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Urkullu y Barkos presionan al Gobierno con un grupo de trabajo por los presos de ETA
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dicen que "se dan las condiciones" tras el fin de ETA

Urkullu y Barkos presionan al Gobierno con un grupo de trabajo por los presos de ETA

Los gobiernos vasco y navarro se comprometen a promover la creación de un foro con el Ejecutivo español para abordar a corto plazo cambios en la política penitenciaria que se aplica a los etarras

Foto: La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, antes de comenzar la declaración institucional que han realizado n el Señorio de Bertiz. (EFE)
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, antes de comenzar la declaración institucional que han realizado n el Señorio de Bertiz. (EFE)

Los gobiernos vasco y navarro van a promover la constitución de un grupo de trabajo con el Ejecutivo español para abordar cambios en la política penitenciaria una vez que se ha producido la disolución de ETA. Esta comisión tendrá como objetivo “impulsar un proceso de acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas a sus lugares de residencia”, aplicar “un criterio humanitario” a los reclusos enfermos, con menores a su cargo y que superen los 70 años de edad, promover “una política de reinserción acorde con su definición constitucional y con itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido fehaciente y definitivamente”. Entre sus finalidades, este grupo también deberá trabajar para que los presos asuman las “vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción”.

Impulsar esta comisión de trabajo se recoge en los “compromisos” que los gobiernos vasco y navarro han adoptado en respuesta al “anuncio de la definitiva desaparición” de ETA, que se ha formalizado esta mañana con la cumbre internacional en Cambo-les-Bains organizada por quienes han ejercido de mediadores de la banda terrorista en este proceso y que ha situado la cuestión de los presos como el factor capital para impulsar la convivencia. Los presidentes de ambas comunidades, Iñigo Urkullu y Uxue Barkos, han evidenciado su sintonía en materia de pacificación y convivencia en la “nueva etapa” que se abre tras el fin de la banda terrorista en una inédita comparecencia conjunta en el Palacio del Señorío de Bertiz, en Navarra, en el que han dado lectura a una declaración institucional.

"Se dan las condiciones para acordar y dar los pasos que abran definitivamente una nueva etapa de convivencia en nuestra sociedad", defienden

Este texto para valorar la decisión de ETA de echar el cierre a su sanguinaria trayectoria se completa con un documento que recoge diversas “propuestas y compromisos” que ha adoptado ambos ejecutivos toda vez que ahora, certificada la defunción de la banda terrorista, “se dan las condiciones para acordar y dar los pasos que abran definitivamente una nueva etapa de convivencia en nuestra sociedad”. Y en este nuevo periodo de convivencia, la “tarea prioritaria” es, según reflejan, la “reparación integral a las víctimas”.

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Los cambios en la política penitenciaria entran dentro de los pasos que, según ambas ejecutivas, se deben dar a “corto plazo”. El objetivo es lograr “un consenso sobre adaptación” de la política que se aplica a los presos de ETA “al nuevo contexto” y que “alcance a todas las fuerzas políticas”. Y dentro de esta tarea se enmarca la constitución de un grupo de trabajo entre los gobiernos español, vasco y navarro que permita resolver la cuestión de los cerca de más de 200 etarras que permanecen en cárceles españolas. Con ETA fuera de juego, Urkullu y Barkos buscan presionar al Ejecutivo del PP para el acercamiento de los presos, una cuestión que el gabinete de Mariano Rajoy siempre ha condicionado a la disolución de la banda terrorista como punto de partida.

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El País Vasco y Navarra también buscan promover un consenso político en torno a "una reflexión crítica del pasado". Su pretensión es que esta reflexión, “incluyendo explícitamente la violencia de ETA”, sea “compartida por primera vez por todas las fuerzas políticas”, incluyendo a los extremos PP y EH Bildu. A este respecto, advierte de que “la normalización de la convivencia requiere una valoración clara y compartida sobre la injusticia de la violencia de todas las organizaciones terroristas, y singularmente ETA”.

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Igualmente, sobre la base de la memoria, el reconocimiento a las víctimas y la promoción de una educación y cultura para la convivencia, los gobiernos de Urkullu y Barkos se han marcado a medio plazo impulsar políticas públicas de “reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política, de reparación “con todas las víctimas del terrorismo” y de “clarificación del pasado”, entre otras. En este sentido, defiende por “razones éticas” la reparación de todas las víctimas “sea cual sea la causa de su victimización, rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas y otras vulneraciones de derechos humanos”.

Barkos apela a "la superación de la excepcionalidad en las políticas penitenciarias" en su discurso mientras Urkullu evita la cuestión de los presos

Esta última es una de las consideraciones “de partida” de cara a acometer una “reflexión crítica y compartida” sobre el pasado que también implica asumir que “la construcción del futuro se asienta en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas” y que la “memoria plural y compartida se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación”.

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Por un lado están los compromisos reflejados en un documento tras el fin de ETA. Por el otro, están las valoraciones institucionales de los presidentes del País Vasco y Navarra al último comunicado de la banda terrorista. Y aquí Urkullu y Barkos han pronunciado cada uno sus discursos, que han compartido una misma raíz, pero han sido dos intervenciones diferentes. No ha habido una misma declaración institucional como tal. La presidenta navarra ha incluido en su mensaje la exigencia de "la superación de la excepcionalidad en las políticas penitenciarias" que aplica el Gobierno español, mientras que el lehendakari no ha hecho alusión a los presos. Urkullu ha dirigido su atención principal a las víctimas, que "son hoy sujeto y partícipe principal del logro democrático del fin de ETA", al tiempo que ha destacado que "queda la memoria el injusto daño generado" por la banda terrorista.

Los gobiernos vasco y navarro van a promover la constitución de un grupo de trabajo con el Ejecutivo español para abordar cambios en la política penitenciaria una vez que se ha producido la disolución de ETA. Esta comisión tendrá como objetivo “impulsar un proceso de acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas a sus lugares de residencia”, aplicar “un criterio humanitario” a los reclusos enfermos, con menores a su cargo y que superen los 70 años de edad, promover “una política de reinserción acorde con su definición constitucional y con itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido fehaciente y definitivamente”. Entre sus finalidades, este grupo también deberá trabajar para que los presos asuman las “vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción”.

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