La Iglesia apoyará la comisión Gabilondo para investigar los abusos sexuales

La Conferencia Episcopal dará su aprobación a la comisión independiente que ha impulsado el Gobierno, a través de una propuesta del PSOE, para hacer un informe de los abusos a menores en la Iglesia. La ejecutiva de los obispos se reunirá en los próximos días y se empezará a trabajar en la posición que tendrá la Iglesia. La ejecutiva es el órgano colegiado de los obispos donde se abordan los asuntos de urgencia. Teniendo en cuenta el ritmo impuesto por la Moncloa, podría descartarse que los pastores esperen a pronunciarse a las reuniones de la comisión permanente y de la Asamblea plenaria, previstas para marzo y abril. Es más, se da por hecho, que esta semana abordarán el tema de manera informal antes o después de la tanda de ejercicios espirituales que tienen aislados a gran parte de ellos en una residencia de Madrid hasta el sábado.

Según ha podido confirmar El Confidencial, la directriz es dar luz verde pese a que hay división entre los obispos sobre cómo enfrentar las investigaciones de pederastia. En esta posición está el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que ha sido el interlocutor con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en las últimas semanas. En este punto, en la Iglesia hay cierto “desengaño” con cómo se ha llevado la negociación.

En la reunión que el presidente Pedro Sánchez tuvo con Omella el pasado 24 de enero para sellar el acuerdo alcanzado sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, no se abordó el tema de los abusos. El presidente de la Conferencia Episcopal recibió posteriormente una llamada de Bolaños para adelantarle la posición de la Moncloa. Desde ese día, ha habido varias comunicaciones entre Bolaños y Omella y la Iglesia se ha mostrado predispuesta a colaborar, aunque sí han matizado que entienden que se deberían investigar este tipo de comportamientos en todos los ámbitos sociales. Desde la Moncloa, siempre se les ha trasladado que había una “postura institucional” cuando Podemos, ERC y Bildu plantearon la pasada semana una comisión de investigación a nivel parlamentario que finalmente fue parada por los socialistas, que rechazaron llevarla a pleno tras aprobarla para tratar su propia hoja de ruta.

Desde la Conferencia Episcopal, lamentan que tuvieran que enterarse el domingo por una información publicada en 'El País' de que el Ejecutivo apostaba por crear un órgano para investigar los abusos con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, al frente. Gabilondo está bien visto entre los obispos por su talante moderado y sus estudios en un colegio de jesuitas. En el terreno político, desde la parte de Podemos de la coalición se cree que el que fuera candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE en las pasadas elecciones tiene un perfil “blando” y “no aguanta la presión”. En este asunto, también hay diferencias entre los socios. Los socialistas no van a dejar margen y liderarán ellos el cómo, quién y cuándo.

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La designación de la exvicepresidenta Carmen Calvo para pilotar la defensa de la comisión en el Congreso es ya toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno. Calvo se entiende bien con el obispo Omella, pero a nadie se le escapa su vehemencia durante la negociación con el Vaticano de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Tras su visita a la Santa Sede para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se dio un hecho sin precedentes: el desmentido sobre lo tratado en el encuentro. Calvo aseguró que el Vaticano estaba a favor de inhumar al dictador en la Catedral de la Almudena y desde la Secretaría de Estado se la desmintió.

Ahora, la exvicepresidenta debe convencer al Congreso de que apoye el proyecto de ley para crear una “comisión independiente de asesoramiento” tutelada por Gabilondo y que contará con expertos, representantes de las administraciones públicas, asociaciones de víctimas y miembros de la Iglesia. Previsiblemente, la mayoría de los partidos se mostrarán a favor, aunque queda por despejar el voto de PP y Vox, que hasta ahora se han mostrado reticentes. Los de Pablo Casado apuestan por que la iniciativa no se convierta en una “causa general” contra la Iglesia y apelan a otros países donde se ha hecho al margen de las instituciones públicas. El objetivo es que se redacte un informe detallado sobre “las denuncias de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y los poderes públicos”. Desde los arzobispados más conservadores, hay rechazo a esta iniciativa porque no se teme tanto el número de víctimas como que se ponga de manifiesto que no se actuó con la diligencia debida cuando se cometieron los abusos. Fuentes eclesiásticas explican que hay obispos que temen perder su puesto por haber mirado para otro lado ante las denuncias o simplemente no haber acudido a la Justicia para que se abriese una investigación.

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Por estas diferencias, la Conferencia Episcopal irá dando pasos hacía el sí en la ejecutiva y posteriormente en la permanente de marzo y en la plenaria de abril, al entender que la aprobación de la investigación independiente sobre los abusos debe ser una decisión colegiada por su trascendencia. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se mostró a favor en una entrevista el pasado domingo con este medio de que expertos de fuera del ámbito político y clerical abordaran el tema de la pederastia desde “la verdad”. Osoro se mostró a favor de reunirse con las víctimas porque considera que con que “haya una sola denuncia” ya es una mácula para la institución. Esta semana hay unos ejercicios espirituales de los obispos que, según reconocen, se convertirán en una especie de “asamblea extraordinaria” donde se abordará el tema de los abusos en los pasillos o al final de las actividades.

A mediados de este mes está previsto que la nueva embajadora en el Vaticano, Isabel Celaá, desembarque en su nuevo puesto. En la embajada española en Roma se la espera con los brazos abiertos, dado que según reconocen a este medio su antecesora, Isabel Sanchís, no tenía buena relación con los trabajadores. La exministra de Educación emprendió una cruzada contra la Iglesia con su reforma de la ley de educación y su merma de autonomía para las escuelas concertadas. Ahora llega con el tema de los abusos abierto en canal, pero con la ventaja de que el papa Francisco ha sido pionero en su investigación. Bolaños, Calvo y Celaá pilotarán las relaciones Iglesia-Estado. Más de uno extrañará a la exvicepresidenta de Zapatero María Teresa Fernández de la Vega.