El Congreso desafía al Supremo al mantener a Alberto Rodríguez en su escaño
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Condenado a pena de prisión

El Congreso desafía al Supremo al mantener a Alberto Rodríguez en su escaño

La Mesa del Congreso autoriza que el diputado de Podemos continúe en su cargo después de que los letrados de la Cámara concluyeran que no existe causa de incompatibilidad

Foto: Alberto Rodríguez, diputado de UP. (EFE)
Alberto Rodríguez, diputado de UP. (EFE)

Alberto Rodríguez mantendrá finalmente, y al menos por el momento, su escaño en el Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, con la posición favorable de PSOE y Unidas Podemos, ha desafiado al Tribunal Supremo y este martes en su reunión ha avalado que el diputado morado continúe ejerciendo sus responsabilidades en el hemiciclo, según informan fuentes parlamentarias. La decisión del grupo parlamentario socialista se apoya en un informe de los letrados en el que consideran que no "concurre causa de incompatibilidad sobrevenida" para que pierda la condición de parlamentario. La oposición lo considera "una cacicada".

El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014. El alto tribunal le aplicó también la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la de cárcel por una multa de 540 euros. Ante esta sentencia, la Mesa del Congreso debatió si el diputado canario podía retener su acta de diputado o tendría que abandonarla.

La Mesa recibió entonces una informe a los letrados del Congreso que, como órgano independiente, consideraron que Rodríguez podría retener su escaño. Y eso es lo que ha avalado el órgano de gobierno de la cámara con la posición favorable de PSOE y Unidas Podemos (seis representantes) y la negativa de PP y Vox (tres).

PSOE y UP han rechazado, por tanto, retirarle el escaño con dicho informe en la mano. En el documento de los letrados se puede leer que "la voluntad del juzgador parece ser también la de minimizar el alcance del reproche, puesto que, previendo el artículo 71.2 del Código Penal que la sustitución se pueda hacer por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente —esta última, pena privativa de libertad de acuerdo con el artículo 35 del Código Penal—, el Tribunal, al fijar la pena sustituta, ha decidido optar por la pena de multa".

Foto: El diputado de Podemos Alberto Rodríguez. (EFE)

"En definitiva, pudiendo haber impuesto una pena privativa de libertad, que hubiera sido, ahora sí, determinante de la causa de inelegibilidad contemplada en el artículo 6.2 a) de la LOREG, el Tribunal no lo hizo", estimaron los letrados.

"No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez, no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la LOREG, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportarían bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado, bien la pérdida de la condición", concluye el informe que no era concluyente.

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)

El informe, denuncian PP y Vox, no está firmado por ningún letrado. "Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021", se puede leer al final del documento. La oposición tampoco conoce quién solicitó el documento jurúdico, si fue el PSOE y fue Unidas Podemos. Y eso es lo que han denunciado este martes una vez conocida la decisión. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha respodido que los informes de los letrados "nunca van firmados" y que "actúan siempre de oficio". "El Congreso ha cumplido la ley", ha concluido.

Los populares afirman que van a poner en conocimiento del Tribunal Supremo, de manera formal, la ejecución de la sentencia y, a su vez, van a solicitar a la Fiscalía General del Estado que solicite un incidente de aclaración de la misma. Desde Vox, por su parte, califican de "cacicada contra del estado de derecho y la separación de poderes" la decisión de la Mesa del Congreso y anuncian que van a solicitar "la intervención del Supremo".

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