Abogados de ETA negocian en la Audiencia Nacional el fin de la dispersión de presos

ETA ya ha dado los primeros pasos para pactar un acercamiento de sus presos a cárceles del País Vasco. En las semanas previas a la disolución de la organización, abogados vinculados a la defensa de los miembros de la banda han celebrado reuniones con representantes de la Audiencia Nacional en un intento de sentar las bases para el fin de la dispersión de reclusos. Los contactos se encuentran aún en una fase incipiente y pretenden ir definiendo movimientos futuros tras la desaparición completa de la organización. Sus interlocutores no han dado por el momento muestra alguna de aceptar la propuesta, aún en pañales, y que estrena sus primeros pasos.

Según informan a El Confidencial fuentes de la lucha antiterrorista, la iniciativa está liderada por letrados de la izquierda abertzale que representan de forma tradicional a los acusados de la banda, con Iñigo Iruin a la cabeza. Se han comprometido a presentar un "mapa" de la situación de los cerca de 300 presos que permanecen encarcelados en prisiones de distintos puntos de España y Francia, en representación del colectivo 'oficial' de presos.

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Según los datos que maneja Etxerat, se trata en concreto de 224 reclusos en España y 50 más en Francia. Solo cuatro de ellos cumplen condena en cárceles del País Vasco, repartidos entre las prisiones de Basauri, Zaballa y Aita Menni. El resto se encuentran dispersos por todo el territorio español, en un total de 41 prisiones. Las más cercanas a los lugares de origen de los encarcelados son Zaragoza, Burgos, Logroño y Soria, que suman algo más de una decena. En su mayoría, los presos etarras se localizan en prisiones de Andalucía, a 1.000 kilómetros de distancia de sus provincias.

En busca de la complicidad de la Fiscalía, los protagonistas de la iniciativa elaboran un listado personalizado por provincias que incluirá a todos estos reclusos. Además de especificar el lugar de origen de cada condenado, la lista establecerá su pena y los años cumplidos y reflejará aspectos personales como las edades o enfermedades en caso de padecerlas. La prioridad de los letrados es la de tratar de abrir la posibilidad de un traslado progresivo de los penados, comenzando por aquellos con condenas más bajas, por colaboración o delitos como la falsedad documental o la posesión de armas.

La banda descarta por el momento reclamar un acercamiento masivo y en ningún caso ha puesto sobre la mesa los presos con condenas más altas

Según las fuentes consultadas la banda quiere proceder con cautela y de forma progresiva. Descarta por el momento reclamar un acercamiento masivo y en ningún caso ha puesto sobre la mesa los nombres de los presos con condenas más altas y vinculados a delitos de sangre. Los abogados que representan y atienden a los encarcelados son conscientes, por encima de todo, de que el cumplimiento íntegro de las penas es innegociable tanto para la Fiscalía como para el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias y que tendrá inevitablemente un papel protagonista en cualquier futuro acuerdo.

¿Por qué primero la Audiencia Nacional?

El esquema más previsible será la petición individual de cada uno de presos que irán reclamando, uno a uno, que se les aproxime a sus familias. El argumento ahora es claro, ETA se ha disuelto y no retomará la lucha armada. Las solicitudes deberán gestionarse por el departamento que dirige Zoido ya que es Interior quien ostenta la competencia exclusiva sobre el traslado de presos. Y si es Interior quien manda en este asunto... ¿por qué comenzar la labor por la Audiencia Nacional? "Sin la conformidad de la Fiscalía es difícil lograr una respuesta positiva a cualquier solicitud", explican las fuentes consultadas.

El ministro no se ha mostrado, en recientes declaraciones, abierto a una iniciativa de este tipo si no existe contrapartida. Ha asegurado en sendas entrevistas a diarios vascos que, pese a la disolución, los presos de la banda terrorista, para optar a beneficios penitenciarios, tendrán que romper con la banda, mostrar su arrepentimiento, pedir perdón y colaborar con la Justicia. Los abogados son conscientes de que esta es la condición que marca la ley para el acceso a libertades condicionales.

Por su parte, el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, se ha mantenido en sus últimas declaraciones firme en el discurso que ya ha avanzado el Ministerio Público ante los distintos anuncios de la organización terrorista en los últimos días. No se permitirá, en ningún caso, "la impunidad", y el trabajo para continuar con el esclarecimiento de los asesinatos sin resolver no se detiene. Otro asunto a resolver en el que participarán los fiscales del tribunal encargado de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos terrorista será la gestión del regreso de los huidos, muchos de los cuales abandonaron España hace décadas para escapar de la persecución judicial. Si se abren los retornos será necesario revisar las imputaciones que pesan contra cada individuo.

Con el punto de inflexión que supuso el cese de la violencia muchas voces desde el tribunal avisan de que la política de dispersión ya no tiene sentido

La opinión de los integrantes de la Audiencia Nacional ha ido evolucionando con el paso de los años. Con el punto de inflexión que supuso el cese de la violencia son muchas voces las que desde el tribunal avisan que la política de dispersión ya no tiene sentido. Esta herramienta estrenada a finales de los 80 se ideó como forma de presión y arma para debilitar a la banda. También se quiso desde el Estado evitar una reorganización desde dentro de las cárceles. No obstante, choca con la norma general de que los reclusos deben cumplir condena en lugares próximos a su domicilio y será uno de los puntales del periodo de normalización y reconciliación que ahora se estrena.

Pese a ser una de las reivindicaciones estrella de la izquierda abertzale en los últimos años y estar en la agenda de prioridades del PNV, los últimos comunicados de ETA han evitado alusiones directas a esta cuestión. No obstante, los observadores presentes en la cita de Cambo sí lo han hecho. Su mensaje ha estado orientado en esencia a poner de manifiesto que "el proceso de paz no está acabado", con críticas a la actitud del Gobierno español y con la advertencia de que es necesario "resolver" la cuestión de "los presos políticos" para alcanzar la paz. "No se puede abordar el proceso de paz sin resolver esta cuestión", han alertado.