienen como objeto fundamental comprobar los aspectos determinantes de la jurisdicción, preservar los elementos del delito, poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada para canalizar la cooperación internacional y la asistencia mutua que pueda ser demandada, así como transmitir y recibir información", sostiene la Fiscalía. "En definitiva, para asegurar y desarrollar las investigaciones pertinentes para ponerlas a disposición ante la jurisdicción competente cuando fuera necesario y pertinente".

¿El "marco competencial"?

Para salvar el escollo de la 'derogación' de justicia universal, el decreto apunta a los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España", sostiene el primero. "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno", añade el segundo.

El decreto pone a su vez el foco en el artículo 31 de la Ley Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que establece que "las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional".

TE PUEDE INTERESAR

Resumen guerra en Ucrania, 14 de marzo: Rusia redobla su ataque antes de retomar la negociación

El Confidencial

Una vez recordados estos artículos, vuelve al 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y subraya que solo en su primer apartado se hace una referencia expresa a que las investigaciones sobre genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado quedan limitadas a "un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España". Según argumenta, en el resto de apartados del artículo se trata de "una ausencia o laguna que debe integrarse de conformidad con el espíritu de la norma y, sobre todo, de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España".

Con este razonamiento como telón de fondo, el mensaje es claro: "En el presente caso nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española, y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten y, por tanto, la tutela y defensa de sus intereses, solo se puede realizar a través de los cauces que las normas nos otorgan: las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal".