La Policía no logra acceder a la tarjeta de Dina y despeja el futuro judicial de Iglesias

El instructor del caso Dina, Manuel García-Castellón, acaba de recibir el informe pericial que reclamó a la Policía Científica sobre la tarjeta que la excolaboradora de Pablo Iglesias Dina Bousselham llevaba alojada en un móvil que le fue robado. Tras esperar casi un año el dictamen, los peritos dan cuenta de que sus intentos para acceder a la microSD que tenía alojada el teléfono de la antigua asesora han sido infructuosos. Los especialistas han probado el acceso a través de múltiples técnicas sin éxito. La diligencia se ordenó para agotar la investigación sobre la comisión de un presunto delito de daños informáticos por parte del exvicepresidente, siguiendo las instrucciones que le ordenó el Tribunal Supremo. El resultado apaga la amenaza de imputación de Iglesias.

Los intentos se han topado con daños existentes en la tarjeta que han hecho imposible su lectura y que han resultado imposibles de reparar, indica el informe, conocido por El Confidencial. "No ha sido posible recuperar los ficheros ni la estructura de archivos, ni siquiera de manera parcial", dice la pericial. "En relación al contenido de la tarjeta no ha sido posible su recuperación ni siquiera de forma parcial, debido a que no han sido identificadas las transformaciones llevadas a cabo por la controladora dañada sobre la información digital, y cuyo conocimiento es necesario para poder invertir el proceso de codificación", agrega.

Tampoco se ha conseguido determinar la fecha de último acceso por la imposibilidad de acceder a la estructura de archivos de la tarjeta y, por lo tanto, la recuperación de información de los datos relativos a las fechas de acceso, modificación, creación o borrado de los ficheros que en su momento se encontrasen almacenados en la memoria.

El teléfono le fue sustraído a Bousselham y meses después apareció en la revista 'Interviú', donde se avisó a Iglesias y se le hizo entrega de la misma. Sin embargo, pasaron varios meses hasta que este se la entregó a su antigua ayudante que, según algunas de sus afirmaciones, no pudo acceder a su contenido porque se encontraba dañada. El instructor sospechaba a la vista de los indicios de que el antiguo líder de Podemos accedió a datos personales de su ayudante y destruyó el dispositivo antes de devolvérselo.

Para tratar de determinar si estas sospechas eran fundadas, el magistrado preguntó a los expertos de ingeniería e informática forense que le indicaran si es técnicamente posible acceder a la información de la tarjeta microSD del móvil que le fue robado a Bousselham en un Ikea. En un primer informe enviado el pasado agosto, antes de que el juez se dirigiera al Supremo para solicitar que investigara al vicepresidente, los expertos indicaron que no habían podido determinar si la tarjeta se encontraba dañada a nivel interno cuando Bousselham la recuperó. No consiguieron 'leer' el dispositivo porque el raspado que realizó la empresa de recuperación de datos a la que la remitió Dina cuando Iglesias se la devolvió había dañado una de las pistas.

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Las conclusiones de aquel primer informe eran muy similares a las del nuevo. Los peritos aseguraban que no había podido realizar la lectura del contenido de la memoria. "No se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en el que se produjeron", especificaban. Atribuían el daño externo a un raspado provocado por la empresa informática con sede en Gales que examinó la microSD por encargo de la exayudante del exvicepresidente.

La nueva pericial tampoco arroja resultados concluyentes. La pericial se ha alargado a consecuencia de problemas de coordinación con Samsung, que entregó hace solo unas semanas los códigos necesarios para acceder a la tarjeta sin destruirla. García-Castellón tendrá que concretar ahora si Iglesias cuenta con el perdón de Bousselham en lo referente a su intimidad, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su esfera privada violada por el acceso de su jefe a datos privados. El caso se adentra así en su tramo final.

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En cuanto al delito de daños informáticos, las sospechas del instructor se centraban en el estado en que se encontraba la tarjeta cuando Iglesias se la entregó finalmente a su asesora después de retenerla varios meses una vez la recuperó de 'Interviú'. En la Audiencia Nacional, Dina dio distintas versiones, variando su declaración sobre el momento y el estado en que recuperó la microSD. Cuando entendió que su alusión a que al recuperarla ya no funcionaba podía encajar con un delito de daños informáticos, matizó lo dicho: explicó que Iglesias le entregó la tarjeta "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y que, "inicialmente, cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono". En ocasiones anteriores había declarado que se la entregó, como pronto, en junio de 2016, y que ya entonces resultaba imposible acceder a la misma.

En relación con los daños sufridos en la tarjeta del móvil sustraído, sin entrar a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García-Castellón, el Supremo consideró necesario que Bousselham sea oída de nuevo para aclarar las distintas versiones que ha dado. También defendía que resulta necesaria una ampliación de la pericial informática sobre los daños en la microSD para precisar las causas que impiden acceder a la información de la misma, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, 'inservibilidad' o inaccesibilidad de los archivos que contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.