Batet se enfrenta a sus compañeros del PSOE por el escaño de Alberto Rodríguez

El escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha abierto un enfrentamiento de profundo calado en la Mesa del Congreso de los Diputados, en primer lugar, y entre el poder legislativo y el Tribunal Supremo, en segundo término. La presidenta del Congreso tiene ante sí una de las decisiones más importantes de su mandato: ejecutar el auto del TS y, por tanto, comunicar al juez Manuel Marchena la fecha del inicio de cumplimiento de la pena del parlamentario, o "dilatar la decisión", como afirma el Partido Popular. La reunión extraordinaria del órgano de gobierno de la Cámara Baja de este jueves giró en torno a este asunto, que enfrenta a los partidos del Gobierno de coalición y a la oposición.

Fueron dos horas y media de reunión a puerta cerrada. "Tensión" y "un debate muy educado, pero tenso" son los términos que emplean algunos de los presentes para definir lo ocurrido. Sobre la mesa, el oficio de Marchena en el que pedía directamente a Batet esa fecha "con la finalidad de liquidación de su condena" al diputado canario de Unidas Podemos. Sobre Rodríguez pesa una pena de inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo como autor de un delito de atentado a la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El epicentro del debate giró en torno a si solicitar, o no, una aclaración al Tribunal Supremo sobre la sentencia. Los miembros del PSOE en la Mesa del Congreso lo vieron claro y en este sentido se posicionaron dos de sus tres integrantes: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Sofía Hernanz. A su lado estuvieron los representantes de Unidas Podemos, Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna. Los cinco expresaron su posición a favor de que el juez Marchena aclarara su auto, porque tenían "dudas" de interpretación. Esgrimieron para ello el informe de los letrados del Congreso, en el que concluían que, como la pena de cárcel para Rodríguez había sido sustituida por una multa de 540 euros, el diputado morado podría mantener su escaño. En el lado contrario se posicionaron los representantes del PP, Ana Pastor y Adolfo Suárez, y de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Batet, cuentan las fuentes consultadas, llegó en un momento de la reunión a tomar partido y a asegurar que, pese a que el pasado martes, en la reunión de la Mesa, no se había posicionado, esta vez sí iba a dar su opinión. La presidenta del Congreso expuso que el auto del Tribunal Supremo sí podría "acarrear" la pérdida de la condición de diputado de Alberto Rodríguez. Los representantes socialistas no entendieron esa posición y así lo manifestaron. Los de Unidas Podemos, tampoco. En público, llegaron incluso a hablar de "presiones" a la tercera autoridad del Estado.

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Batet hizo ver que el oficio de Marchena va dirigido directamente a ella. Así es, el juez reclama a la presidenta del Congreso concretar el citado inicio de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de Rodríguez. No se dirige en ningún momento a la Mesa.

En los más de 200 minutos que estuvieron encerrados los miembros de la Mesa del Congreso —sin comer, por cierto—, se llegó a estudiar, y Batet lo vio con buenos ojos, que todo el órgano reclamara al Supremo una aclaración, incluidos PP y Vox, que eran contrarios a hacerlo desde el principio, para, a continuación, tomar una decisión.

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Finalmente, Meritxell Batet se desmarcó de sus compañeros del PSOE y no se posicionó. Acabada la reunión, reclamó media hora para tomar una decisión. Llegó en forma de comunicado; el resto de miembros del órgano se enteraron por los medios de comunicación. "En la reunión de hoy, la Mesa, por mayoría de cinco a tres, ha acordado solicitar al Tribunal Supremo aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de don Alberto Rodríguez, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena". Es decir, añade la Presidencia de la Cámara Baja, "primero se pedirá la aclaración". Batet, por tanto, se posiciona a favor de comunicar al Supremo dicho inicio de cumplimiento de la pena.

¿Perderá Rodríguez su escaño?

El Congreso gana ahora tiempo con la solicitud de aclaración acordada por la Mesa. Una vez que el Supremo reciba la aclaración acordada, tendrá tres días hábiles para responder. Fuentes jurídicas señalan, sin embargo, que la aclaración reclamada no puede responderse en los términos que desea la Mesa porque el Congreso no es parte en el procedimiento. De hecho, el Supremo ya se pronunció sobre un recurso de Rodríguez posterior a la sentencia y rechazó las concreciones que este reivindicaba.

Desde Unidas Podemos, partido al que pertenece Rodríguez, denuncian que el auto de Marchena hace referencia a la "inhabilitación para sufragio pasivo", pero "nunca para perder la condición de diputado". “La interpretación del PP y Vox no es clara”, añaden. “Nos ha sorprendido la intervención de la presidenta del Congreso, que el martes se posicionó con los letrados”, denuncian. El propio condenado ha criticado duramente la situación aprovechando el contexto del día de la Bandera Nacional Canaria. "Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe", ha asegurado el dirigente morado.

El PP, por su parte, considera que “Batet tiene obligación de cumplir con todas las sentencias” y en ese sentido se han posicionado Pastor y Suárez. “Que no pretenda dilatar más esta situación”, reclaman los populares porque, si no da cumplimiento al auto, “se estaría incumpliendo una sentencia judicial”. “Todos tenemos que ser conscientes de lo que significa”, concluyen.