Reforma laboral: Díaz aún exprime la vía ERC mientras Sánchez se vuelca con el PNV

Yolanda Díaz no tira la toalla. Una percepción que intenta evitar a toda costa. Pese a los reiterados portazos de ERC y los soberanistas a apoyar la reforma laboral sin cambios, la vicepresidenta segunda sigue insistiendo en exprimir la vía de sus socios parlamentarios. A 72 horas de que se vote el decreto en el Congreso, no se resigna a tener que sacarlo adelante con Ciudadanos. Todo ello, a pesar de que este fin de semana los nacionalistas cruzaron la línea de la negociación política para mostrar su rechazo en las calles a la reforma laboral. ERC y la CUP en Cataluña, Eh Bildu en Euskadi y BNG en Galicia se sumaron a las manifestaciones convocadas por los sindicatos afines que consideran insuficiente el proyecto pactado con los agentes sociales.

En el Ministerio de Trabajo mantienen que siguen anclados a la mesa de negociación y hasta se muestran confiados en obtener finalmente el respaldo de sus socios parlamentarios. Desde ERC niegan que haya negociación como tal, porque el Gobierno se cierra a tramitar el decreto como proyecto de ley para introducir cambios. La legitimidad de la reforma laboral y, por tanto, su perdurabilidad en el tiempo dependen de mantener dentro a sindicatos y patronal. Esta última ha amenazado con retirar su firma si se cambiaba una sola coma del texto.

Desde la parte socialista son menos optimistas. Tienen una menor necesidad de estirar hasta el final el relato de que se intentó todo con los republicanos, pero por tacticismo electoral se opusieron a una medida "buena para los trabajadores". El argumentario que comienza a deslizarse de forma paralela por los morados es que ERC está "anteponiendo el interés partidista al interés general". "Estoy muy sorprendida, pareciese que estamos en campaña", reprochaba Díaz el pasado miércoles en una asamblea con delegados sindicales de CCOO respecto a la oposición a su norma desde la izquierda.

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Si ya durante los últimos días en Moncloa se reconocía que no había margen para sumar a Bildu por sus elevadas exigencias para pactar, ahora se comienza a asumir la misma situación con ERC. Ambas formaciones plasmaron conjuntamente con BNG y CUP sus reivindicaciones de mínimos en un manifiesto que alejaba todavía más las posiciones. Prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos; autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos; modificar las causas de despido; recuperar en 45 días la indemnización por despido improcedente; establecer limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica de los trabajadores, o propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral.

El Gobierno prioriza mantener intacto el acuerdo con los agentes sociales para que no se descuelgue la patronal y solo ofrece negociar cambios en un paquete legislativo diferente, a lo que los soberanistas también se oponen. Ante este panorama, los socialistas han volcado todos los esfuerzos en tratar de seducir al PNV. Se considera un socio más pragmático, a la vez que prioritario para lo que resta de legislatura. Los nacionalistas vascos no tienen tanto votante frontera con el proyecto que encabezaría Yolanda Díaz. ERC y EH Bildu, como fuerzas de izquierda, sí.

Al margen del contenido de la reforma, el bloque de oposición anunciado por los socios de investidura confronta la retórica empleada por el Gobierno y los principales sindicatos para reducirlo a un mero cambio cosmético. Un argumento que estas formaciones refuerzan por la posibilidad de que el decreto salga adelante en su votación del próximo jueves con el apoyo de Ciudadanos. De una u otra forma, se dificulta el despegue del proyecto electoral de Díaz, que pretendía propulsar sobre la base de una reforma laboral "histórica". Precisamente, la intención de Díaz era poner en marcha su proyecto político, iniciando un 'proceso de escucha', una vez aprobado el decreto en el Congreso para aprovechar este impulso.

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El apoyo de Ciudadanos ya está cerrado y su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, señalaba esta semana que sería incompatible con el de los soberanistas, pero no con "la derecha" del PNV. Los 'jeltzales' se han mantenido firmes en su posición de no apoyar el decreto si no se garantiza la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Es el único punto que ponen sobre la mesa, aunque por su parte también han recibido presiones de Confebask para suavizar su posición. De hecho, los nacionalistas vascos han evitado concretar si aceptarían o no un compromiso a futuro para estudiar esta demanda. Esto es, matizándola en el Estatuto de los Trabajadores para ahora sacar adelante el decreto sin cambios. Esta es una de las ventanas que siguen abiertas para desencallar la negociación.

Hay más cuestiones que pueden hacer cambiar de posición al PNV para aceptar la reforma laboral en dos fases o girar hacia una abstención. La principal, el traspaso de competencias. El pasado viernes se entregó un nuevo documento al lendakari Iñigo Urkullu que modificaba los términos propuestos por el Gobierno central a finales de año para el traspaso del ingreso mínimo vital (IMV). Este nuevo texto incluía las reclamaciones que los técnicos del Gobierno vasco habían realizado. Como confirmó la propia portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se aceptaba un traspaso de esta competencia de "forma íntegra" y "sin limitaciones temporales".

Rodríguez se desplazó el pasado viernes a Vitoria para reunirse con el lendakari. Los nacionalistas vascos han reclamado también acelerar otras transferencias pendientes de concretar por el Gobierno central. Meteorología, gestión del litoral, Fondo de Protección a la Cinematografía y servicios privados de seguridad son algunas de las que han priorizado. Sin trascender compromisos con fechas concretas, se recalcó la voluntad de continuar con el trabajo de los equipos técnicos de ambas administraciones para culminar los traspasos de funciones y servicios pendientes. Unas concesiones que podrían allanar el camino para aprobar la reforma laboral sumando al PNV.