Bousselham cierra filas ante el juez y blinda a Iglesias en el tramo final del caso Dina

La exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, ha cerrado filas en el tramo final del caso Dina, la investigación que pone el foco en el robo de su móvil en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Bousselham ha comparecido como testigo y, pese a las dudas del magistrado respecto al papel que Iglesias jugó en estos hechos, ha insistido en que no tiene nada que recriminar al que fuera su antiguo jefe, explican fuentes presentes en el interrogatorio.

Tras la declaración de Bousselham, a la que han seguido este mismo martes las de su pareja Ricardo Sa Ferreira y la del ex director adjunto operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino, la instrucción del caso llegará a su fin. El magistrado descartó prorrogar la investigación el pasado enero y, de esta manera, salvo sorpresa de última hora, solo tres de los imputados llegarán a la juicio: el propio Villarejo y los que fueran director y subdirector de 'Interviú', Alberto Pozas y Luis Rendueles.

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Toda el caso Dina gira en torno al móvil de la antigua asesora de Iglesias. El caso arranca con la desaparición del móvil de Bousselham en un Ikea en 2015 y, dos meses después, con la llegada de una microSD con el contenido del teléfono a la revista 'Interviú'. Después de que los periodistas revisaran la misma y entendieran que estaba relacionado con Iglesias, se le citó en la redacción para devolvérsela. El líder de Podemos recuperó así la tarjeta del móvil en enero de 2016, pero, en lugar de entregársela a la asesora, la conservó durante meses. Ese fue uno de los primeros hallazgo que llevó al magistrado Manuel García-Castellón a sospechar del papel de Iglesias.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ya rechazó investigar hace un año al entonces vicepresidente por su papel en estos hechos. Ante las contradicciones de Iglesias a lo largo de la instrucción, García-Castellón pidió al alto tribunal que le imputara por daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito, pero el Supremo no atendió esta petición y envió el caso de vuelta la Audiencia Nacional para que fuera el juez quien agotara la investigación.

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Para cumplir este cometido, García-Castellón solicitó un informe policial sobre la tarjeta de la excolaboradora de Iglesias: quería acceder a la microSD y conocer los motivos por los que esta había sufrido una serie de daños tras pasar por las manos de Iglesias. Los especialistas, sin embargo, no tuvieron éxito, por lo que los indicios contra Iglesias quedaron en papel mojado. A partir de ese momento, solo Bousselham podía complicar su futuro, pero ella misma ha echado por tierra esa idea este martes.

El caso queda así reducido a Pozas, Rendueles y Villarejo, cuya imputación se basa en que, tras revisar el contenido de la tarjeta en 'Interviú', el primero dejó una copia en su ordenador y, días después, el entonces subdirector supuestamente recibió una llamada del comisario: sabía que tenían información sobre Podemos y quería acceder a ella. Entre finales de enero y principios de febrero, los dos periodistas se reunieron con él y le entregaron el contenido del móvil en un USB.

El perdón "selectivo"

Desde que el Supremo rechazó investigar a Iglesias, uno de los principales argumentos que esgrimen tanto Pozas como Rendueles es que Bousselham "pretende excluir selectivamente" cualquier indicio que perjudique a Iglesias y, al mismo tiempo, seguir la investigación contra ellos. Ambos apuntan así a cómo el auto con el que el tribunal rechazó abrir una causa contra el entonces vicepresidente. Según advertía el mismo, no podía "decidir selectivamente perseguir o excluir a concretos investigados".

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Pese a ello, las fuentes consultas insisten en que Bousselham se ha mostrado tajante durante su comparecencia de este martes: en cuanto a Iglesias, considera que no tiene nada que perdonarle y ha remarcado su absoluta confianza en él, lo que descarta el posible delito de descubrimiento de secretos por acceder haber accedo el contenido de su tarjeta en enero de 2016. En lo que se refiere al resto de imputados, sin embargo, ha incidido en que se siente perjudicada por su actuación en estos hechos. "Esta investigación se va a archivar en falso porque García Castellón se ha dedicado a intentar señalar a las víctimas como sospechosos", critican fuentes de su entorno.

Otro de los argumentos que centra la defensa de Pozas y Rendueles es que dieron el USB a Villarejo como comisario, para lo que inciden en que tanto la Policía Nacional como la Audiencia Nacional mantenían abierta una investigación sobre Podemos en aquel momento. Según explican las fuentes consultadas, ese es uno de los puntos que ha centrado el interrogatorio al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino, quien ha negado que Villarejo le diera el USB en cuestión. Respecto a la posibilidad de que estuvieran investigando a Podemos, ha dicho que desconoce tal extremo, pero ha abierto la puerta a que existieran unas pesquisas secretas.