Batet cede y se inclina por retirar el escaño a Alberto Rodríguez en contra de los letrados

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha mostrado partidaria de dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo que recibió este miércoles y, por tanto, comunicar al juez Manuel Marchena la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de Alberto Rodríguez. Esta decisión supone abrir la vía para la retirada de escaño al diputado canario, según informan fuentes parlamentarias. No ha sido, sin embargo, una decisión sencilla, ya que la mayoría de la Mesa de la cámara baja se ha mostrado contraria a aceptar la decisión de la presidenta. El embrollo jurídico es importante.

"En la reunión de hoy, la Mesa, por mayoría de cinco a tres, ha acordado solicitar al Tribunal Supremo aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de don Alberto Rodriguez, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena", explican fuentes de la Presidencia del Congreso. Es decir, añaden, "primero se pedirá la aclaración". Pero Batet se posiciona a favor de comunicar al Supremo dicho inicio de cumplimiento de la pena.

TE PUEDE INTERESAR

Pulso entre Marchena y Batet: el TS pregunta por la inhabilitación fantasma de Rodríguez

Beatriz Parera

La convocatoria extraordinaria de la Mesa de la cámara baja para decidir el futuro del parlamentario de Unidas Podemos ha sido bronca, según explican varios de los miembros presentes en la misma. Ha durado casi dos horas y media. La amplia mayoría, en efecto, se ha inclinado por solicitar al juez Marchena el citado informe la aclaración de la pena. Así han votado los miembros del PSOE y de Unidas Podemos, excepto, como decimos, la presidenta Batet.

Han votado a favor de solicitar la aclaración de la sentencia los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Sofía Hernanz. Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, lo han hecho por parte de Unidas Podemos. Los representantes del PP, Ana Pastor y Adolfo Suárez, y de Vox, Ignacio Gil Lázaro, han votado en contra. Batet, por tanto, no ha participado en esa votación.

TE PUEDE INTERESAR

Indignación en el Supremo por el 'desacato' del Congreso: "Reinterpretan la sentencia"

Beatriz Parera

Lo que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, pidió a la presidenta del Congreso de los Diputados es un informe en el que figure la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta. Lo reclamaba "con la finalidad de realizar la liquidación de su condena" al diputado canario de Unidas Podemos. Batet ha expuesto internamente que, como la solicitud se dirigía a ella, tenía que responder directamente.

La Sala de lo Penal condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros. Aunque la inhabilitación fijada en la resolución no es total, abundante jurisprudencia tanto de la Junta Electoral como del propio Supremo indica que la prohibición de ser elegido que supone la pena debe provocar la pérdida del escaño por inelegibilidad sobrevenida.

La solicitud de la cámara es cuando menos sorprendente, ya que el Congreso, la Mesa, no es parte en el procedimiento y, por tanto, no puede pedir aclaración ninguna. Además se da el caso de que el propio Rodríguez ya solicitó hace días una aclaración referente a la sustitución de la pena de prisión por multa y al mantenimiento de la responsabilidad civil y la Sala de lo Penal desestimó su recurso confirmando así que no existían los errores materiales que veía el condenado.

La primera reunión de la Mesa ya fue bronca

La reunión de la Mesa del pasado martes ya fue tensa. PP y Vox aportaron escritos jurídicos en los que exponían que Rodríguez no podía seguir siendo diputado. También Unidas Podemos, pero en sentido contrario. La presidenta Batet mostró su malestar afirmando que le parecía “insólito” e “inaudito” que se presentaran estos documentos sobre cómo hay que interpretar una sentencia. Los rechazó.

Con los votos de PSOE, incluida Batet, y de Unidas Podemos se decidió entonces mantener a Rodríguez en su escaño, provocando el desconcierto y malestar del alto tribunal, que consideró que el movimiento supone una reinterpretación intolerable de la sentencia. Los letrados de la cámara, en cuyo informe se basa la decisión mayoritaria (PP y Vox se opusieron), se apoyan en que la pena de cárcel se sustituyó por dicha multa de 540 euros y que, por ello, la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido reemplazada desde su origen por una sanción económica. Horas más tarde llegó oficio de Marchena dirigido a Batet.