El PP busca blindar la ley para restringir los beneficios penitenciarios de presos de ETA

El Partido Popular endurece su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez tras difundirse las palabras de Arnaldo Otegi recogidas ayer por 'El Correo' —"Si para sacar a 200 presos de la cárcel hay que votar los Presupuestos, lo haremos"— que confirmaron la información adelantada por El Confidencial sobre la negociación que PSOE y Bildu mantienen en secreto para abordar una salida para los etarras en prisión. Según explica a este diario la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, la formación liderada por Pablo Casado va a someter a una férrea fiscalización la política penitenciaria del Ejecutivo con el objetivo de evitar que las excarcelaciones de miembros de ETA y los permisos que puedan solicitar sean discrecionales. Los populares llevarán al Congreso de los Diputados varias iniciativas para impedirlo.

El PP ha presentado en la Cámara Baja una propuesta legal para exigir el “control de la política penitenciaria” del Gobierno y “exclusión [de la misma] de pactos con Bildu”. La proposición de ley orgánica del PP se llama "de mejora del régimen de protección de la víctima del delito" y modificaría varias normas: el estatuto de la víctima del delito, el Reglamento Penitenciario, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la ley orgánica reguladora del derecho de reunión, la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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En concreto, los populares plantean “realizar un control exhaustivo de la ejecución de las competencias penitenciarias transferidas a las administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de la recuperación de la transferencia si se aprecia un trato de favor hacia los presos de ETA”. Esta recentralización de la transferencia en materia de prisiones ya fue precisamente citada por Casado en el cierre de la convención del PP: "Recuperaremos la competencia sobre las prisiones en Cataluña y País Vasco", lanzó en Valencia.

"Recuperaremos la competencia sobre las prisiones en Cataluña y País Vasco", lanzó Casado en el cierre de la convención del PP en Valencia

Esa es, precisamente, una de las demandas de Bildu. La izquierda 'abertzale' plantea en la negociación con el PSOE, avanzada en exclusiva en El Confidencial, que la Fiscalía mueva ficha en el tratamiento de los presos de ETA. Antes de disolverse, la banda terrorista levantó a sus presos la histórica prohibición de acogerse a la legislación penitenciaria para optar a beneficios. Pero la ley otorga al Ministerio Público un papel clave como muro de contención en la materia. Para que los jueces revoquen decisiones de la Administración política en las cárceles, por considerar que no se dan las condiciones exigidas por ley, es necesario que la Fiscalía recurra. Y eso es lo que no acepta Otegi. Si el Ministerio Público no recurre, los reclusos tendrán más sencillo acogerse a beneficios penitenciarios.

Además de esta férrea fiscalización de la política penitenciaria, el PP va a registrar la solicitud de comparecencia en el Congreso de los ministros de Hacienda e Interior, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. Génova quiere conocer, en boca de Montero, si existe un acuerdo con EH Bildu para conceder beneficios penitenciarios a los presos de ETA a cambio del apoyo del grupo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado. Y de Marlaska quieren saber cuál es la política penitenciaria y que explique en qué están basados los acercamientos de los reclusos etarras.

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Los populares también proponen en la citada proposición de ley “excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia”. Es decir, Bildu no podría llegar a acuerdos con el Ejecutivo central si no realiza una condena expresa de los asesinatos de la banda terrorista. La iniciativa está pendiente de debate en la Cámara y en ella también proponen acabar con los 'ongi etorri', los recibimientos a los etarras que abandonan la prisión.

“No hay que olvidar que la primera parte de esa hoja de ruta, que no es nueva, ya se ha producido: están todos [los presos] acercados al País Vasco, la mayoría ya en cárceles de la comunidad autónoma, y transferidas recientemente las competencias”, expone Gamarra.

El PP también es partidario, y así lo ha planteado en la misma proposición, de “instar que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra la humanidad con el fin de evitar su prescripción” y de “impulsar, desde la Fiscalía General del Estado y desde el Ministerio del Interior, todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los 379 crímenes de ETA pendientes de resolver”.