El TC busca vías para "pacificar" los plenos y potenciar la unanimidad

El Tribunal Constitucional ya ha comenzado a trabajar tras la incorporación de sus cuatro nuevos miembros y no quiere hacerlo de forma precipitada. Fuentes del órgano informan a El Confidencial de que se prepara una estrategia para tratar de pacificar los plenos, potenciar el intercambio de criterios y buscar la unanimidad sobre todo en aquellas cuestiones especialmente polémicas. La idea es la de esquivar las votaciones por bloques que, en los últimos tiempos, han partido el TC por la mitad y en las que se ha sacado adelante asuntos de enorme relevancia con un respaldo relativo y gran oposición.

El ejemplo más claro es el de la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma. En el primero de ellos se produjo un empate técnico de cinco magistrados contra otros cinco y fue la exvicepresidenta Encarnación Roca la que inclinó la balanza. En el segundo, la división fue menor, pero cuatro de los diez magistrados que participaron en las deliberaciones votaron en contra. Lo mismo sucedió con la decisión sobre la inconstitucionalidad del 'cierre' del Congreso por el covid, que salió adelante con los mismos números.

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Por ello, el nuevo presidente, Pedro González Trevijano, ha propuesto a sus compañeros renunciar al actual sistema en el que el ponente al que corresponda un recurso lo presenta a votación sin análisis previo. Quiere que las decisiones se consensúen de forma previa antes de llevarlas a votación, huyendo así de reducirlas a un simple recuento de apoyos o rechazos.

Esta iniciativa no es la única en la que se aprecia que en la nueva andadura predominarán los pies de plomo contra el frentismo. El TC ha fijado un primer pleno para el próximo mes de diciembre y quiere que sirva de transición. Esta reunión que se celebrará el día 15 se prevé como un "aterrizaje" tanto para Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán, Enrique Arnaldo y Ramón Sáez como para el nuevo presidente y vicepresidente que fueron designados hace solo unos días. La intención es la de evitar asuntos conflictivos, polémicos o mediáticos para favorecer la adaptación y el inicio del rodaje.

El pleno servirá de prólogo a la actividad de 2022 que se concentrará en seis meses hasta que, antes del verano, vuelva a cambiar de nuevo la composición del TC al igual que su presidente y vicepresidente al ejecutarse la designación de cuatro magistrados del turno correspondiente al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Durante el próximo año, el tribunal tendrá que abordar la revisión de distintas leyes aprobadas por el Ejecutivo.

En el primer lugar de la parrilla de salida de las deliberaciones se encuentra el recurso presentado por el PP contra la ley Celaá

Será el nuevo presidente el que defina el calendario y los temas a tratar en los siguientes plenos. Según indican fuentes del tribunal de garantías, ya trabaja para evitar la confrontación por bloques que ha presidido la última etapa del antiguo TC. La idea es la de fomentar el intercambio entre los magistrados antes de las votaciones de las ponencias con la intención de consensuar un apoyo mayoritario a cada propuesta más allá del cierre de filas de conservadores y progresistas.

En el primer lugar de la parrilla de salida de las deliberaciones con trasfondo político se encuentra el recurso presentado por el PP contra la ley Celaá, en el que los magistrados ya han realizado una primera aproximación previa a la deliberación con base en la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez. Esta considera inconstitucional parte del articulado. En concreto, duda de la limitación de financiación para aquellos centros que segregan por sexo.

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Otra de las normas pendiente de decisión es la Ley de la Eutanasia. El pasado septiembre, el TC admitió a trámite el recurso presentado por el PP y el magistrado Cándido Conde-Pumpido asumió la ponencia. Los populares alegan que la norma vulnera varios preceptos de la Constitución, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona. Esta formación también ha recurrido la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial.

En la carpeta de pendientes se encuentra también el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la convalidación del decreto de los fondos europeos "sin el informe perceptivo del Consejo de Estado" y el presentado contra el decreto por el que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avala las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017 y que ascienden a 5,4 millones de euros.

El aborto

También queda en el tintero la Ley del Aborto. Tras una dilación de más de 10 años, la ponencia ha cambiado de manos para recaer en las del nuevo magistrado del TC Enrique Arnaldo. La cuestión se arrastra desde junio de 2010 cuando, con Mariano Rajoy en la presidencia, medio centenar de diputados de la formación impugnaron la norma que permite la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas. Los populares reclamaban causas objetivas o situaciones de conflicto para llevarlo a cabo.

Por su parte, Vox ya ha anunciado recursos contra leyes que aún no han acabado su tramitación. Los de Santiago Abascal lo han hecho con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha soliviantado a las Fuerzas de Seguridad de Estado tras la presentación de enmiendas por las que, en caso de aprobarse, no será necesario avisar de las manifestaciones, se limitarán los materiales de uso de los antidisturbios y se reducirá el tiempo para efectuar identificaciones eliminando, también, la prohibición de grabar a los agentes.

Vox ya ha anunciado recursos contra leyes que aún no han acabado su tramitación: la Ley de Seguridad Ciudadana y la de Memoria Histórica

También ha anticipado recurso contra la Ley de Memoria Histórica porque aprecia vulneración de la obligación constitucional de conservar el patrimonio cultural y considera que ataca derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y la libertad ideológica.