El Gobierno revisará el reglamento de la Conferencia de Presidentes tras las críticas

El Gobierno explorará con las comunidades autónomas cambios en el reglamento de la Conferencia de Presidentes. El objetivo pasa por repensar este foro multilateral, avanzar en su institucionalización y profundizar en una cogobernanza real. Así lo trasladó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención de cierre de la XXIV Conferencia de Presidentes, según fuentes presenciales. Para ello, la nueva titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha comprometido a abrir una ronda con los diferentes consejeros territoriales e iniciar estos trabajos con vistas a "repensar" el reglamento. En sus propias palabras, según confirmó en rueda de prensa tras el encuentro, se trata de que este tipo de órganos "evolucionen para ser más ágiles". Aunque reprochó que se pusiese el foco en las formas y no en el fondo, reconoció que el "presidente está dispuesto en que (la Conferencia de Presidentes) no puede ser un problema" porque "se trata de llegar a acuerdos y dar soluciones a la ciudadanía".

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca ha venido precedida por una tormenta de críticas de la mayoría de presidentes del PP, pero también por los presidentes de Euskadi y Cataluña, tanto por el procedimiento adoptado para su organización, sin previamente consensuar el orden del día, como por un formato que se asemeja más a una simple reunión que a un foro de trabajo de cara adoptar acuerdos. A la ausencia del catalán Pere Aragonès, quien criticó la Conferencia de Presidentes porque solo serviría "para hacerse una foto", y al amago de Iñigo Urkullu de seguir sus pasos, se sumó la amenaza de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de no volver a acudir a este foro si no cambia el formato de la convocatoria. Las reclamaciones sobre el cambio de formato fueron transversales, independientemente del color político, entre los que destacaron Iñigo Urkullu, Juanma Moreno y Ximo Puig.

Para evitar ausencias y las críticas respecto a la "asimetría" o "tratos de favor", se busca convertir las Conferencias de Presidentes en un foro más propicio para el diálogo y la toma de decisiones basadas en el acuerdo. También para avanzar hacia marcos más federales. El presidente valenciano, Ximo Puig, abundó en la necesidad de profundizar en la cogobernanza desarrollando una legislación al respecto.

La ponencia marco del PSOE para su 40 Congreso de octubre aboga ya por desarrollar un marco legal "que contribuya a mejorar la cogobernanza con la participación de las distintas administraciones públicas en la toma de decisiones, reforzar la coordinación y colaboración entre ellas, así como perfeccionar la articulación competencial que regula el reparto de responsabilidades incorporando la planificación estratégica y la evaluación constante y transparente de las políticas públicas". En esta línea, los socialistas apuestan por fortalecer la Conferencia de Presidentes con el compromiso de celebrar dos reuniones al año.

La voluntad de modificar el actual modelo de la Conferencia de Presidentes pasa por favorecer los acuerdos y "ver cómo nos organizamos para seguir avanzando", según ha aclarado al término de la cita la ministra de Política Territorial. Con todo, ha calificado que durante la pandemia este foro sirvió para establecer "una colaboración inédita con las CCAA" y que se trata de "una fórmula útil para poner en común, encontrarnos y marcar estrategias consensuadas".

El Ejecutivo tiene previsto celebrar otra Conferencia de Presidentes antes de que finalice este año. De hecho, en esta cita ya se ofrecieron para acoger la cita tanto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como el canario Ángel Víctor Torres.

La Conferencia de Presidentes se creó en 2004 como el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Una figura que se desarrolla en el artículo 146 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Entre sus funciones se establece el debate sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico y la potenciación de las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas.

Para aplacar las críticas de los presidentes del PP, que acudieron a la cita reprochando la falta de vacunas, el Gobierno ha anunciado que en el mes de agosto llegarán a España 3,4 millones de vacunas adicionales contra el coronavirus para "avanzar" en el plan de vacunación. Asimismo, las comunidades autónomas recibirán durante este año un total de 10.500 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se trata del 55,5% de los 19.036 millones provenientes de los fondos europeos que Bruselas entregará a España en 2021. Sobre los 24.197 millones de euros presupuestados para este ejercicio, la cantidad que manejarán las CCAA representa el 43%.