El Gobierno traslada a Bildu que acabará progresivamente con la dispersión de presos

El Gobierno considera que la política de dispersión de presos de ETA ya no tiene sentido y es partidario de ir progresivamente acercándolos a prisiones del País Vasco. Y así se lo ha trasladado a Bildu desde hace tiempo.

Este tema ha estado este miércoles en la mesa de la reunión que han mantenido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los representantes de Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute. Y estará la próxima semana en la que mantendrán con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. No obstante, el Gobierno asegura que no forma parte de la negociación de los Presupuestos con Bildu.

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De la reunión de este miércoles, se trasladó desde la Vicepresidencia primera la disposición de Bildu de “mantener la estabilidad de la legislatura”. Y este partido transmitió que una de sus reivindicaciones básicas es la referida a la política penitenciaria.

Así lo ha explicado hace tiempo el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque siempre ha advertido de que no habría traslados masivos. Se ha ido haciendo de manera individualizada y sostenida en el tiempo, con supervisión de las juntas de tratamiento de cada prisión y en aplicación del reglamento penitenciario.

De hecho, desde julio de 2018, cuando tomó posesión el Gobierno de Pedro Sánchez, se han producido medio centenar de traslados de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. Suponen la cuarta parte del total de presos de la banda. Con el Gobierno de Mariano Rajoy, solo se produjeron media docena de traslados. Además, desde 2018 se ha progresado a segundo grado a algunos presos etarras, empezando por los que no tenían delitos de sangre y habían aceptado la legalidad.

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En este momento, según datos oficiales, hay 204 presos de la banda terrorista. De ellos, hay todavía 20 en primer grado penitenciario en las tres cárceles de El Puerto de Santamaría, las más alejadas del País Vasco con reclusos de ETA. Es decir, aún es el 10% del total de reclusos etarras.

En ese primer grado, están sometidos en algunos casos a aislamientos. En otros casos, se les aplica el artículo 100.2 del reglamento que permite suavizar su régimen sin progresarles de grado. La voluntad del Gobierno es poner fin a esa dispersión y proceder al citado acercamiento individualizado.

De todos esos movimientos se da cuenta en notas de prensa, pero no ha habido un pronunciamiento público del Gobierno sobre la voluntad de proceder a esos acercamientos paulatinos. De hecho, hay miembros del Gobierno y del partido que preferirían acelerar esos traslados, previa declaración pública.

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El Gobierno insiste en que los traslados no suponen ni un beneficio penitenciario ni un privilegio, y mucho menos una puesta en libertad. Es el cumplimiento de la legalidad que señala que el cumplimiento de la pena debe tener lugar cerca de sus localidades de origen.

La Justicia confirmó la legalidad de la política de dispersión, pero el Gobierno argumenta que era un instrumento más de la lucha antiterrorista, tenía sentido en el momento en que la banda terrorista estaba activa, pero no una vez que está disuelta. Ahora, supone penalizar a las familias.

La política de dispersión se puso en marcha en los años ochenta por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, en colaboración con el PNV. La idea era romper el bloque de presos de la organización terrorista que, agrupados en pocas prisiones, mantenían una estructura jerárquica que impedía que se acogieran a medidas de reinserción.

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Aislando a los presos, se buscaba que de manera individualizada pudieran abandonar la estructura y disciplina de ETA. De hecho, un representante del PNV, entonces diputado, visitaba las prisiones para intentar fomentar esa reinserción. Ahora, ya no tiene sentido, en la medida en que no existe tal bloque ni disciplina de ETA, porque ETA está ya disuelta.

El propio presidente del Gobierno aseguró la semana pasada en el Senado que “el Gobierno actúa siempre en el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos humanos. No hay mayor garantía de cuidado de los derechos humanos que la atención individualizada. Ninguna persona, ningún reo, forma parte de ningún colectivo abstracto, sino que es atendido como alguien individual, con su nombre y con sus apellidos”.