Las CCAA urgen un plan de rescate industrial y más rebajas fiscales en luz y gasolina

La Conferencia de Presidentes que se celebrará este domingo en La Palma será una prueba de resistencia para la cogobernanza y un foro crucial para anticiparse a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. La excepcionalidad de la cita por la situación sobrevenida ha obligado a cambiar el orden del día y hasta acudirá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, contrario a la multilateralidad y que no tenía prevista su asistencia antes de que estallase la invasión rusa de Ucrania. Como en su momento ocurrió con la pandemia, los dirigentes autonómicos acuden con posiciones encontradas para dar respuesta a un reto común. En este caso, salvaguardar a los hogares y la industria de la crisis en el mercado energético, además de preparar la respuesta humanitaria con la acogida de refugiados. Respuestas en clave nacional que complementen a las que se tomarán en el seno de la UE, donde se está avanzando para topar el precio del gas.

Desde las comunidades gobernadas por el PP coinciden en apostar en el corto plazo por paliar el alza de la luz a través de más rebajas fiscales (con un IVA superreducido del 4% en lugar del 10% actual) y extenderlas también a los carburantes, cuyos precios están igualmente disparados. El Ejecutivo pretende limitarse a prorrogar hasta el 30 de junio las bajadas de impuestos en la luz, aplazar la reforma fiscal que, entre otros tributos, preveía aumentar la carga impositiva del diésel, y optar de momento por el ahorro energético, como el "uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización", según el borrador con el que acude Pedro Sánchez y al que ha tenido acceso este diario.

Pero no es suficiente para algunas autonomías. Las más beligerantes, como es el caso de la Comunidad de Madrid, exigen un plan más detallado sobre el gasto energético y la escalada de precios derivada de la crisis internacional, con el foco puesto no solo en las familias, sino en las administraciones públicas. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso señala la factura de la luz del Metro de Madrid, y lamenta que en tan solo dos años el coste de la energía en el suburbano haya pasado de 49 a 268 millones de euros.

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El documento del Ejecutivo recopila otras medidas como destinar 1.000 millones de euros adicionales para el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, acelerar el despliegue de renovables mediante la eliminación de barreras ligadas a la conexión eléctrica, asignar una partida de 500 millones de euros para acelerar el autoconsumo y adelantar a este primer semestre del año 2022 una subasta de energías renovables respecto del calendario inicial. En el marco de la industria, como ya avanzó Sánchez, se reducirán en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos.

Otro de los asuntos que se abordarán tiene que ver con la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos "para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico", en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional. El potencial impacto del conflicto armado en la industria turística de nuestro país, será otro de los aspectos a valorar con las diferentes CCAA, incluyendo el refuerzo de la promoción en otros mercados menos expuestos.

Sánchez veta una bajada impositiva

El de la rebaja fiscal será uno de los asuntos más delicados a tratar en la Conferencia de Presidentes. Mientras los populares presionarán en bloque con la medida, Moncloa no ve margen para abordar una reducción impositiva. El todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo propondrá que, mientras dure este ascenso de los precios, se reduzca el IVA en España entre el tipo superreducido y el reducido, dentro del marco normativo de la Unión Europea. Una medida, sostienen desde el equipo del gallego, enfocada a mantener la actividad en los sectores industrial, agrario y pesquero.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se alineaba este viernes en público con la propuesta que defenderán los populares en bloque. Esto es, incrementar las rebajas fiscales ya existentes en la luz y extenderlas a los combustibles "para compensar la subida de los precios de estos suministros". En una comparecencia ante los medios, recogida por Europa Press, puso el foco en la inflación galopante reclamando a Sánchez asumir responsabilidades y tomar decisiones. "El Gobierno central tiene margen fiscal para bajar ese IVA, como han hecho ya otros países europeos y compensar así el incremento de precios en esos productos básicos", defendió como medida urgente "antes de que lleguemos a un 'crecimiento cero'".

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Salvaguardar la actividad industrial es otra de las premisas con las que acuden presidentes de diferentes colores políticos, como el vasco Iñigo Urkullu o el valenciano Ximo Puig. Ambos ya coincidieron durante una reunión el pasado lunes en el palacio de Ajuria en señalar el obstáculo para la recuperación económica de la escalada de precios y su efecto tanto en la industria como en los hogares, avanzando en su voluntad de "estrechar la colaboración para impulsar proyectos europeos conjuntos" y constatando que tienen "intereses industriales potentes y son dependientes de la energía".

Fuentes de la Lehendakaritza avanzan que Urkullu realizará una reflexión sobre esta problemática en la Conferencia de Presidentes con objetivo de buscar soluciones urgentes. El líder valenciano, por su parte, exigirá la puesta en marcha plan de acción estratégico a la mayor brevedad posible para "dar una respuesta inmediata" a la crisis.

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En el capítulo de agravios, desde el entorno del presidente murciano, Fernando López Miras, anticipan que Sánchez va a exponer que "todo está mal por la guerra de Ucrania, que vienen tiempos difíciles", y auguran que, pese a la petición de "arrimar el hombro", no se contará realmente con las autonomías para gestar un plan de actuación conjunta, como a su juicio sucedió durante la pandemia. Critican, además, que no se haya incluido en el orden del día la reforma de la financiación autonómica, de la que critican los "continuos retrasos injustificados" por parte del Ejecutivo central.

Sobre la acogida de refugiados, desde la Comunidad de Madrid trasladan su preocupación porque el Gobierno, "como pasó en el inicio de la pandemia, está absolutamente desaparecido y no se está coordinando". Desde el gobierno regional que lidera Isabel Díaz Ayuso se muestran dispuestos a prestar los servicios públicos necesarios, pero advirtiendo que "el Gobierno de España tiene la primera competencia en esta materia y tiene que ayudar, tiene que asumir su responsabilidad".

Un buen número de las diferentes comunidades autónomas ya han ido trasladando al Gobierno y sus respectivas delegaciones territoriales sus recursos y capacidad para la acogida de refugiados. El objetivo es coordinar la acogida a través de un plan de recepción de personas desplazadas procedentes de Ucrania e integrando todas las contribuciones de las comunidades autónomas y los municipios. En los centros de acogida, se otorgarán, con un plazo máximo de concesión de 24 horas, permisos de residencia y trabajo en España por un año renovable.