¿Por qué es tan difícil impedir los 'ongi etorri' de homenaje a presos de ETA?

"Y seguro que ahora es recibido en su pueblo como un héroe". Esta frase, pronunciada con resignación, se repite demasiadas veces en boca de las víctimas del terrorismo cuando alguno de 'sus' etarras sale de prisión. Se refieren a los 'ongi etorri', los recibimientos que les brinda el entorno abertzale a los miembros de la banda cuando vuelven a casa tras cumplir condena. Desde hace años, ninguna autoridad encuentra argumentos jurídicos para impedirlos.

Es un debate en el que se acumulan resoluciones judiciales permisivas, la dejadez de las delegaciones de Gobierno del País Vasco y Navarra y la doctrina europea, favorable a la libertad de expresión y reunión. Con motivo del décimo aniversario del fin de los atentados de ETA, estos 'ongi etorri' —que nunca han dejado de celebrarse— han motivado también el debate entre partidos en el Congreso de los Diputados.

La última vez que en España se prohibió uno de estos homenajes fue hace años. Desde entonces, la reacción de los jueces es siempre la misma: permitir su celebración y dar aviso a las fuerzas de seguridad para que estén vigilantes por si se produce algún tipo de humillación a las víctimas y en ese caso actuar en consecuencia. Siempre sí se ha producido, nunca de forma preventiva.

Detenidos por organizar recibimientos

Las fuentes consultadas no recuerdan ninguna imputación por el desarrollo de estos homenajes pese a que las víctimas se sienten siempre humilladas. Actualmente, la única investigación de cierta relevancia es la que mantiene el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En el marco de esta causa fueron detenidos y luego liberados el histórico etarra José Antonio López Ruiz, 'Kubati' y otras personas del entorno proetarra acusados de organizar casi un centenar de 'ongi etorri' desde 2016. Por el momento se les investiga por enaltecimiento del terrorismo, pero se siguen practicando diligencias.

La puesta en escena en este tipo de actos, incluso para quienes acumulan numerosos asesinatos, suelen ser siempre iguales: aplausos en la vía pública, abrazos, flores, banderas, cánticos, un 'aurresku', discursos... El colofón consiste en la retirada de la foto del terrorista de la pared en la que cuelgan las imágenes de los presos de ETA de la localidad en cuestión. Solo a los que se han mantenido firmes hasta el último día se les considera dignos de este agasajo mientras se les niega a los que mostraron alguna vez arrepentimiento o incumplieron la ortodoxia de la banda en las prisiones.

Uno de los últimos intentos de impedir un acto de homenaje fue el pasado septiembre. El entorno proetarra convocó una marcha en apoyo al terrorista Henri Parot, autor de múltiples asesinatos. Sus víctimas, como es habitual, acudieron a la Audiencia Nacional, pero la justicia permitió el acto. En su resolución, el juez José Luis Calama dejó claro que el ámbito penal no es el adecuado para velar "por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación".

A su entender, eso es algo que corresponde a las delegaciones de Gobierno. Pero al mismo tiempo dejaba claro que, para prohibir o modificar una convocatoria, hay que acreditar que exista riesgo contra el orden público. El mismo criterio mostró la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el caso de Parot, ni la Delegación de Gobierno ni el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, competente para estudiar los recursos por esta vía, prohibieron la marcha tampoco.

La vía administrativa

Las víctimas alegan que las delegaciones de Gobierno podrían actuar en virtud de protección a las víctimas de 2011 y la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento Vasco en 2008. Recogen la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas "para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".

El delito de enaltecimiento del terrorismo se incorporó por primera vez en la reforma del Código Penal del año 2000. Se incluyó en el artículo 578 con dos conductas diferenciadas: por un lado, el enaltecimiento o justificación del terrorismo o sus autores, y por otro, la emisión de manifestaciones o la realización de actos de desprecio, descrédito o humillación de las víctimas de delitos terroristas. El espíritu de esta reforma era precisamente dar a los jueces herramientas legales para prohibir actos como los 'ongi etorri', pero según admiten las víctimas, "la evolución jurisprudencial ha limitado, y mucho, la vía penal para la evitación y persecución de este tipo de delitos".

Ya no basta una humillación genérica para prohibir el homenaje, se exige acreditar una intencionalidad específica de enaltecer

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asumen que llevan tiempo replanteándose las opciones más efectivas. En este cambio jurisprudencial han jugado un papel fundamental el Tribunal Constitucional, con su sentencia n.º 112/2016, de 20 de junio, y la Unión Europea, con su Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo.

Básicamente, el cambio es que ya no basta una humillación genérica para prohibir el homenaje a un etarra, sino que se exige acreditar una intencionalidad específica de enaltecer a los autores de delitos de terrorismo. Además, se exige una incitación indirecta a la comisión del delito que implique un riesgo para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades.

Existe, no obstante, una tercera vía para limitar los 'ongi etorri' y tiene que ver con la legislación penitenciaria. En algunos casos, el Juzgado Central de Vigilancia de la Audiencia Nacional ha puesto como condición para conceder beneficios penitenciarios a etarras que no participen en actos de enaltecimiento como los 'ongi etorri'.

Los políticos

La Comisión de Interior del Senado rechazó hace días una iniciativa de Ciudadanos que instaba al Gobierno a tomar medidas para impedir la celebración de los homenajes a etarras condenados en sentencia firme. El texto, que contó con el voto en contra el PSOE, incluía un llamamiento al Ejecutivo para "asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelvan a producir los denominados 'ongi etorri'".

La iniciativa constaba de un segundo punto en el que se reclamaba el cese de los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra que "no actuaran para impedir" esos homenajes, "claramente contrarios a la democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo".

Por su parte, Casado ha anunciado que el PP presentará una proposición de ley en el Congreso que planteará "acabar con los 'ongi etorri'". "Hasta ahora la ley dice que no se pueden celebrar y nosotros queremos que no se puedan convocar porque siempre juegan con ocultar la convocatoria y se acaban celebrando", dijo Casado en declaraciones a la Cadena Cope.

El Gobierno supedita una reforma para sancionar por la vía administrativa los 'ongi etorri' a la conclusión del debate abierto en la UE

El Gobierno ha subrayado que supedita la anunciada reforma legal para sancionar por la vía administrativa los 'ongi etorri' a la conclusión del debate abierto en la Unión Europea sobre la "perspectiva de los derechos humanos". A su juicio, actuar contra estos homenajes públicos "puede colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", dijo el Ejecutivo a través de una respuesta parlamentaria escrita fechada el 11 de octubre a la que tuvo acceso Europa Press.

El Gobierno recuerda que actualmente se debate sobre la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, ya que "una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo 5) cuando no existe un riesgo real e inminente".

Por este motivo, entiende que la prometida reforma de la Ley de Víctimas de 2011 "aconseja" esperar a la resolución del debate europeo. La intención es sustituir la vía penal —ante los reiterados pronunciamientos judiciales en contra de lo interesado por las víctimas— y usar como alternativa la administrativa, por medio de la regulación de sanciones económicas.

Recuerda el Ejecutivo que la propia legislación europea "exige que esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de libertades". Y añade sobre los 'ongi etorri': "Cuando se trata de organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde 2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias".