Un cuarto de los presos de ETA ya aguarda en cárceles vascas la transferencia a Urkullu

Entre los presos de ETA en cárceles del País Vasco hay veteranos con delitos de sangre, los hay enfermos de salud, arrepentidos, un grupo ya en semilibertad, referentes como Soledad Iparraguirre, quien ejerció como portavoz del colectivo... La lista la integran medio centenar de terroristas repartidos entre las prisiones de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava). Representan una cuarta parte de los internos de la banda y la mayoría de ellos han llegado allí en los últimos años gracias al fin de la dispersión materializada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el próximo 1 de octubre, sus carceleros ya no responderán al Ministerio del Interior, sino al Gobierno vasco que ostenta el PNV.

El Ejecutivo socialista ha rubricado este martes el último trámite para transferir las competencias penitenciarias al País Vasco. Se tratará de la segunda comunidad autónoma que gestiona las cárceles, después de Cataluña. El Consejo de Ministros aprobó los cuatro decretos que formalizan el traspaso junto a transportes terrestres por carretera, asignación del ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Vizcaya). Un acuerdo político plasmado el pasado 10 de marzo en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco. Se cumple así una medida recogida en el Estatuto de Gernika, pero que el PNV —que llegó a apoyar la dispersión de etarras— no vio como una prioridad a realizar hasta después de la disolución de la organización criminal.

46 presos en Euskadi

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo de presos de la banda consultados por El Confidencial, a fecha de 30 de junio hay un total de 46 condenados por delitos relacionados con ETA en los tres centros penitenciarios de Euskadi. En pocos días serán 49 cuando se materialicen los traslados ya anunciados de Gaizka Astorquizaga, Arkaitz Agote y Agustín Almaraz.

Opinión

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Actualmente hay algo menos de 200 presos repartidos en cárceles españolas, cada vez más cerca de su lugar de origen. Unos 25 siguen en cárceles francesas. Cuando ETA decretó el cese definitivo de la violencia en 2011 eran un total de 700 reclusos. Fuentes de Instituciones Penitenciarias afirman que ahora sí habría capacidad y espacio para asumir a todos los presos de ETA en cárceles del País Vasco o Navarra.

En 2021 es una rareza que haya nuevas detenciones de terroristas, nada que ver con el goteo constante que precedió al fin de la organización. Ha pasado desapercibida la reciente entrega voluntaria del etarra huido David Urdin. Lo hizo este mes y reconoció los actos de 'kale borroka' por los que se le buscaba. Llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que aceptó dos años de cárcel. Además, se suspendió la orden de captura que pesaba en su contra, por lo que se acordó su libertad. En su día, los expertos antiterroristas de las fuerzas de seguridad le situaron en un papel relevante en ETA para gestionar los rescoldos de la organización.

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Ahora, la cifra de presos que ya están en el País Vasco fluctúa porque cada semana el Gobierno decide nuevos traslados y generalmente hay alguno a esa comunidad autónoma. También varía la cifra porque otros van saliendo en libertad, como Patxi Uranga y Olatz Lasagabaster, que lo hicieron el pasado 20 de junio. La cárcel que más presos de ETA tiene en sus celdas es la de Zaballa, con 25. Le sigue San Sebastián, con 14 y Bilbao, con siete.

Zaballa, de reciente construcción, es la heredera de la prisión de Nanclares de Oca, también en Álava. Ese fue el penal en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó su política de premios y castigos para el colectivo etarra hasta el punto que hubo una corriente de arrepentidos a los que se les llamó la 'Vía Nanclares'. Hoy todavía cumple condena alguno de sus representantes como Luis María Carrasco Aseguinolaza. Zaballa fue también la cárcel en la que ETA exigió una reagrupación de todos sus presos a cambio de cesar los atentados.

En tercer grado

En San Sebastián hay alguno de los últimos protagonistas de la actividad etarra como Jurdan Martitegui, al que las fuerzas de seguridad le ubicaron como uno de los breves sucesores que tuvo el último jefe de comandos destacado de ETA, Garikoutz Azpiazu Rubina, alias 'Txeroki'. Hay nombres que recuerdan atentados porque en ese medio centenar abundan los casos de terroristas con delitos de sangre. La mayoría está ya en segundo grado penitenciario o directamente en semilibertad. Es el caso de Emilio Salaberría, Idoya Martínez, Jesús Martín Hernando o Urko Labeaga, entre otros.

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Durante los dos primeros años de gobierno de Sánchez, apenas hubo traslados de etarras a cárceles del País Vasco. De los casi 250 traslados de etarras en todo el territorio nacional, casi 200 se han producido en el último año, según los datos que maneja la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En una primera reunión mantenida con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les prometió que se harían traslados y decisiones puntuales al País Vasco y a ninguno con delitos de sangre salvo caso de razones humanitarias. La AVT aprecia un cambio desde mayo de 2020, cuando se produce una abundancia de traslados al País Vasco para presos etarras con delitos de sangre y largas condenas por cumplir.

La histórica reivindicación de independencia de ETA incluía la anexión de Navarra al País Vasco y un porcentaje amplio de sus militantes era de la comunidad foral. En la cárcel de Pamplona hay actualmente 10 internos, algunos de ellos de relevancia como el exjefe etarra Javier Arizcurren Ruiz. También están Aurken Sola Campillo, quien fue detenido por liderar el comando Hego Haizea (Viento del Sur), que tenía la misión de perpetrar atentados en Navarra.

Los presos de una comunidad autónoma y otra seguirán teniendo en común la misma Ley Penitenciaria, seguirán dependiendo en última instancia de los jueces de la Audiencia Nacional, pero cambia la Administración encargada de aplicar las normas. Y eso abre la puerta a un margen de maniobra a la hora de impulsar o permitir excarcelaciones como se ha apreciado los últimos años en Cataluña con los presos del 'procés'. Cataluña era hasta ahora la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Decisiones como las progresiones de grado o la concesión de permisos de salida cortos pasan por la decisión de políticos.