España se niega a colaborar con la Justicia argentina en la lesa humanidad de ETA

La Audiencia Nacional se ha negado por segunda vez a remitir la documentación relativa a dos asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA en 1997 y 1998 —los de los concejales de Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño— que había solicitado el juez argentino Rodolfo Canicoba, instructor de la investigación contra jefes de la organización armada previos a 2004 por el delito de lesa humanidad. En concreto, el Juzgado Central número 6 del alto tribunal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha rechazado el envío de la información reclamada, que se centra sobre todo en la documentación que obra en los procedimientos judiciales que la Audiencia Nacional abrió para resolver las causas por terrorismo de los dos mencionados crímenes cometidos por ETA.

La negativa se produce después de que el juez Canicoba reiterara el pasado diciembre su petición inicial —rechazada en un primer momento por el entonces titular del Juzgado 6, Eloy Velasco— en un tono más elevado. El magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal número 6 de Buenos Aires remitió un exhorto a finales del año pasado en el que insistía a Velasco en que le mandara inmediatamente las causas de los dos concejales de Rentería, que habían sido previamente amenazados por ETA por negarse a abandonar el País Vasco.

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Canicoba criticó duramente la primera respuesta de la Audiencia Nacional, que alegaba que no enviaba la documentación porque ambas causas ya habían sido investigadas en España. El magistrado argentino contestó que Velasco rechazó la solicitud mediante unas "supuestas afirmaciones y omisiones que no fueron efectuadas por este tribunal". En primer lugar —puntualizó—, el tribunal con sede en Madrid alegó que el objeto de la investigación es indagar la muerte de 379 ciudadanos españoles, cuando en realidad "expresamente se ha señalado que aquí se investigan los asesinatos de dos personas", Caso y Zamarreño.

En segundo término, prosiguió el juez argentino, la Audiencia Nacional censuró que "no se señalaban las fechas de los hechos objeto de la investigación, cuando se ha indicado que los asesinatos ocurrieron el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998". Asimismo, añadió el titular del Juzgado Federal 6 de Buenos Aires, el tribunal español criticó que en el primer exhorto no se efectuara "una sumaria exposición de los hechos, cuando expresamente se realizó un relato" de los mismos. En cuarto lugar, agrega, reprochó "que se solicitara de forma indiscriminada copia de cientos de procedimientos cuando se ha pedido solo de dos" o que se hicieran cuatro reclamaciones cuando en realidad se hizo solo una.

A pesar de estas duras críticas de Canicoba a la argumentación esgrimida por Velasco para rechazar la petición, la nueva negativa de la Audiencia Nacional insiste en la misma línea. El Juzgado número 6, esta vez con el magistrado Diego de Egea al frente, ha reiterado los mismos argumentos para rechazar la segunda petición que los que usó en la primera negativa, que coinciden casi literalmente con los que utilizó la Fiscalía en ambas ocasiones para sostener sus razonamientos. En concreto, el fiscal Pedro Martínez Torrijos volvió a insistir en que la Audiencia Nacional ya había investigado ambos casos por terrorismo. Obvió nuevamente, sin embargo, el representante del ministerio público, que ninguno de los dos procedimientos había sido abordado por el delito de lesa humanidad, que es el que pretende indagar Canicoba.

El vacío legal fue lo que provocó que la asociación de víctimas acudiera a la Justicia argentina para rastrear el periodo previo

El juez argentino inició el procedimiento allí después de recibir una denuncia de Dignidad y Justicia que reclamaba investigar los dos casos mencionados por lesa humanidad con el fin de acusar a los jefes de la banda terrorista ETA por la teoría de la autoría mediata, que determina que no solo es culpable de asesinato la persona que aprieta el gatillo sino también quien le ordena que lo haga. Por el momento, la Audiencia Nacional investiga por este mismo motivo —también tras denuncia de Dignidad y Justicia— a los máximos dirigentes de la organización armada desde 2004 hasta la actualidad, al entender que antes de ese año no existía el tipo delictivo en el ordenamiento jurídico español. El vacío legal fue lo que provocó que la asociación de víctimas acudiera a la Justicia argentina para rastrear el periodo previo.

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Para el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, la decisión de rechazar por segunda vez el envío de documentación a Argentina resulta "vergonzosa", dado que por un lado España reclama de otros países colaboración judicial cuando luego ella no la proporciona. Se trata además, continúa, de "dos causas concretas, dos sumarios que reclama la Justicia argentina y que aquí solo se han abordado por terrorismo, no por lesa humanidad".

"No quieren que Canicoba vea que aquí no se investigaron por lesa humanidad", reitera Portero, que recuerda que la Fiscalía ahora y en su primer escrito ya se opuso al envío bajo el argumento de que "todos los crímenes cometidos por ETA han sido objeto de investigación policial y judicial". "Tras la salida de Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el ministerio público sigue por la misma línea de falta de colaboración con Argentina", subraya el representante de Dignidad y Justicia, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista en 2000.