ERC exigirá garantías por escrito al Gobierno para llegar a pactos tras la reforma laboral

La oposición de ERC a la reforma laboral, calificada por Yolanda Díaz como "la norma más importante de la legislatura", ha supuesto un punto de inflexión en la relación de los republicanos con el Gobierno. El ánimo de ambas partes pasa por reconstruir puentes, pero las desconfianzas mutuas se han disparado. Fuentes de la dirección del grupo republicano lamentan la falta de garantías por parte del Ejecutivo a la hora de cumplir sus promesas. Algo que, dicen, vienen arrastrando desde tiempo atrás. El depósito de confianza ya había mostrado su luz de reserva en las negociaciones sobre la ley audiovisual, lo que en buena medida explicaría su posición en las negociaciones sobre la reforma laboral y anticipa muchas más dificultades para poder seguir llegando a acuerdos.

"Ya venimos de la ley audiovisual con un problema grave de falta de garantías y comunicación", censuran desde el entorno de Gabriel Rufián para justificar el resultado de las negociaciones en el proyecto estrella de Trabajo. Una norma comprometida con Bruselas y de la que dependen los fondos del plan de recuperación que finalmente se salvó por la mínima. Gracias al voto erróneo de un diputado del PP. Por problemas de comunicación, en Esquerra se refieren a las contradicciones entre los propios socios del Gobierno. A que las propuestas ofrecidas por los morados para acordar, posteriormente, no son aceptadas por la parte socialista del Ejecutivo.

Sin "garantías por escrito" del cumplimiento de compromisos, desde ERC no están dispuestos a mantener su apoyo al Ejecutivo en lo que queda de legislatura. Eso sí, siempre manteniendo el equilibrio entre no dejarlo caer al precipicio, por "responsabilidad" ante la alternativa de PP y Vox, y no "aceptar lentejas" o acuerdos que posteriormente se reviertan o hasta acaben sin materializarse. Como ejemplo de esto último, aluden a que está paralizada la tramitación como proyecto de ley de varios decretos que aceptaron apoyar a cambio de introducir modificaciones vía enmiendas.

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En el momento en que se encara la segunda fase de la legislatura, el bloque de investidura hace agua. Sobre todo por el flanco soberanista que encabeza ERC. Además, estos últimos perciben un ánimo en el PSOE de abrir el abanico de pactos para buscar también acuerdos por la derecha, un bloque en el que incluyen a Ciudadanos, PNV y otras formaciones minoritarias.

En el Gobierno, su malestar con los republicanos es proporcional y se les acusa de un cambio de estrategia por "electoralismo". Principalmente, para cerrar el paso a Yolanda Díaz por la izquierda. De ahí que en privado algunos diputados de los grupos parlamentarios que sustentan el Ejecutivo de coalición pusiesen en duda que su voto en contra de la reforma laboral fuese por diferencias con su contenido. Reprochaban así su tacticismo y deslizaban que votaban en contra porque tenían la seguridad de que el decreto no se derogaría.

Desde el Ejecutivo se reconoce una necesidad mutua de no romper los puentes, principalmente en la parte morada, al destacar que siguen teniendo muchos más puntos en común que diferencias. Los socialistas, con todo, han suavizado sus guiños exclusivamente al bloque de investidura, insistiendo en que su objetivo pasa siempre por conseguir los acuerdos más amplios posibles. Transversales, frente al empeño de los morados en mantener como única vía la del bloque de investidura para no tener que moderar la agenda legislativa.

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ERC ha transitado por un árido camino hasta llegar al pactismo con las izquierdas estatales y ahora amenaza con retroceder en este proceso. En parte por las presiones sobre la mesa de diálogo, que Sánchez ha querido diluir en plena campaña electoral de Castilla y León, generando cierta ansiedad en ERC, presionada por JxCAT. Los signos de agotamiento del depósito de confianza con el Gobierno de Sánchez ya comenzó a darlos el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su última visita a Madrid a mediados del mes de enero.

Entonces lanzó el mensaje de que el Govern no está dispuesto a aceptar más "dilaciones" y urgió al Ejecutivo a poner sobre la mesa una propuesta para desencallar el conflicto territorial que negó haber recibido hasta el momento. "No estamos dispuestos a aceptar una renuncia al derecho a decidir, el Estado debe atreverse a las urnas", para avisar de que "si no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos adelante". La sensación es que desde el Gobierno se busca la dilación y "ganar tiempo", mientras que los republicanos comienzan a dar signos de agotamiento. Tanto en el Congreso, a través de su grupo parlamentario, como en el Govern respecto a la mesa de diálogo, que ha logrado hasta ahora reducir la confrontación institucional. Está por ver cuánto tiempo.