El delegado del Gobierno en Euskadi ejerció de enlace para mediar por los presos de ETA

El entorno de ETA tenía otra vía directa con el Gobierno aparte de Interior para presionar por sus presos. Se trata del exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, un socialista experimentado en estas gestiones subterráneas con emisarios de la banda terrorista. Jorge García Sertucha, el etarra condenado en su día por querer matar al rey Juan Carlos, se encargó de tratar con él por un preso, según consta en el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Confidencial.

“Yo haré la gestión con Loza”, escribió a través de WhatsApp García Sertucha. Se lo mandó a primera hora del 21 de mayo de 2019 a José Antonio López Ruiz, 'Kubati', miembro de la comisión de presos de Sortu y principal investigado por la organización de 'ongi etorri', los actos de homenaje a los etarras cuando salen de prisión. La gestión de Sertucha con Loza era interceder por el preso etarra Zigor Orbe Sevillano, a quien Interior acababa de dar un segundo grado penitenciario, pero querían que además lo trasladasen a una prisión cerca de su casa. En la interlocución se aprecia que Kubati no necesita más explicaciones sobre por qué su compañero introduce la opción de Loza como un recurso cercano.

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Sertucha se ofreció a esta labor después de conocer que ya se había activado una primera vía de contacto con el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, alto cargo de Interior de la máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska. Esta otra vía corría a cargo del abogado de etarras y diputado de Bildu en el Parlamento vasco Julen Arzuaga. Tal y como ha avanzado este periódico, este era uno de los interlocutores directos con Interior.

El recurso de Loza evidencia que el entorno de ETA contaba con otra vía de comunicación con el Ejecutivo. En mayo de 2019, Loza era el delegado del Gobierno en el País Vasco, cargo que ostentó hasta 2020. Antes había sido comisionado para la Convivencia por orden del lendakari socialista Patxi López, bajo cuyo mandato ETA decretó el cese de la violencia en 2011. Loza se implicó en la apuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la vía Nanclares. Fue una estrategia basada en conceder beneficios penitenciarios a los internos que manifestaban su distanciamiento de la organización criminal.

Su labor estuvo siempre a caballo entre las víctimas y los presos de ETA, lo que le llevó a tener relación con representantes de la izquierda 'abertzale' próximos a Otegi, según recuerdan testigos de aquellos contactos. “Acercar presos es una vía para favorecer la convivencia”, aseguró en una entrevista concedida a 'El País' solo un año antes del mensaje de Sertucha destacado por la Guardia Civil.

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Kubati, condenado por el asesinato de Yoyes, le dio el visto bueno para que activase las gestiones con Loza en favor de Zigor Orbe Sevillano. "Se entiende que va a solicitar idénticas actuaciones al por entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza Aguirre", detalla la Guardia Civil. El problema para ellos es que Interior mantenía a este recluso en una prisión de Cádiz, una de las más alejadas del País Vasco. Medio año después, pasados los comicios generales de noviembre de 2019 en los que se selló el actual Gobierno de coalición, el Ministerio del Interior aprobó su traslado directo a la cárcel de Álava.

El Confidencial informó la semana pasada de que la Audiencia Nacional ha denegado recientemente un permiso ordinario de salida de prisión para Zigor Orbe porque entiende que su escrito de arrepentimiento es insuficiente y no contiene ninguna mención expresa a sus víctimas directas.

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García Serucha, alias 'Patas', era el contacto de Loza, según se recoge en este informe. En 1991 ingresó en ETA y se encuadró en el comando 'legal' (no fichado por la policía) de apoyo al comando Vizcaya. Ese mismo año huyó a Francia a raíz de la desarticulación del comando. El 9 de agosto de 1995 fue detenido en Palma de Mallorca. Fue condenado a 37 años de prisión por su intento de atentar contra Juan Carlos I durante ese verano. Según el informe policial remitido a la Audiencia Nacional, a su salida de prisión, este etarra ha estado desempeñando funciones ligado a Kubati en lo que tiene que ver con la gestión de los presos de ETA.

Después de que El Confidencial desvelase estas pesquisas policiales, los partidos de la oposición PP, Vox y Ciudadanos han pedido la dimisión de Grande-Marlaska. Los populares pedirán una comisión de investigación y ya han registrado una proposición de ley para frenar los homenajes a terroristas y la "utilización por Sánchez de la política penitenciaria para afianzar sus alianzas". El partido liderado por Santiago Abascal, por su parte, ha presentado una iniciativa en la que exige la dimisión del ministro. El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha anunciado que su grupo también solicitará la comparecencia del ministro.

Por su parte, Interior ha enmarcado dentro de la normalidad los contactos de su jefe de Prisiones con el entorno de ETA: "Dentro de sus funciones institucionales, atiende de forma habitual a numerosas personas y representantes de sectores de muy diversa índole. En ningún caso influyen en modo alguno en la toma de decisiones sobre las personas privadas de libertad. Estas decisiones se rigen única y exclusivamente por la legalidad, conforme a los procedimientos establecidos y los informes preceptivos".