Diputados del PP en Cataluña demandan al Gobierno por los indultos del 'procés'

El Partido Popular ha blindado frente al Supremo su acción contra los indultos de los líderes independentistas del 'procés'. Coincidiendo con el rechazo por parte de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal de su recurso sobre el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, parlamentarios de la formación en Cataluña han presentado ante la misma instancia una demanda en la que se declaran perjudicados directos por la medida de gracia que concedió el Ejecutivo a Oriol Junqueras y al resto de condenados por los hechos acaecidos en octubre de 2017. Aseguran que fueron sometidos a vulneraciones de sus derechos fundamentales por ser diputados del PP en el Parlamento de Cataluña.

Alejandro Fernández, Andrea Levy, Santi Rodríguez, Lorena Roldán y Juan Milián se han dirigido a la sala para reivindicar su legitimación activa en el asunto debido a su condición de diputados en el Parlament en el momento de la comisión de los hechos delictivos. La demanda, a la que ha tenido acceso El Confidencial, destaca cómo afectó al partido y a sus integrantes "la violencia ambiental buscada de propósito y utilizada como un elemento de la acción criminal".

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Según relata el escrito, lo sucedido tuvo "un impacto de forma directa en su esfera vital de intereses". La violencia a la que se refieren actuó de "mecanismo de presión en favor de los fines perseguidos por la trama" y tomó la forma de una serie de ataques personales a cargos públicos, afiliados y simpatizantes del Partido Popular, y en determinados casos incluso a sus bienes. Enumera en este punto las pintadas en sedes de todo el territorio, escraches, insultos, intimidaciones y amenazas.

Más allá de la esfera personal, el episodio de 2017 también violó, según la demanda, sus derechos como diputados, ya que los acuerdos que fue adoptando el Parlament "suprimieron trámites esenciales del procedimiento legislativo y afectaron a su derecho de ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes". Frente a todos estos actos que vulneraron los derechos parlamentarios de los representantes del Partido Popular en la tramitación de las 'leyes de desconexión' y del resto de acuerdos inconstitucionales se interpusieron, en su día, solicitudes de reconsideración que fueron también desoídas.

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En opinión de los demandantes, el partido al completo debe considerarse perjudicado por la decisión gubernamental. Existe, destacan, un "innegable interés legítimo del Partido Popular, desde un punto de vista político". Aquellos que participaban de su misma actividad, tanto a nivel parlamentario como gubernamental, "se valieron de la misma para pretender subvertir el orden constitucional". "Si el indulto se concede por motivos de orden público que se resumen en restaurar la convivencia democrática en Cataluña, es innegable que el partido es parte indisociable de la configuración de esa convivencia, eso sí, sobre la base de la ley y no de actos de imperio y por ende arbitrarios", indica.

Falta de arrepentimiento

La demanda también destaca la absoluta falta de arrepentimiento de los indultados y su posición ambigua frente a la gracia en la que se dio, dice, "una total y absoluta ausencia de manifestación alguna de la voluntad del indultado de que se lleve a cabo la tramitación del expediente y se resuelva el mismo, lo cual se desprende indudablemente de la ausencia de alegaciones". Pone de manifiesto la postura del tribunal del 'procés' y de la Fiscalía, que se opusieron a su concesión.

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"Podemos afirmar que el perjuicio dimana con total claridad de dicho ejercicio de gracia a través de las siguientes afectaciones a la esfera de intereses de mis mandantes en cuanto al mismo no le es irrelevante, sino que le causa un claro perjuicio, el que el autor del delito del que es afectado y víctima no cumpla íntegramente la pena impuesta, y tanto más donde el mismo no ha mostrado el más mínimo gesto de arrepentimiento", destaca el escrito.

Por todo ello, los diputados populares reclaman la anulación de la medida de gracia y piden a la sala que recopile datos sobre el número de indultos que han sido concedidos en el pasado en casos de delitos contra el orden público, la seguridad del Estado o la Constitución y atendiendo a la causa de utilidad pública de "convivencia democrática". Reclaman además que quede constancia de los ataques personales sufridos entre los meses de septiembre de 2017 y mayo de 2018 por miembros del Partido Popular a través de la recopilación de las denuncias presentadas con el fin de acreditar el alcance de los hechos que prueban "la intimidación, acoso y persecución al PP y a sus cargos públicos, militantes o seguidores, y sus bienes".

Las dudas

La demanda viene a tratar de solventar las dudas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la legitimación del PP para recurrir la medida de gracia. Gran parte de los magistrados consideraban que los populares no son parte interesada en aplicación de la ley contencioso-administrativa y que, por ello, no estarían en posición de contestar por la vía judicial la medida.

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La posibilidad de control de la sala sobre los indultos, que son una prerrogativa discrecional del Gobierno, es limitada y se basa en aspectos formales, pero no materiales. Por ello, para poder recurrir, se debe considerar a quien impugne la decisión como "parte interesada". El PP como partido no lo es, opinaban numerosos magistrados, porque su único interés es el que pueda tener cualquiera en el cumplimiento de la legalidad. En contencioso, están legitimados "los titulares de un derecho o de un interés legítimo".

Según concreta la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, estos son quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos, o cuyos intereses legítimos, sean individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución. Cuando se habla de afectados, lo son por motivos materiales y no abstractos.