Batet comunica a Alberto Rodríguez que pierde su escaño en el Congreso
  1. España
Tras el oficio de Marchena

Batet comunica a Alberto Rodríguez que pierde su escaño en el Congreso

La presidenta del Congreso también ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General de la cámara

Foto: Alberto Rodríguez. (EFE)
Alberto Rodríguez. (EFE)

Fin al conflicto entre el poder legislativo y el judicial. La presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado este viernes por la tarde al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.

La retirada del escaño a Rodríguez llega después de que el juez Manuel Marchena advirtiera a Batet que su inhabilitación es "obligada". El presidente de la Sala Segunda del Supremo descartaba, de esta forma, cualquier interpretación alternativa y confirmaba la condena impuesta al diputado de Unidas Podemos por dar una patada a un policía en 2014.

Foto: Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos. (EFE)

Por mucho que la Mesa de la Cámara Baja, con la posición favorable de PSOE y Unidas Podemos, concluyera el pasado martes que Rodríguez podía mantener su escaño, el alto tribunal insistió este mismo viernes en la inhabilitación. A Batet no le ha quedado más remedio que proceder a señalar el camino de salida al diputado canario. La postura de la presidenta del Congreso había ya quedado clara tanto ante su partido como ante Unidas Podemos. Avisó de que, de forma unipersonal, comunicaría al alto tribunal el inicio del cumplimiento de la condena que acabado por despojar al del partido morado de su condición de diputado.

En la reunión extraordinaria de la Mesa del Congreso de este jueves Batet ya había abierto la vía para despojarle del escaño. La presidenta se desmarcó de sus compañeros del PSOE y no se posicionó. Acabada la reunión, reclamó media hora para tomar una decisión, que llegó en forma de comunicado; el resto de miembros del órgano se enteraron por los medios de comunicación. "En la reunión de hoy, la Mesa, por mayoría de cinco a tres, ha acordado solicitar al Tribunal Supremo aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de don Alberto Rodríguez, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena". No ha hecho falta ninguna aclaración.

Foto: El diputado de Podemos Alberto Rodríguez. (EFE)

Asimismo, Batet ha dado traslado de la expulsión de Alberto Rodríguez a la Junta Electoral Central, a los efectos de sustitución del parlamentario morado, y a la Secretaría General del Congreso. También ha remitido oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones. La presidenta se ha puesto en contacto personalmente con el diputado para trasladarle la notificación del Tribunal Supremo, informan fuentes de la Presidencia del Congreso.

Con esta decisión se pone fin al último de los episodios de enfrentamiento institucional. A lo largo de dos semanas, los oficios y escritos han viajado desde la Plaza de las Salesas hasta la Carrera de San Jerónimo y de vuelta. El pasado 6 de octubre, el tribunal notificó la sentencia con la que condenaba al diputado de Unidas Podemos a 45 días de prisión por atentado a la autoridad con la accesoria de inhabilitación para ser elegido cargo público, pero desde su partido pusieron en duda que tuviera que abandonar el escaño desde el primer momento. Según argumentaban, la pena de cárcel se había sustituido por una multa de 540 euros, situación ante la que consideraban que la pérdida del escaño también quedaba en papel mojado.

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)

Para confirmar esta tesis, la defensa de Rodríguez pidió entonces al tribunal que aclarara la sentencia y rectificara lo que definía como errores materiales en dos aspectos de la misma: la inhabilitación y la responsabilidad civil por el delito leve de lesiones. Lejos de atender su solicitud, el Supremo respondió tajante el pasado día 15: no procedía rectificación en relación con la pena impuesta porque la sentencia explicaba “con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria”. La pelota quedaba así sobre el tejado del Congreso y, cuatro días después, la Mesa avaló que el diputado continuara ejerciendo sus responsabilidades .

La decisión, sacada adelante con los votos del PSOE y Unidas Podemos, se adoptó con base en un informe de los letrados del Congreso que seguía la misma línea que la defensa de Rodríguez: "No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez, no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la LOREG, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportarían bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado, bien la pérdida de la condición".

Foto: Alberto Rodríguez (Podemos) durante su juicio en el Tribunal Supremo. (EFE)

Pero con esta conclusión sobre la mesa, el Supremo preguntó a Batet por Rodríguez el miércoles. En concreto, le pidió que remitiera al tribunal el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta "con la finalidad de realizar la liquidación de su condena".

A la vista de esta consulta, Batet terminó por ceder este jueves y, por tres votos a cinco, la Mesa pidió una nueva aclaración al tribunal. Marchena responde a la misma a través del oficio notificado esta mañana y, una vez más, insiste en lo ya dicho a la defensa del propio Rodríguez: "Descartábamos, por tanto, cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pues esta pena accesoria es obligada a la vista de lo dispuesto en el artículo 56.1.2 del Código Penal. Así lo exige este precepto cuando se imponga una pena privativa de libertad como ha sucedido en el presente caso", advertía en el mismo.

Tribunal Supremo Junta Electoral Central
El redactor recomienda